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¿Vigilar o proteger al pueblo? Lecciones de otros países para la crisis en Estados Unidos

2020-06-13

Por Amanda Taub, The New York Times

Quienes proponen rehacer el modelo de policía que ha provocado disturbios y protestas harían bien en mirar experiencias de Asia, África y Europa

“Sin justicia no hay paz. ¡No a la policía racista!”

Esa exigencia, coreada, ha retumbado en las calles de todo Estados Unidos durante semanas de manifestaciones que han dejado algo bien claro: la policía estadounidense enfrenta una crisis de legitimidad. Y las consecuencias van mucho más allá de la misma labor policial.

Quienes están decididos a reconstruir las fuerzas del orden público para reparar décadas de injusticia racial, harían bien en voltear a mirar las experiencias de otros países que han luchado con ese mismo desafío. Lo mismo aplica para quienes insisten en que no hay un problema que solucionar.

De muchas maneras, este momento, arraigado en siglos de supremacía blanca y alimentado por la salvaje polarización política de los últimos años, no podría ser más estadounidense. Sin embargo, existen otros precedentes, y casi todos son de países donde las prácticas sistemáticas de brutalidad policial han sido utilizadas para mantener a una minoría privilegiada en el poder.

La conclusión que ha quedado en evidencia en las calles del país es que el patrullaje en Estados Unidos está coartando los derechos de muchos de sus ciudadanos, y está convirtiendo en mentira la promesa constitucional de la igualdad de protección ante la ley.

La intensidad de la violencia policial en Estados Unidos, el hecho de que recae desproporcionadamente sobre la población negra y otras minorías fuertemente vigiladas, y la continua impunidad de los agentes policiales que cometen las transgresiones, la cual ha institucionalizado el abuso, son un difícil desafío para la democracia estadounidense.

Un memorial para George Floyd en Mineápolis

“Para estas comunidades, la policía es la manera en la que interpretan la democracia estadounidense “, afirmó Vesla Weaver, politóloga de la Universidad Johns Hopkins, quien estudia la labor policial y la legitimidad democrática en Estados Unidos. “Establecen vínculos desde sus experiencias con la policía hacia cuán robusta es su ciudadanía democrática”.

Y aunque las comunidades pobres son las más afectadas por la violencia policial, los afroestadounidenses de todas las clases sociales siguen viviendo bajo su sombra.

“Aquí en mi casa en Cambridge, sin policías dentro de mi hogar, sigo pensando en eso”, afirmó Megan Ming Francis, profesora adjunta de la Universidad de Washington y profesora asociada visitante en Harvard actualmente.

Las crisis de legitimidad policial no son exclusivas de Estados Unidos. También han ocurrido en lugares como Irlanda del Norte, Sudáfrica, Sri Lanka y Birmania, entre otros. Y si bien algunas de sus experiencias ofrecerían una orientación sobre cómo Estados Unidos pudiera empezar a reparar los problemas subyacentes a los actuales disturbios, también suponen una dura advertencia sobre la magnitud del problema que enfrenta Estados Unidos.

“La policía puede perder legitimidad muy rápidamente”, afirmó Christopher Rickard, investigador sobre labores policiales y política en Irlanda del Norte. “Es muy difícil recuperarla”.

‘Semejante a un enclave autoritario’

Hasta hace poco, el debate dominante había tendido a tratar los asesinatos policiales como incidentes aislados de errores cometidos por oficiales individuales o al mal comportamiento de “unas cuantas manzanas podridas”, en lugar de consecuencias predecibles de problemas sistémicos (aquellos que prefieren esa frase de las manzanas parecen haber olvidado que el resto del adagio es “arruinan toda la cesta”).

En todo caso, la distinción podría ser falsa.

En sociedades divididas, la incapacidad de contener esas llamadas “manzanas podridas” dentro la policía y otras fuerzas de seguridad “no es un problema de capacidad sino una decisión política”, afirmó Kate Cronin-Furman, profesora de ciencia política en la University College de Londres, quien ha estudiado abusos en Sri Lanka, Birmania y la República Democrática del Congo.

“Lo que esto logra es decirle a las minorías marginadas que nunca estarán a salvo, que no poseen toda la gama de los derechos ciudadanos, y que su humanidad siempre será cuestionada”, dijo Cronin-Furman.

Eso ofrece doble protección a la clase o grupo dominante: la violencia de la policía conserva su posición en la jerarquía social, y al alentarla a través de un permiso implícito en vez de a través de órdenes explícitas desde arriba, aquellos en el poder mantienen una negación plausible sobre su participación en el abuso.

Los estadounidenses no están acostumbrados a escuchar a su país comparado con los lugares que Cronin-Furman estudia. Pero hay evidencia sustancial de que a través de la historia estadounidense, la vigilancia violenta y represiva ha enviado un mensaje similar a los estadounidenses negros y a otros grupos minoritarios que viven en vecindarios pobres y muy vigilados, y que continúa haciéndolo hoy.

En las décadas de 1860 y 1870, los estados y ciudades del sur diseñaron medidas policiales para garantizar que las personas negras recién liberadas permanecieran económicamente subyugadas y excluidas políticamente de los derechos ciudadanos, dijo Francis, quien estudia la violencia impuesta por el estado en contra de los estadounidenses negros.

Una manifestación por los derechos civiles en Birmingham, Alabama, en 1963

“Lo escribieron, así que es muy claro lo que estaban tratando de hacer”, dijo. “Esto fue visto como una manera de eliminar esos nuevos derechos de ciudadanía”.

Muchas de esas leyes escritas finalmente cambiaron, particularmente después del final de la era de Jim Crow en el sur. Pero la violencia policial aún envía el mensaje a muchos estadounidenses negros de que no tienen acceso total a los derechos y protecciones de la ciudadanía.

