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La negociación de Lozoya

2020-07-14

Raymundo Riva Palacio | El Financiero

Emilio Lozoya estaba decidido a pelear la extradición de España, pero la familia lo fue debilitando. Su padre, Emilio Lozoya Thalman, habló muchas horas con él para persuadirlo que se entregara, ante la amenaza de la Fiscalía General en México que profundizarían las investigaciones y las presiones sobre su madre, en arraigo domiciliario, su hermana y su esposa, que se encuentra en Alemania –aunque habla con él por teléfono de manera regular–, si no aceptaba colaborar. La doble pinza lo llevó a entregarse y aceptar que lo extraditaran para ser juzgado en su país. Pero no fue voluntario, como afirmó el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino como producto de una negociación, como corrigió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La entrega del exdirector de Pemex no fue una acción unilateral. Personas con conocimiento del caso revelaron que detrás de todo se dio una negociación tan amplia, que incluso los términos de la carta que envió a Gertz Manero la redactó al alimón con abogados de la Fiscalía. Este procedimiento irregular arroja luz sobre lo que veremos en los próximos meses, un proceso jurídicamente heterodoxo, pero dúctil a manipulaciones.

La negociación estableció que los temas centrales, avalados por López Obrador, sean la participación del conglomerado Odebrecht en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno XXI y Tula, y la compra de Agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al Grupo Villacero, de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en esos casos, donde dijo López Obrador, hay “personas de relevancia” y grupos políticos involucrados.

López Obrador asegura que lo que diga Lozoya permitirá “purificar” la política, y para ello le darán “protección”, que incluiría no pisar la cárcel al regresar a México, sino ser ingresado en el Hospital Militar de la capital federal, con el pretexto de que al haber estado en una prisión madrileña durante la pandemia del Covid-19 en ese país, debe estar en cuarentena.

Mientras transcurre, según el plan, durante ese periodo presentará tres testigos para apoyar sus dichos. Dos de ellos eran trabajadores de mucha confianza de él, su secretario particular y su chofer. Los fiscales esperan que aporten rutas, horarios, fechas y destinatarios de dinero que presuntamente les enviaba Lozoya en pago por servicios políticos, particularmente durante las negociaciones del Pacto por México.

Lozoya y sus familiares, de acuerdo con la negociación, se apegarían al beneficio del criterio de oportunidad, en donde a cambio de su colaboración, no se ejerce acción penal contra ellos. Adicionalmente, entregaría su casa en Lomas de Bezares, que presuntamente fue adquirida con dinero que le dio Odebrecht por ayudarlos a conseguir contratos de obra pública.

El caso se construirá a partir de las delaciones que ha hecho Lozoya de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición para lograr la aprobación de la reforma energética, que dejaría expuestos a los dos secretarios más poderosos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Videgaray es el más señalado como uno de los objetivos de Lozoya. Osorio Chong sería involucrado de manera indirecta, al iniciarse un proceso, según el plan, en contra de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia y ligado al Grupo Hidalgo, involucrado en el Caso Odebrecht, en la refinería de Tula. Lozoya se enfocará, de acuerdo con las líneas generales de lo que aportará a la Fiscalía, en Videgaray y en el propio Peña Nieto. No obstante, es todavía incierto si Gertz Manero centra la investigación en ellos, porque el objetivo central del gobierno no está en el PRI, sino en el PAN.

Son varios objetivos específicos que el gobierno desea señalar con las aportaciones de Lozoya, de acuerdo con las personas que conocen del caso, en donde figuran varios dirigentes panistas en aquel momento, como Ricardo Anaya, que presidía al partido, y los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Los dos han sido reconocidos como buenos operadores políticos, y el próximo año habrá elecciones para gobernador en Querétaro. Las de Tamaulipas serán en 2022.

Bajo los términos del acuerdo de Lozoya con la Fiscalía General para ir en contra de gobernadores panistas, se encuentra la lógica política-electoral detrás de la negociación con el exdirector de Pemex. López Obrador necesita mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para que pueda consolidar sus proyectos y afianzar el desmantelamiento de las reformas peñistas que fortalecerían las suyas. Los testigos que pondría Lozoya a disposición de las autoridades son las piezas para construir un caso contra ellos.

En todo este abanico de acusaciones contra culpables e inocentes, la tolvanera que levante se empatará con la campaña electoral en 2021, donde el adversario más fuerte que tiene Morena en algunas regiones del país, en este momento, es el PAN. Este es el quid pro quo negociado con Lozoya, quien será un instrumento político contra la oposición, a cambio de la libertad de su familia y una justicia laxa contra él.

Pero no es todo para lo que la Fiscalía desea a Lozoya, según las personas que conocen el caso. Por debajo del objetivo electoral para lo cual se realizó la negociación, están los ajustes de cuentas y las venganzas de Gertz Manero y de Lozoya en contra de distintas personas, que se cruzarán en el proceso, y que involucran no sólo opositores del gobierno de López Obrador, sino funcionarios de su administración y de Morena, cuyos nombres también están en camino de ser exhibidos, además de a quien ha protegido el Presidente hasta ahora: Peña Nieto.

