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La crisis política en Nicaragua deja 4,000 desplazados al mes

2020-03-11

Carlos Salinas | El País

México.- El 18 de abril se cumplirán en Nicaragua dos años de la peor crisis política que ha azotado a esta nación centroamericana desde la guerra civil de los ochenta, con un saldo de más de 260 muertos y un número creciente de desplazados. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha calculado en más de 100,000 los nicaragüenses forzados a huir, con una media de 4,000 personas dejando el país cada mes, según un informe publicado el martes. Esta crisis humanitaria ha impactado con fuerza en la vecina Costa Rica, donde se han refugiado unas 77,000 personas. Aunque las autoridades costarricenses agilizan los procesos para otorgar estatus de refugiados a quienes huyen de la violencia política, muchos nicaragüenses viven en condiciones precarias, en chabolas con casas de cartón, en parques en las principales ciudades, u ocupando fábricas abandonadas.

Estos desplazados, según ACNUR, buscan asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos de parte del Gobierno del sandinista Daniel Ortega, que hace dos años desató una brutal represión contra las protestas que exigían el fin de su mandato. El saldo principal de víctimas son hombres jóvenes y estudiantes universitarios que encabezaron las masivas manifestaciones que pusieron en jaque al régimen. La orden inicial de la represión, sin embargo, vino de la vicepresidenta, Rosario Murillo, quien es además esposa de Ortega. En una serie de correos publicados en su momento por EL PAÍS, exigió a sus operadores políticos que reventaran las protestas. “Vamos con todo”, fue su orden.

“A pesar del cese de la primera ola de violencia en el mes de abril de 2018, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y agricultores nicaragüenses continúan huyendo de su país, con una media de 4,000 personas desplazadas al mes. Sin una resolución a la crisis interna a la vista, desde ACNUR se estima que esta cifra seguirá aumentando”, alerta la agencia en su informe.

Al ser el país más estable de Centroamérica y por la cercanía, Costa Rica es el principal destino de estos desplazados, al acoger a unos 77,000 nicaragüenses. Ya en la década de los ochenta Costa Rica se había enfrentado a una crisis humanitaria similar, cuando miles de personas huyeron de Nicaragua por la guerra civil, una sangría que dejó más de 50,000 muertos. Después de Costa Rica el segundo destino de los desplazados nicaragüenses es Panamá, donde se han refugiado 8,000 personas. Mientras que México es el tercer destino latinoamericano, adonde han huido 3,600 personas. En este país, los exiliados nicaragüenses han conformado una red de solidaridad para ayudar a quienes buscan refugio. A través de grupos de WhatsApp se comunican para pedir ayuda económica, un hogar o comida para estas personas. “Hay un nica aquí en Ciudad de México que está gestionando su refugio y se quedó sin dónde dormir y no tiene trabajo. Según me dijo él mismo, ayer se fue a dormir al aeropuerto. Si alguno de ustedes puede apoyar con dinero pueden hacérmelos llegar y yo se los doy”, se lee en uno de esos mensajes. En Europa, según el informe de ACNUR, han buscado refugio unas 9,000 personas, con España como uno de los principales destinos. “Con 5,100 en otros países, en el mundo hay un total de 103,600 personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de asilo hasta la fecha”, estiman desde el organismo.

Esta avalancha de refugiados ha impactado en Costa Rica, cuyos servicios migratorios se han visto desbordados. Naciones Unidas ha apoyado al país para agilizar el procedimiento para determinar el estatuto de refugiado para quienes han sido perseguidos por el régimen de Ortega, además de permitir el acceso al sistema de salud pública a 6,000 nicaragüenses solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad, “incluyendo aquellos que necesiten intervenciones quirúrgicas, supervivientes de tortura y personas que viven en condiciones de extrema pobreza”, explican desde ACNUR.

Centenares de estas personas, sin embargo, viven en condiciones precarias. ACNUR ha documentado el caso de más de dos docenas de solicitantes de asilo que han hallado un hogar para vivir en un almacén abandonado, que fue una fábrica de estaño, localizado en una zona industrial de San José, la capital de Costa Rica. Apretujados, encerrados en paredes de láminas de zinc, con servicios básicos precarios y con un viejo refrigerador que no funciona bien, estas personas esperan recibir de las autoridades ticas el estatus que les permita reconstruir su vida tras huir del horror.

ACNUR resumen así el drama de estos desplazados: “Los residentes incluyen maestros y periodistas, estudiantes, trabajadores agrícolas y contadores, todas personas con empleos, familias y hogares en Nicaragua, que ahora duermen hombro con hombro sobre planchas de espuma y colchones desechados extendidos por el piso, e incluso encima de la enorme maquinaria que la antigua actividad fabril dejó. La mayoría son hombres, pero el grupo también acogió a varias mujeres, particularmente vulnerables a agresiones sexuales en la calle. Entre las mujeres que viven en el refugio hay una embarazada de 18 años y una madre con su hija de nueve”.

EE UU: “Ortega fortaleció la impunidad a violadores de derechos humanos”

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y ha criticado con dureza al presidente Daniel Ortega, al que acusa de haber fortalecido la impunidad contra quienes han violentado los derechos humanos en el país centroamericano, en el marco de la crisis política que inició en abril de 2018. Para Washington, el Gobierno de Ortega no ha tomado medidas para identificar, investigar, perseguir y enjuiciar a funcionarios que cometieron abusos a los derechos humanos, incluyendo a los responsables de los centenares de muertos que ha dejado la represión contra las manifestaciones y los “centenares de desaparecidos”. El Departamento de Estado asegura que “el presidente Ortega ha fortalecido activamente la impunidad de los abusadores de derechos humanos que le son leales”, incluyendo grupos parapoliciales e individuos ligados con el régimen de Managua. Estas personas, continúa el informe, son culpables de secuestros, intimidación y violencia contra los críticos del régimen. Entre las violaciones a los derechos humanos que recoge el informe, están ejecuciones extrajudiciales, asesinatos durante las manifestaciones, desapariciones forzadas ejecutadas por fuerzas parapoliciales y detenciones arbitrarias. El organismo también critica lo que considera “serios problemas del sistema judicial”, controlado por Ortega, restricciones a la libertad de prensa y de expresión, incluyendo amenazas, censura y difamación; ataques la libertad religiosa e “interferencia sustancial” con los derechos de libre asociación o manifestación pacífica.