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Reforma para la justicia


2020-01-31

Por Morelos Canseco Gómez | Revista Siempre

En la esencia de la aspiración democrática de ejercer el poder público se anida el conjunto de propuestas sobre lo que se desea hacer. ¿Para qué se quiere la responsabilidad pública? Más allá de la propaganda, es el tema con el cual serán apreciadas las acciones y, sobre todo, valorados los resultados. El gobierno en turno impulsa el concepto de una transformación y la ordena en la secuencia de grandes tramos de la vida nacional para vincularse a la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Sus bases y líneas son materia de amplia difusión a partir de tres ejes: el combate a la corrupción en la gestión pública, los derechos sociales de la mayoría de la población y el impulso a la igualdad, y la reversión de las condiciones de inseguridad y violencia derivadas de la delincuencia organizada y de todo tipo. En esos campos de acción, con independencia del debate en el mundo de las ideas sobre cómo debería actuarse, aparece un hilo conductor: la debilidad de las instituciones del Estado. En primera instancia para recorrer el camino que permite entender cómo llegamos al lugar donde nos encontramos, y en segundo término para la formulación de planteamientos de realización viable que requieren diagnósticos realistas, acuerdos sociales amplios y procesos de planeación, ejecución y evaluación a lo largo de un período de tiempo razonable.

Para los tres ejes señalados es relevante el tema de la justicia y las instituciones a las cuales se les han confiado propiciarla, procurarla e impartirla. Si la razón de ser del Estado constitucional es el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos inherentes a toda persona por el solo hecho de serlo, uno de los valores fundamentales para sostener racionalmente la legitimidad del ejercicio del poder público es la justicia. Así, cualquier violación a la esfera de derechos implica una injusticia y las acciones para prevenirla, repararla y sancionarla una de las tareas primordiales del Estado a través de sus instituciones.

Ante esa responsabilidad, una percepción ampliamente extendida en nuestra sociedad es la enorme dificultad para acceder a la justicia, y que en los hechos suele confirmarse. Así, las vías establecidas para que los otros derechos de las personas se reclamen y reparen cuando sean vulnerados, son apreciadas –no sin fundamento– con insuficiencias, deficiencias y falencias.

La cuestión es prioritaria y el cambio de gobierno trajo consigo el ánimo reformador de normas, procedimientos e instituciones que sólo pueden evolucionar y modificarse sin dejar –al mismo tiempo– de cumplir sus funciones. En ese marco, con el consenso del Senado, el Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República (FGR) y la convocatoria organismos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad con conocimiento e interés en el tema, el 21 de octubre de 2019 se dio pase formal a la elaboración de la propuesta –marcadamente de reformas al orden jurídico– para atender la inconformidad con el acceso a la justicia, tanto con relación a las vías para hacerlo y las instituciones responsables, como en lo relativo a los resultados efectivos.

En ese acto se planteó que para el mes en curso habría avances suficientes para presentar las propuestas a la sociedad y propiciar su discusión pública y su debate en los órganos legislativos. Hace unos días se anunció que el 15 de enero en curso se presentarían en el Senado los proyectos de modificaciones e incluso circularon textos que informalmente se atribuyeron al ámbito del Ejecutivo y de la Fiscalía General, al grado de que la tarde anterior el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que “el paquete legislativo sobre procuración de justicia que se presentará mañana al @senadomexicano será conocido hasta ese momento; por ahora lo que se exprese es mera especulación. Actuaremos con responsabilidad y apertura, sin regresión, ni afectación a derechos fundamentales”.

Valen algunas observaciones: no se esperaban proyectos en todos los ámbitos del espectro relacionado con la justicia, sino con la función de procurarla que corresponde a las fiscalías; en el acto del Senado estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico y el titular de la FGR, haciéndose notar las ausencias del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del Poder Judicial de la Federación y de la representación de las entidades federativas en cualquiera de sus poderes públicos; las participaciones del consejero y del fiscal guardan relación con las materias del paquete de proyectos “filtrados”: Ley General de Justicia Cívica, Código Penal Nacional, nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas y nueva Ley de Justicia para Adolescentes Infractores, algunos de los cuales requerirían de modificaciones constitucionales para su viabilidad.

Lo cierto es que se anunciaron y no se presentaron. Ello permite elucubrar sobre la causa: ¿falta de consenso al interior de los proponentes?, ¿proceso de elaboración todavía en marcha?, ¿ausencia de versiones concluidas para otros componentes del sistema, como lo relativo al Poder Judicial de la Federación o a las funciones de prevención del delito y de reacción ante la delincuencia de la dependencia cargo de la seguridad pública? Lo cierto es que se pospuso la presentación de lo relativo a la procuración de justicia y se esperan los planteamientos de la reforma judicial.

Si bien los proyectos que trascendieron han merecido comentarios por entrar en contradicción con principios y normas constitucionales que han ampliado los derechos de las personas (extensión del arraigo a todo delito, eliminación de los jueces de control, admisión de evidencia obtenida ilícitamente, intervención de comunicaciones privadas en asuntos electorales y fiscales y creación de órganos para exigir responsabilidad a las instancias judiciales con competencia penal federal bajo el control del Senado), en realidad no hay propuestas con autor responsable. Las advertencias críticas son bienvenidas. Nos previenen.

No obstante, reservemos el análisis particular para cuando se presenten. Tampoco especulemos sobre si fue un globo de sonda o un amago para qué, cuando finalmente se presenten, las propuestas se aprecien menos graves y se remonten reticencias y oposiciones.

Por ahora cabe retener lo expuesto por el consejero Julio Scherer en el Senado: “Los problemas del mundo, sus dudas e inconsistencias siguen siendo los mismos a través de los siglos. De la Grecia clásica, vuelvo la mirada a la realidad nacional. Así vemos a México, como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”.

Se reconoce el rezago y la falta de resultados que anuncian el riesgo del fracaso. Estamos en un trayecto varias veces recorrido: cambiar la ley sin reformar las instituciones o, al menos, si la perseverancia en la actuación para cambiarlas y con la ilusión de que la debilidad de lustros se modificará con atajos para remover obstáculos a una actuación “más libre” del órgano que investiga y acusa.

Valdría la pena enmarcar la reforma en la construcción de instituciones fuertes en toda la cadena del acceso a la justicia más elemental: prevención, protección, investigación, enjuiciamiento y sanción, así como en la articulación de una propuesta –necesariamente de amplio acuerdo con las fuerzas políticas y las organizaciones sociales– con fases de corto, mediano y largo plazo evaluables con asignaciones presupuestales adecuadas. Visión integral, consensos, programa evaluable y recursos.

Los niveles de inseguridad y la impunidad que impide concretar la justicia para quien la demanda en que nos encontramos, requiere instituciones de seguridad pública –lato sensu– e impartición de justicia sólidas, robustas y fuertes.

Con instituciones débiles y ejecutivos débiles avanzó la delincuencia de todo orden y, sobre todo, la más peligrosa. Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Ya estuvimos ahí. Con instituciones débiles y ejecutivo fuerte el riesgo mayor es el autoritarismo. El reto de la reforma es fortalecer las instituciones y sus procesos: respeto a los derechos de las personas y su carácter progresivo; práctica del federalismo y corresponsabilidad con las entidades federativas, y compromiso plural supra partidista evaluable sobre objetivos, metas y logros.


 



regina


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