Peña Nieto y Videgaray, corruptos

Emilio Lozoya tiene una bomba termonuclear contra el expresidente Enrique Peña Nieto y su principal consejero político y dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray. Con detalles y anexos documentales, entregó una declaración -por medio de su padre, Emilio Lozoya Thalman– al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre la compra de Agronitrogenados, como parte de su negociación para apegarse al criterio de oportunidad, para canjear su cooperación por la cancelación de un proceso en su contra.

Es decir, cambiará su libertad y la de su familia, por la de Peña Nieto y Videgaray, que tendrán que probar que sus dichos no concuerdan con los hechos, o su destino será la cárcel.

La declaración de Lozoya está formulada de forma incriminatoria contra Peña Nieto y Videgaray, con quienes se vinculó orgánicamente desde la campaña presidencial, y que es una mina de oro para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su cruzada contra la corrupción. Sus palabras, sin embargo, contradicen lo que Lozoya decía hace tiempo. En una conversación que tuve con él en la Ciudad de México, ya fuera de la dirección de Pemex y señalado por actos de corrupción, defendía la operación. “Fue un gran negocio”, dijo en ese entonces sobre la compra de Agronitrogenados, que los medios llamaban 'chatarra'.

Ahora, todo cambió. “Lo que puedo referir como director general de Pemex -afirma Lozoya en la declaración- es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas.

“La forma cómo eran recompensadas, era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles, para que estas se beneficiaran. Incluso, en ocasiones después de dichas operaciones, debían devolver dinero para beneficio de futuras campañas electorales del PRI, o bien para beneficio propio de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, u otros, como en el caso de Odebrecht que he referido”.

Lozoya no da mayores detalles de qué campañas o qué beneficios podrían haber recibido, pero cuenta cómo en diciembre de 2012, una vez que Peña Nieto asumió la presidencia, “me instruyó que se tenían que cumplir compromisos con diversos empresarios”. El 6 de febrero de 2013, precisa, el Presidente le ordenó dentro del marco del Pacto por México y “el acuerdo de impulsar la producción de fertilizantes en el país”, recibir a ejecutivos de Altos Hornos de México, que buscaban una sociedad con su filial Agronitrogenados.

Los asignados para ver el encargo de Peña Nieto fueron Édgar Torres, su compañero en Economía en el ITAM y en la maestría en Desarrollo Internacional en Harvard; Carlos Roa, su coordinador de asesores que había trabajado con él en la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, y José Manuel Carrera Panitzzio, director de PMI Comercio Internacional. No explica en su declaración en calidad de qué fue Torres, quien dos años después de ese encuentro, fue nombrado director de Pemex Fertilizantes. Los tres llevan meses siendo investigados por las autoridades, y dos de ellos han sido inhabilitados del servicio público.

Lozoya recuerda que el 14 de mayo de 2013, en una reunión de seguimiento con Peña Nieto y Videgaray, lo cuestionaron sobre por qué demoraba tanto la compra de Agronitrogenados. “Yo observaba un interés especial en concretar la operación por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso –al que nunca se refiere como secretario–. Incluso este último intervino de manera directa para que NAFIN (Nacional Financiera) e INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales), aceleraran la evaluación del proyecto y la aprobaran”.

En esa reunión, dice, Peña Nieto le pidió a Videgaray arreglar un encuentro con Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos. “Me llamaba la atención tanto interés personalizado en la compra de dicha planta, cuando en términos de importancia para Pemex no representaba ni siquiera el 0.5% de la totalidad del presupuesto para inversiones. Además del seguimiento puntual del presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso al proceso de adquisición de la planta, amén de los impulsos institucionales que hacían por agilizar la operación, esta adquisición representaba un interés importante para el entonces secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez (ya que le era rentable políticamente)”.

Lozoya se volvió a reunir con Peña Nieto y Videgaray el 11 de noviembre de 2013, donde les dio a conocer un informe de Booz & Co., donde señalaba que hacía sentido económico la compra de la planta, pero que habría que considerar diversos riesgos para su operación, como el acceso al gas necesario para su funcionamiento. Durante esa reunión, Lozoya dice que cuando mencionó la falta de recursos de Pemex, le dijeron que no se preocupara por los recursos, sino por influir en el Consejo de Administración de PMI para que la adquisición “resultara conveniente”. El valor de la compra no lo estableció él, asegura, sino Peña Nieto y Videgaray.

El entonces secretario de Hacienda, afirma, se encargó personalmente de la negociación final sobre el precio. “Desconozco los detalles, montos, fechas, que se hubiesen pactado entre Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Alonso Ancira Elizondo”, agrega. “Lo que sí me parece claro es que, mediante esta operación, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no generaba ingresos y que tenía años sin funcionar”.

No es la historia que Lozoya contaba hasta hace no mucho tiempo, pese a la molestia que tenía con Peña Nieto y Videgaray, donde defendía vehementemente la compra de Agronitrogenados, que ahora describe como una muestra la corrupción desde lo más alto del Estado.

