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¿Cómo frenar la violencia contra las mujeres en México?

2020-02-24

Por Mónica Meltis, Tne New York Times

Más datos y menos discursos. Es imposible diseñar una estrategia exitosa que combata los feminicidios sin información concreta. Este gobierno debe comprometerse a llenar esos vacíos de datos.

Las muertes de Fátima, Ingrid Escamilla y Abril Pérez Sagaón en cuatro meses (y muchas otras que no han sido viralizadas) dejaron un claro y doloroso mensaje: la violencia feminicida es una tragedia cotidiana en México. Hay una violencia estructural y sistémica que no se ha discutido con seriedad ni atendido con la urgencia necesaria.

La violencia a las mujeres no está solo en el asesinato sino en las fiscalías que no responden a tiempo o en absoluto a las denuncias de desaparición, en los policías que no intervienen a los llamados de ayuda, en la comunidad que no se involucra en problemas de pareja porque “los trapos sucios se lavan en casa” y, en buena medida, en la carencia de datos unificados y minuciosamente catalogados a nivel nacional. Sin datos precisos y completos, ¿cómo vamos a poner un alto a tantas muertes? ¿Cómo podemos diseñar políticas públicas a ciegas?

Es imposible diseñar una estrategia exitosa que combata la violencia contra las mujeres sin información concreta.

En Data Cívica, la organización que dirijo y que se dedica a analizar la violencia desde las estadísticas, llevamos más de cuatro años pensando constantemente en los homicidios de mujeres. Queremos entenderlos desde los datos y dar con patrones que permitan prevenirlos. Los decálogos —como el que hizo el presidente de México—, aumentar de 60 a 65 años de cárcel a los feminicidas, como se discute en el Senado, no van a resolver esta crisis.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido de manera inadecuada a la indignación social por la violencia contra las mujeres: ha pedido a las feministas no pintar las paredes en protesta, ha dicho que las cifras se han manipulado, pidió en una de sus conferencias matutinas no hablar más de los feminicidios y hasta ha transferido la responsabilidad al “proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal”.

Es cierto que la violencia en el país lleva unos años desbordada y no es responsabilidad entera de su gobierno, que lleva un año en el poder. Sin embargo, sí fue responsabilidad de su gestión que en 2019 se redujera un 20 por ciento el dinero destinado para atender temas de salud materna, sexual y reproductiva a nivel nacional; de los recortes presupuestales para refugios de mujeres que han sido víctimas de violencia; la decisión de dejar de apoyar las estancias infantiles y la reducción del presupuesto de dos organismos destinados a combatir la violencia hacia las mujeres: la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.

En lugar de hacer recortes, el gobierno de López Obrador debe evaluar qué políticas están funcionado y cuáles no. Sin juzgar ese funcionamiento, su eficacia se termina convirtiendo en buenos deseos. Así que ahora que es el jefe de Estado, López Obrador tiene la absoluta responsabilidad de mandar un mensaje a todas las instancias del gobierno para tomar medidas que realmente funcionen.

El gobierno debe aprovechar el esfuerzo de un puñado de organizaciones que han tratado de llenar los vacíos de información y análisis oficiales. Y tenemos un largo camino por recorrer, porque no queremos solo entender los feminicidios y homicidios de las mujeres sino queremos que se prevengan.

¿Cómo hacemos eso?

El primer paso es tener datos confiables. La información disponible ha fallado brutalmente en revelar la enorme diversidad de contextos en los que ocurre la violencia contra las mujeres. No sabemos nada sobre cómo son asesinadas las mujeres con discapacidades, muy poco sobre homicidios a mujeres trans, menos aún sobre mujeres indígenas o mujeres afromexicanas. No sabemos mucho sobre los perpetradores tampoco.

Los datos que sí se incluyen no han sido efectivos para arrojar luz sobre lo que sucede antes y después de un homicidio. No sabemos si la mujer asesinada acudió en el pasado a un hospital por golpes o violencia física o si buscó ayuda en un refugio o institución. Esa información podría ayudar a prevenir más muertes. Por lo general, las legislaciones consideran que el homicidio de una mujer es un feminicidio si la víctima presenta signos de violencia sexual. Sin embargo, los registros de mortalidad del INEGI, por ejemplo, no siempre documentan esta variable. Hay escasa información de qué sucede con el cuerpo de una mujer después de que fue asesinada. En algunos casos llegamos a conocer datos por los testimonios de familiares —como en el caso de Fátima, la niña de 7 años cuyo cuerpo apareció en Ciudad de México el 15 de febrero: se ha dado a conocer información desgarradora sobre signos de violación sexual y tortura—, pero en la mayoría de los asesinatos no tenemos esta información que nos permita hacer un análisis a profundidad y detectar patrones.

Además de la urgente necesidad de contar con más y mejores datos, el gobierno debe diseñar mecanismos para evaluar sus políticas públicas: un mandato que, cada cierto tiempo, permita determinar si esa decisión está funcionando o no y rectificar en caso de que sea necesario.

Tenemos muchas instituciones creadas para atender, prevenir y erradicar la violencia de género, pero casi ninguna cuenta con mecanismos de evaluación y monitoreo. Entes como la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Guerrero gastan parte de sus recursos en actividades como el “concurso del tamal dietético y nutritivo”.

Un último paso consiste en no caer en soluciones fáciles y poco efectivas. Es el caso del punitivismo penal: no hay evidencia de que aumentar cinco años más de cárcel al delito disminuya la tasa de feminicidios, especialmente en un sistema de justicia con tanta impunidad como el mexicano.

Hay iniciativas importantes como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares —aunque no es representativa más que para mujeres mayores de 15 años a nivel estatal—, pero tendríamos que ser más ambiciosas: debe haber una perspectiva de género en toda la información que se genera desde el Estado para tener un mapa de información firme de las dimensiones de esta crisis.

Estamos desesperanzadas y furiosas, pero la rabia colectiva no puede quedarse en aceptar gestos simbólicos de los políticos. Esta frustración social debe conducir a algo tangible y detener esta violencia feminicida.