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Venezuela solo tiene un camino: convocar elecciones presidenciales libres y justas


2020-02-18

Por Isadora Zubillaga, The New York Times

Los ciudadanos venezolanos sufren, mueren y abandonan el país en un promedio de 5000 personas por día. La crisis ha reverberado más allá de nuestras fronteras. Cada vez se hace más evidente que la estabilidad del hemisferio depende de lo que los venezolanos y sus aliados globales estén dispuestos a hacer para lograr avances.

La celebración de elecciones presidenciales libres y justas será un paso vital para restaurar las libertades ciudadanas y el Estado de derecho y volver a gozar de prosperidad y estabilidad. Sobre todo, las elecciones presidenciales garantizarán que no se pierda una generación más en manos del régimen corrupto e ilegítimo de Nicolás Maduro. Este fue el mensaje que dio Juan Guaidó —a quien Estados Unidos y varias decenas de países reconocen como presidente encargado de Venezuela—, a jefes de Estado y dignatarios extranjeros en el transcurso de estas últimas semanas, tras desafiar con valentía una prohibición de viajar impuesta por Maduro sin fundamento legal.

En mi carácter de subcomisionada presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino, tuve el privilegio de acompañar al presidente Guaidó durante sus reuniones por Europa y América del Norte. Nuestro objetivo fue transmitir la escala de los horrores que ha infligido Maduro a la inocente población venezolana y urgir a nuestros aliados a que se unan para respaldar una estrategia global coordinada.

En cada reunión, Guaidó comunicó con tono de urgencia a sus homólogos que la escala de esta crisis crece de manera exponencial cada día que pasa. La hiperinflación no ha parado. Más del 80 por ciento de la población no tiene acceso a alimentos básicos y medicamentos y el sistema de salud del país se ha desmoronado. Por lo menos cuatro millones de venezolanos han salido del país hasta ahora, y se espera que todavía lo hagan otros millones más.

El mundo comienza a percatarse de que Maduro encabeza una organización delictiva implicada en crímenes de lesa humanidad y que opera un Estado paralelo basado en una lógica criminal desestabilizante para la región. Ha evadido sanciones y explotado vacíos en la legislación financiera gracias al respaldo y apoyo financiero de Rusia, China, Turquía y Cuba. Emplea oro (extraído en condiciones ilegales y criminales para canalizar dinero al régimen de Maduro) para destruir la selva venezolana, deforestar miles de acres de reservas naturales, envenenar nuestros ríos con mercurio, desarraigar y amenazar a comunidades indígenas y traficar con grupos terroristas irregulares.

Nuestros vecinos también tienen problemas para lidiar con el mayor éxodo migratorio en la historia del hemisferio. El apoyo de Maduro a los grupos de guerrillas colombianas, incluida la disidencia de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, además de grupos terroristas internacionales como Hezbolá y escuadrones paramilitares de la muerte, ha provocado que escalen la violencia y la inestabilidad, no solo en Venezuela, sino en toda la región.

Aunque varios países han reaccionado con alarma ante estas condiciones desastrosas, las estrategias para acotar la crisis, desde sanciones y ayuda humanitaria hasta mediación, han tenido resultados diversos. Si bien todos estos enfoques son importantes, el problema es que, en general, se han aplicado de forma aislada e, incluso, de manera muy desigual.

Por lo tanto, es fundamental que las próximas medidas a seguir sincronicen los enfoques regionales con los de la coalición de alrededor de sesenta países que reconocen la labor de Guaidó en defensa de la democracia y la libertad de Venezuela.

Las acciones encabezadas por la comunidad internacional, con el apoyo del Grupo de Lima, los dirigentes de Estados Unidos y el apoyo de Europa, deben coordinarse en una iniciativa global que coadyuve a garantizar las condiciones necesarias para realizar elecciones en algunos meses. Los venezolanos tenemos derecho a decidir nuestro propio futuro.

Esta iniciativa global debe construirse a partir de incentivos y presiones multilaterales estratégicas. Algunos países, empezando por Estados Unidos y Canadá, ya han impuesto sanciones severas en contra de Maduro y sus aliados por violaciones de los derechos humanos en Venezuela; los demás países deben alinearse con esas sanciones y acabar con los vacíos en la legislación financiera, en particular en Europa, donde han permitido que sus facilitadores laven ilícitamente millones.

Al interior de Venezuela, debemos garantizar que todos los partidos tengan la libertad de participar en las elecciones sin temores ni obstáculos. Conforme al mandato constitucional, la Asamblea Nacional debe contar con condiciones para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente, así como constituir de nuevo un Tribunal Supremo independiente. Así mismo, debe garantizarse que observadores electorales independientes, tanto nacionales como internacionales, tengan acceso al proceso sin restricciones.

Si queremos lograr avances significativos hacia una solución real, ahora es tiempo de exigir un proceso electoral conveniente, justo y libre. No podemos seguir permitiendo que el régimen de Maduro dicte nuestro futuro. Debemos dejarle muy claro a Maduro y sus secuaces que el statu quo, tal como lo conoce, se ha terminado.

Isadora Zubillaga es subcomisionada presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela y representante especial en Francia.



Jamileth


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