La venganza de Lozoya

¿Qué hará Emilio Lozoya como parte del acuerdo con la Fiscalía General para aportar información sobre Odebrecht y la compra de Nitrogenados que realizó como parte del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto y director de Pemex? Primero reconocer que fue corrupto, para entonces tratar de limpiar su imagen, alegando que los beneficios no fueron para él, y quedar en libertad. En el proceso, disparar con escopeta para dañar la reputación de cuatro exsecretarios de Hacienda, dos exsenadores cercanos al expresidente Felipe Calderón, un gobernador de Morena y, para ayudar al fiscal general Alejandro Gertz Manero, sentar las bases para involucrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué tanto de ello podrá judicializarse? Difícil saberlo ahora, pero detonará un escándalo que empalmará con el proceso electoral de 2021.

La llegada de Lozoya a México ha levantado muchas expectativas, por creerse que es la piedra angular que descubra la estructura de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien junto con el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ha definido como las cabezas de la inmoralidad en el sexenio pasado. Lozoya presentó declaraciones escritas al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para negociar su libertad y la de su familia a cambio de información.

Sus declaraciones ministeriales salpicarán al PRI, PAN y Morena en diferente grado. En el caso de los partidos de oposición, la estrategia que empleará, según personas que conocen la negociación con la Fiscalía General, involucrará a Peña Nieto, a Videgaray, y hablará especulativamente sobre el posible conocimiento de lo que hizo el exdirector de Pemex de otros dos secretarios de Hacienda en la administración peñista, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

La Fiscalía General no tiene nada contra ellos, salvo lo que serán los dichos de Lozoya, pero políticamente ayuda a los objetivos del gobierno. Meade tiene potencial para ser candidato a la Presidencia en 2024, y González Anaya captura el imaginario al ser cuñado del expresidente Carlos Salinas.

Otro exsecretario de Hacienda está en el contexto político del proceso contra Lozoya, Ernesto Cordero. El exsecretario, expulsado del PAN, no está involucrado en las investigaciones –como tampoco Meade o González Anaya–, pero su nombre sirve con fines políticos, con el propósito de armar un caso con supuestos dichos de Luis Alberto de Meneses Weyll, quien era el director de Obedrecht en México, sobre dinero del conglomerado brasileño en elecciones. De Meneses Weyll identificó a Lozoya desde 2016, de haberle dado más de 10 millones de dólares para que le ayudara con contratos gubernamentales, pero a ningún otro alto funcionario.

El nombre de Cordero, de acuerdo con la estrategia política negociada con Lozoya, brincaría en la investigación que se quiere hacer contra los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, por presuntamente haber recibido dinero en pago por su apoyo para que se aprobara la reforma energética. Los tres fueron expulsados del PAN y son cercanos al expresidente Felipe Calderón, el enemigo más odiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La paradoja es que a Ricardo Anaya, que como líder del PAN empujó la expulsión, también quiere vinculársele en los pagos a panistas durante la negociación y aprobación de la reforma energética.

Los nombres de otros senadores brincarán en esta variante política del proceso judicial contra Lozoya. Uno es el del priista David Penchyna, quien hizo gran parte del trabajo de negociación con la oposición para lograr su apoyo en esa reforma, y el otro es Miguel Barbosa, quien en ese momento estaba en el PRD. A Barbosa, de acuerdo con el plan, lo involucrarán para luego purificarlo. La estrategia establece que Lozoya hablará de su conversación con el actual gobernador de Puebla en Londres, durante una visita de Estado en junio de 2015, donde le dice que su hermano fue adscrito a un área central de Pemex, como había solicitado, y le menciona que ya le envió dinero. Lo que se pretende es que Barbosa agradezca el trato a su hermano, pero niegue lo segundo, con lo que quedaría libre de sospecha de corrupción –no de influyentismo.

Las declaraciones de Lozoya le permitirían vengarse de Videgaray, ayudar a dañar la imagen del equipo hacendario en el sexenio de Peña Nieto, golpear a Calderón de cara a las elecciones federales del próximo año y, como ingrediente adicional, ayudar a Gertz Manero a cobrarle facturas a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La relación entre los dos es mala desde que inició el gobierno, y ha empeorado.

Nieto presionó recientemente a Gertz señalando que Lozoya estaba involucrado en el robo de combustible, y el fiscal respondió que el jefe de la UIF entrega casos judicialmente muy débiles. Política y mediáticamente, el exdirector de Pemex contribuirá en la embestida.

La intención es que Lozoya abra las imputaciones a los asesores de los líderes de los partidos del PAN y el PRD, en donde involucraría a Nieto, quien inició una investigación en su contra por corrupción como fiscal Especializado en Delitos Electorales, de donde fue cesado en medio de polémica y respaldado fuertemente por el PAN y el PRD.

El plan trazado por la Fiscalía para darle impunidad a Lozoya a cambio de que le ayude a construir un caso de corrupción contra panistas y priistas durante la administración de Peña Nieto se sostiene, hasta este momento, en los dichos y las promesas de Lozoya. Falta que sus dichos se judicialicen y resistan la respuesta de los imputados. Sólo entonces se verá la solidez de las acusaciones de Lozoya, y probaría que no se trató de una venganza, únicamente con fines políticos y electorales.