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La conflictividad entre los Estados y el Gobierno mexicano

2020-07-20

Rodolfo Becerril Straffon | El País

De las muy variadas consecuencias de la covid-19, las tensiones entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal han puesto al federalismo en entredicho. Las diferencias no son nuevas, pero el carácter y profundidad actuales llaman a la reflexión. Es cierto, las diferencias en mucho se deben a filiaciones partidarias, pero también hay problemas por el reparto de recursos que ponen de manifiesto la necesidad de poner al día el pacto federal, sobre todo en materia fiscal. Habría que añadir que las diferencias se agudizan por el tono declarativo del presidente y las decisiones del Ejecutivo. Los diferendos más recientes giraron en torno al Seguro Popular, al manejo de la crisis sanitaria, a la crisis económica que se derivó de esta, al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que pretendía echar atrás los proyectos de energías renovables y dio lugar a la constitución de un frente de 15 gobernadores, y a la polémica sobre el endeudamiento.

Aunado a esto, el secretario de Hacienda señaló que en 2020 habrá una disminución de cerca del 11% en las participaciones a los Estados respecto a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Y ante la perspectiva de crecimiento en el 2021, las participaciones van a ser menores que las presupuestadas en este año. Las entidades podrían recurrir al endeudamiento, ya alto, sin embargo, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios establece un sistema de alertas en caso de que la disciplina financiera se ponga en riesgo. Además, la contratación debe contar con el aval de la federación, que según parece no se otorgará pues el Presidente considera que se usaría para el proceso electoral 2021 y no para solventar los gastos derivados de las medidas adoptadas por la covid-19.

De ahí que el reclamo sobre la necesidad de una reforma fiscal sea cada vez más recurrente, aunque dada la circunstancia económica y el proceso electoral del año próximo, no parece viable, y no solo dicha reforma, sino tampoco una revisión de la Ley de Coordinación Fiscal que tiene ya una vigencia de cerca de 40 años.

Del lado del ingreso existe una alta dependencia. Se estima que para 2020 los ingresos totales de las entidades serán aproximadamente de más de 2 billones de pesos, pero la mayoría de esos recursos son de carácter federal, y solo el 12% sería generado por las entidades, cuyas facultades tributarias son pocas, desaprovechadas o tienen poca significación, como el impuesto sobre hospedaje y el de loterías, rifas, sorteos y juegos. De 18 impuestos que podrían recaudar solo aplican seis, en promedio. Y en el caso del predial, la proporción respecto al PIB en México es de las más bajas, 0.2%. En el mundo es de 2%. En Brasil y Argentina están por encima de la media y Chile se acerca con el 1.5%. Si todas las entidades pudieran recaudar el mismo porcentaje, podrían aumentar sus recursos entre 2.7 y 3.3 veces. El ingreso que provee este impuesto es además estable, progresivo y redistributivo.

Existe la propuesta de permitir a las entidades gravar los bienes y servicios de consumo final. Ello supone que el IVA federal disminuya dejando margen a los Estados para que apliquen este impuesto. La federación disminuiría las participaciones, pero le acreditaría la mitad del impuesto que recaude la entidad. De lado del predial es necesario recuperar la cartera vencida que algunos estiman en más del 40% del padrón de contribuyentes. Y del lado del gasto es indispensable depurar la nómina de las burocracias estatales, combatir la corrupción, aplicar más controles formales, y avanzar en transparencia y rendición de cuentas. Sin mecanismos de control, la autonomía relativa de las entidades se convirtió en área de impunidad.

El agrupamiento de algunos gobernadores tiene antecedentes desde 1999, cuando hicieron causa común frente a reducciones presupuestales. Los gobernantes estatales vieron la importancia política de agruparse, y se sumaron a la iniciativa. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se institucionalizó en 2003 como un mecanismo de negociación e interlocución con el gobierno federal. Recientemente, ha surgido la GOAN, con gobernadores del PAN, que ha ido radicalizando sus opiniones. Otros gobernadores, de Michoacán (PRD), Coahuila (PRI), Jalisco (MC) y Nuevo León (independiente), también han marcado distancia con la federación.

La problemática del federalismo no es simplemente doctrinal, sino que tiene un impacto directo en el reparto de competencias y en el grado de autonomía que debe y necesita tener cada entidad y municipio, en beneficio del todo. Un federalismo con preeminencia del Ejecutivo, descoordinado y excesivamente centralizado, no hará sino aumentar las tensiones entre los órdenes de gobierno. Nos hemos limitado a discutir las reglas de acceso al poder como la inacabada discusión sobre lo electoral que, en su última reforma, del IFE se pasó al INE, ejemplo de centralismo, en vez de ahondar en las reglas de su ejercicio y distribución. Es indispensable que se convoque a una nueva Convención Nacional Hacendaria y antes, quizás, a un Consejo Nacional Fiscal. También es necesaria una instancia de coordinación intergubernamental, no solo a cargo de los gobernadores sino de todos los poderes para romper el círculo vicioso federación-estados-municipios que se ha enrarecido cada vez más con consecuencias impredecibles.