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Los créditos morales del Gobierno de México

2020-04-30

Viridiana Ríos, El País

López Obrador ha diseñado un plan de rescate económico basado en criterios morales. A contracorriente de quienes demandan se apoye a los más necesitados o a los más afectados por la covid-19, su Gobierno utiliza la virtuosidad como criterio principal para repartir apoyos.

Es con esta lógica, principalmente moral, que su Gobierno decidió solo otorga créditos a microempresarios que puedan comprobar que son “solidarios”. Se considera solidario a un empleador que no despidió a sus empleados durante las primeras semanas de la pandemia a pesar de no contar con apoyo público. Oficialmente se clasifica como virtuosos a quienes no registraron menos empleados en abril que en el promedio de enero a marzo.

El presidente de México cree que recompensar a los empresarios virtuosos lo diferencia de administraciones pasadas que apoyaron solo a los empresarios cercanos al poder. En realidad, su estrategia esta tan mal diseñada que está haciendo lo mismo.

Los criterios morales del Gobierno mexicano han dado pie al surgimiento de un sistema regresivo y profundamente politizado. Regresivo porque entre los empresarios formales se apoya más a los sectores menos afectados, se desatiende a los negocios más vulnerables y se castigan las fluctuaciones propias del microempresario. Politizado porque entre los empresarios informales, solo se da créditos a quienes tuvieron mayor cercanía con el partido en el poder.

Los criterios morales de López Obrador son contraproducentes. Se compara a compañías que operan en industrias muy afectadas por la covid-19 con empresa de industrias no afectadas. Y se pide a ambas lo mismo: no despedir personal. Esto castiga a los sectores que más necesitan apoyo y premia a los que no tuvieron afectaciones.

El Gobierno mexicano confunde solidez económica con moralidad. Irónicamente, esta confusión los lleva a apoyar más a empresarios que dan salarios bajos y mantienen utilidades elevadas pues son ellos quienes más ahorros tienen y más han podido aguantar sin despedir a sus empleados.

También se confunde virtuosidad con estabilidad pues el Gobierno favorece a los empleadores de industrias que tienen más trabajo en ciertos meses. Los datos que usan no pueden determinar si los empresarios despidieron personal o si el tamaño del personal fluctuó por razones naturales a la industria. Así, el criterio deja fuera a industrias completas que tienden a contratar más personal a principios del año que en abril. Si una compañía turística, por ejemplo, contrató un número anormal de trabajadores en alguna semana de enero o febrero para atender un evento especial, se le clasifica como “no solidario” porque regresó a su tamaño normal en abril.

El criterio moral también comete el error de castigar a los empresarios que ya tenían situaciones económicamente precarias y que por ello venían, desde antes y por razones ajenas a la covid-19, reduciendo su planta productiva. A este tipo de empresario se le acusa de no ser solidarios, aun si hizo grandes esfuerzos por no despedir a más personas de las que ya venían despidiendo en meses anteriores.

Además de estos problemas, está el dilema político. Entre las empresas informales la única manera de acceder al crédito es ser parte de una lista de potenciales beneficiarios de programas sociales llamada “censo de bienestar” que fue creada por redes simpatizantes del partido en el poder.

Los mecanismos o procedimientos para la realización de este censo no han sido transparentes y nadie sabe quiénes ni cuántos empresarios están en la lista. Múltiples solicitudes de información para conocer los datos han sido rechazadas y todo parece indicar que solo un operador político del presidente conoce su contenido.

Tal y como sucedió en crisis pasadas el Gobierno mexicano está apoyando más a los empresarios cercanos al poder, la única diferencia es que esta vez son pobres y no ricos. Es mejor que sean pobres, pero no es suficiente.

El Gobierno mexicano debe recapacitar y comenzar a utilizar criterios medibles y transparentes para entregar los apoyos y créditos a los que más lo necesitan. La moralidad no puede ser su brújula porque no pueden medirla. Las redes partidistas no pueden ser su canal de distribución porque solo llegan a los más cercanos al poder.