Portals Policing Project, un estudio realizado por un equipo de investigadores de las universidades Johns Hopkins y Yale, transformó contenedores de transporte en espacios temporales de reunión, y los ubicó en 12 vecindarios fuertemente vigilados por la policía en seis ciudades estadounidenses. En cada uno se instalaron equipos de comunicación para que las personas discutieran sus experiencias con aquellos en otros “portales” de contenedores, como si estuvieran compartiendo el mismo espacio.

Cuando los investigadores analizaron los datos de miles de conversaciones entre portales durante tres años, consiguieron un retrato de la vida estadounidense que tenía sorprendentes similitudes con lo que Cronin-Furman había observado en Asia y África.

“En realidad, los participantes de los portales estaban narrando algo semejante a un enclave autoritario”, donde las prácticas policiales les habían arrebatado las protecciones más valiosas de su ciudadanía, afirmó Weaver, la profesora de Johns Hopkins, quien fue una de las principales investigadoras del proyecto.

Los investigadores descubrieron que en una conversación tras otra las personas indicaban lo que sabían debían ser sus derechos, pero luego expresaban cómo sentían que se los habían arrebatado.

Tenían un derecho oficial a la privacidad, pero la policía podría detenerlos y registrarlos en cualquier momento. Tenían el derecho oficial a permanecer en silencio, pero temían que la policía los acosara o castigara si no respondían a sus preguntas. Tenían un derecho oficial de reunirse pacíficamente, pero en la práctica no podían caminar a un parque en un grupo de tres o más personas sin que la policía los esposara y detuviera bajo sospecha de actividad criminal.

“Lo que están experimentando es muy similar, en el sentido de los altos niveles de abandono y negligencia estatal, junto con altos niveles de vigilancia en el sur de Jim Crow”, dijo. “Se parece mucho a los regímenes autoritarios”.

‘Cómo no ser policía’

A medida que la población toma conciencia de la magnitud de los problemas con la policía estadounidense, hay cada vez más llamados a realizar un cambio radical. La ciudad de Mineápolis votó la semana pasada para desmantelar por completo su departamento policial y reemplazarlo con una nueva fuerza y un nuevo enfoque de la seguridad pública. Organizaciones como Black Lives Matter han exigido que se le retiren los fondos a los departamentos policiales y que la mayoría de sus funciones sean reasignadas. Nueva York y Los Ángeles ya se han comprometido a reducir millones de los presupuestos policiales.

La experiencia de otros países sugiere que, incluso cuando existe voluntad política para realizar una reforma policial profunda, los enfoques que realmente plantean un cambio han sido difíciles de implementar.

Cuando las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica lograron expulsar el régimen del apartheid en 1994, una de las promesas del nuevo gobierno fue reformar la temida policía de la era del apartheid. Cuatro años después, en Irlanda del Norte, el Acuerdo de Viernes Santo marcó el final de cuatro décadas de violenta lucha sectaria. También prometió revisiones y reformas policiales.

Para ganar legitimidad, la policía en Sudáfrica e Irlanda del Norte necesitaban superar sus reputaciones como protectoras del dominio blanco y protestante, respectivamente. El éxito o el fracaso de esos esfuerzos giraron en torno a si la policía iba a continuar con sus viejas prácticas de tratar a la población como una amenaza a ser controlada a través de una fuerza abrumadora, o si podrían convertirse en un organismo más receptivo a la necesidad de protección de los civiles, ganando con el tiempo la confianza de la sociedad.

En Sudáfrica, “la policía mantuvo las mismas prácticas de la era del apartheid de tener poderosos grupos de paramilitares fuertemente armados”, afirmó Jonny Steinberg, profesor de la Universidad de Oxford que estudia prácticas policiales y política sudafricana.

Con el tiempo, los sudafricanos de la clase media y alta recurrieron a la seguridad privada. Contrataron vigilantes, se mudaron a comunidades cerradas y viajaron solo en sus propios autos. Los pobres, que no podían costearse este tipo de medidas, quedaron vulnerables.

“Lo que Estados Unidos puede aprender es negativo”, dijo Steinberg. “Es un caso paradigmático de cómo no ser policía en una población urbana pobre”.

Es una lección que muchos departamentos de policía estadounidenses todavía no han asimilado. De hecho, las tácticas de estilo paramilitar, por lo general con equipamiento militar obtenido a través de programas de superávit gubernamentales, han adquirido mayor popularidad en Estados Unidos en los últimos años.

“La policía estadounidense, en las últimas dos décadas, se ha desplegado de manera amenazante”, dijo Tom Tyler, profesor de la Facultad de Derecho de Yale que estudia la legitimidad de la policía y el gobierno. Interna y externamente, han cultivado una imagen de guerreros listos para usar la fuerza contra una población peligrosa, en lugar de la de guardianes de sus comunidades.

El lenguaje de la guerra y la amenaza se exhibieron en una carta que Ed Mullins, líder del sindicato de policía más grande de la ciudad de Nueva York, envió a los oficiales la semana pasada. “Ganaremos esta guerra en Nueva York”, escribió. “Es el bien contra el mal y el bien siempre gana”.

En Irlanda del Norte, en cambio, la policía sí se alejó de muchas de las tácticas contrainsurgentes militarizadas que implementaron durante el conflicto norirlandés. Pero incluso ahora, más de dos décadas después del acuerdo de paz, a la policía a menudo le cuesta convencer a las víctimas de delitos a que confíen en el sistema de justicia oficial en vez de acudir a la justicia ruda que ofrecen los grupos paramilitares sectarios, afirmó Rickard, el investigador.