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Del sistema de puntos a la ‘green card’: ¿Cómo gestionan los países la inmigración?

2020-02-20

El País

El modelo de inmigración propuesto por el Reino Unido se aproxima mucho al modelo implantado en Australia hace ya 75 años. Solo que entonces las autoridades buscaban atraer inmigrantes, especialmente británicos, para aumentar la población y ahora la política migratoria se centra en atraer trabajadores y migrantes temporales cualificados para cubrir las necesidades del mercado laboral.

El sistema ha variado poco desde los años setenta. Los solicitantes reciben puntos según su nivel de inglés, su formación académica, si son solteros o si sus parejas tienen asimismo formación, si optan a un empleo fuera de las principales ciudades o si trabajan en uno de los sectores considerados prioritarios por las autoridades (enfermeros, ingenieros, programadores informáticos… Aunque varían cada año). La edad máxima para solicitar un visado de trabajo son los 45 años y el coste del visado no baja de los 4,000 dólares australianos (unos 2.475 euros).

Canadá, en esa línea, tiene tres categorías para otorgar la residencia permanente: inmigración económica, refugio y reunificación familiar, informa Jaime Porras desde Montreal. Los inmigrantes económicos deben reflejar en su solicitud su nivel educativo, experiencia laboral, si tienen una oferta de empleo y sus competencias en inglés o francés. Los evaluadores otorgan puntuaciones para cada criterio. Para afrontar la escasez de mano de obra del país, Canadá cuenta, además, con un programa para trabajadores agrícolas y extranjeros temporales. En ambos casos, los candidatos reciben un visado laboral por un tiempo limitado, pero los criterios lingüísticos y educativos son más laxos.

Quebec es caso aparte, tiene autonomía para llevar a cabo su selección y desde el pasado 1 de enero, los candidatos deben pasar un test de “valores democráticos y nacionales”. 

En España hay varios sistemas para seleccionar a trabajadores extranjeros, pero todos ellos coinciden una exigencia: contar con un contrato de trabajo, informa María Martín en Madrid. La única excepción es un proyecto piloto que se puso en marcha el año pasado de visados de búsqueda de empleo para profesionales argentinos, hijos y nietos de españoles. No existe ninguna normativa que limite la entrada de trabajadores relacionada su conocimiento de la lengua española. En términos generales, el Reglamento de Extranjería exige que el trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

Esta exigencia no significa que el candidato necesite tener una formación académica, como sucede con las 15,000 temporeras de la fresa que se trasladaron a Huelva para la campaña de recogida de frutos rojos del año pasado.

En Alemania unos 1,4 millones de puestos de trabajo están vacantes actualmente en el país, informa Enrique Müller desde Berlín, y el cambio demográfico agravará aún más la situación en los próximos años. Por ello, el Parlamento ha aprobado una ley para abrir el mercado laboral a trabajadores cualificados de países no pertenecientes a la UE, una norma que entrará en vigor el 1 de marzo.

Según la nueva ley, los migrantes recibirán un visado temporal de seis meses para buscar trabajo. Como requisitos, los interesados deberán tener conocimientos de alemán suficientes (correspondiente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) y formación adecuada, no necesariamente académica, para el puesto de trabajo al que se opta. La nueva norma exime a los candidatos de demostrar que haya alemanes u otros europeos disponibles para cubrir ese puesto ni que se trata de un sector o profesión especialmente necesitada.

Durante los seis meses, el inmigrante podrá estar a prueba en la empresa con contratos de hasta 10 horas semanales. De esta manera, tanto el empleador como el profesional extranjero podrán comprobar si se cumplen sus expectativas mutuas. En el caso de las personas con permisos temporales como los demandantes de asilo rechazados, deberán demostrar que llevan al menos 18 meses trabajando en Alemania y que no tienen historial delictivo.

China es una receptora de migración renuente, apunta Macarena Vidal Liy desde Pekín. Según explica el think tank alemán Merics, China apoya la residencia de extranjeros como una vía para sumarse a la globalización, pero sigue evitando la presión de un asentamiento a gran escala y una integración completa en su sociedad. La ley de Entradas y Salidas establece un sistema de visados con clara separación entre las distintas categorías. Para trabajar es necesario un permiso de trabajo. Si se llega con un visado familiar, es para quedarse en casa cuidando a la familia, sin posibilidad de empleo. Lo mismo ocurre con los visados de estudiante, que no permiten acceder a un empleo.

La misma ley establece un sistema de puntos para los permisos de trabajo que especifica el grado de utilidad del extranjero. En todo caso, el sistema no contempla una vía para adquirir la residencia permanente a través del trabajo, salvo situaciones excepcionales. En condiciones normales, el permiso de residencia -que, generalmente, se concede por plazos entre los tres meses y los cinco años, aunque un año renovable es lo más frecuente- finaliza cuando expira el contrato o llega la edad de jubilación. En el caso de los permisos de residencia por matrimonio, el derecho a la estancia se pierde en caso de divorcio.

Para trabajar en Estados Unidos es necesario un permiso de trabajo que se obtiene a través de diferentes visas o la famosa green card que otorga residencia permanente y la obligación de tributar en el país, informa Yolanda Monge desde Washington. Si eres lo que se conoce como expatriado y tu empresa te envía a trabajar a EE UU solo puedes hacerlo para esa empresa y una vez que se acabe el contrato tienes que abandonar el país o correr el riesgo de ser deportado. A diferencia de otros países, como en EE UU no hay idioma oficial las autoridades no incluyen su conocimiento entre los requisitos. Una cuestión sobre la que el Tea Party hizo bandera pero que muchos expertos consideran inconstitucional.

El actual presidente, Donald Trump, ha endurecido considerablemente la política contra la inmigración ilegal pero también contra la legal, en lo que muchos colectivos consideran un intento de “blanquear” el país. La Casa Blanca ha reducido drásticamente las admisiones de asilo; ha ralentizado el proceso de solicitud de residencia legal; ha denegado la estancia a personas que reciben ayudas del Estado; ha prohibido la entrada en EE UU a ciudadanos de más de 10 países musulmanes; y ha restringido las visas a las mujeres embarazadas.

El vecino del sur, por el contrario, se caracteriza por sus laxas normas migratorias: en México solo se necesita un contrato laboral para poder tramitar la residencia temporal y no se requiere saber español, informa Georgina Zegana desde México. Pese a ello el país atraviesa una de sus más grandes crisis migratorias, principalmente por el tránsito ilegal de gente. La constancia de las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica ha forzado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar un giro de 180 grados en la política migratoria y de la política de “puertas abiertas” ha pasado a blindar la frontera sur.

López Obrador ha insistido en que no quiere que México sea un país solo de paso para llegar a Estados Unidos. Por eso creó el programa Quédate en México, con la intención de ofrecer un puesto de trabajo a aquellos migrantes que solicitaran el asilo en el país, una iniciativa a la que se apuntaron más de 60,000 personas en el primer año.