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Por qué los brasileños deberían temer a la oficina de odio

2020-08-04

Por Patrícia Campos Mello | The New York Times

SÃO PAULO — El 13 de junio, miembros de los “300 de Brasil”, una milicia bolsonarista de extrema derecha, lanzaron fuegos artificiales hacia el edificio del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, simulando un bombardeo. “Prepárese, Supremo de los bandidos… están llevando el país al comunismo”, dijo uno de los líderes, que transmitió la protesta en vivo. “¡Se acabó, carajo!”, dijo otro manifestante, haciéndose eco de las palabras que el presidente había usado para condenar una investigación del tribunal en contra de algunos de sus partidarios, que participan en campañas de desinformación y amenazan a los jueces.

¿De dónde vino este odio al máximo tribunal de Brasil?

En los meses previos al incidente de los fuegos artificiales, miles de cuentas de redes sociales, muchas de ellas cuentas falsas vinculadas a partidarios de Bolsonaro o blogueros de extrema derecha, publicaron amenazas contra los jueces del tribunal. Pidieron que se aboliera la corte o que el país regresara a una dictadura militar. Uno de los seguidores del presidente incluso habló de matar y desmembrar a los jueces y sus familias. Era cuestión de tiempo para que la animosidad se desbordara en la calle.

Este ambiente tóxico ha sido fomentado por lo que los brasileños llaman la “oficina de odio”, una operación dirigida por asesores de Bolsonaro, que patrocinan una red de blogs y cuentas de redes sociales que difunden noticias falsas y atacan a periodistas, políticos, artistas y a medios de comunicación que critican al presidente. La oficina de odio no tiene título ni presupuesto oficial, pero su trabajo se subsidia con dinero de los contribuyentes. No está claro cuántas personas trabajan para esta oficina ni quiénes son. De hecho, Bolsonaro y sus aliados niegan que exista. Pero las semillas del odio y la división que está sembrando amenazan con deshacer nuestra democracia.

El gobierno de Bolsonaro se enfrenta actualmente a tres investigaciones directamente relacionadas con esta máquina de odio. Una investigación del Supremo Tribunal está indagando ataques a miembros de la corte financiados por líderes empresariales y difundidos por la red bolsonarista. Otra está examinando el financiamiento de manifestaciones que piden el cierre del Congreso y del poder judicial. Cuatro investigaciones en el Tribunal Superior Electoral están analizando el uso de campañas de desinformación y difamación de mensajes a través de WhatsApp durante la campaña electoral de 2018, supuestamente financiado por líderes empresariales.

El 8 de julio, Facebook eliminó docenas de cuentas, algunas utilizadas por empleados de Bolsonaro y sus hijos. Tércio Arnaud Tomaz, un asesor especial de Bolsonaro, administró algunas de las cuentas, y se cree que él dirige la oficina de odio.

Lamentablemente, conozco demasiado de cerca a la oficina de odio. Durante los últimos dos años, he estado cubriendo la desinformación y la política. Me convertí en blanco en 2018, cuando expuse en el periódico Folha de São Paulo que unos líderes empresariales habían estado pagando por la difusión de millones de mensajes falsos a través de WhatsApp para influir en las elecciones presidenciales de ese año.

Como resultado, me he enfrentado a crudas amenazas y ataques personales. Los trolls e incluso los políticos han compartido memes en los que mi cara aparece en montajes pornográficos y refiriéndose a mí como prostituta. La gente me envía mensajes diciendo que debería ser violada. Estoy demandando a Bolsonaro, a su hijo Eduardo y a un bloguero bolsonarista por daños morales por declarar o insinuar repetidamente que ofrezco sexo a cambio de primicias.

Y no estoy sola. Muchas periodistas respetadas en Brasil también han sufrido ataques misóginos. La prensa, junto con los tribunales y el Congreso, es una de las últimas barreras que contiene al presidente. Pero no sé por cuánto tiempo más podremos resistir a Bolsonaro y sus seguidores. La retórica y las acciones cada vez más agresivas por parte del presidente, sus hijos y aliados sirven como justificación para que las milicias bolsonaristas pasen de los insultos a las injurias.

El 25 de mayo, sus partidarios acosaron a los periodistas cerca de la residencia presidencial en Brasilia. En los videos tomados ese día se ve cómo llaman extorsionistas y delincuentes a los periodistas. Una mujer grita: “¡Escoria! ¡Basura! ¡Ratas! ¡Bolsonaro hasta 2050! ¡Prensa podrida! ¡Comunistas!”.

Por supuesto, los periodistas no son los únicos que están siendo atacados. Durante el último año, la oficina de odio ha hecho que los brasileños se enfrenten y ha derribado la confianza en las mismas instituciones que fueron diseñadas para protegerlos.

El grupo estuvo detrás de una campaña difamatoria que calificó a Sergio Moro —exministro de Justicia estelar y el juez principal de Lava Jato, la investigación de corrupción en Brasil— como “traidor” y “comunista”. Moro renunció en protesta en abril y denunció la intromisión del presidente en una investigación de la Policía Federal para proteger a sus hijos y aliados de investigaciones criminales. Poco después de su renuncia, las redes sociales se inundaron con memes desde cuentas falsas que amenazaban a Moro.

Con la propagación del coronavirus, las noticias y curas falsas comenzaron a proliferar en las redes sociales, a menudo a través de legisladores federales con cientos de miles de seguidores. Bolsonaro ha quebrantado las pautas de distanciamiento social establecidas por los gobernadores, y asesores como Arnaud Tomaz afirmaron que la reacción a la COVID-19 fue exagerada y que la hidroxicloroquina, el fármaco antipalúdico promovido por Bolsonaro como una cura del coronavirus, podría matar el virus.

En abril, el gobierno comenzó a rastrear un “Marcador de la vida” en Facebook y Twitter, que registraba el número de pacientes que se habían recuperado. Luego, en junio, el Ministerio de Salud eliminó el número total de casos y muertes confirmados de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, y colocaron en su lugar un gráfico con los casos y muertes reportados en las últimas 24 horas. Posteriormente, el Supremo Tribunal ordenó al gobierno no ocultar datos.

Pero el coronavirus no se detiene por las agendas políticas. La “pequeña gripe”, como Bolsonaro se ha referido al virus que él y su esposa contrajeron en julio, ya ha matado a más de 94,000 brasileños, la segunda cifra más alta de muertos en el mundo. La campaña de noticias falsas del presidente ha resultado en una muerte prematura para miles de personas.

Más allá de las campañas de difamación y desinformación, el propósito de la oficina de odio es mucho más nefasto: debilitar las instituciones democráticas de Brasil. Las investigaciones del fiscal general revelaron que algunos legisladores están gastando fondos del gabinete en agencias de mercadotecnia que utilizan las redes sociales para fomentar protestas contra el tribunal y el Congreso, y a favor de la intervención militar en la política.

Esta incitación tiene la intención de convencer a los bolsonaristas de que los jueces del la tribunal son dictadores, y que la prensa y el Congreso están impidiendo que el presidente gobierne y conspirando un golpe de Estado. Bolsonaro podría estar preparando el terreno para justificar una intervención militar. Y en una democracia joven como Brasil, las instituciones pueden ser más frágiles de lo que parecen.

Aunque Bolsonaro fue elegido democráticamente, ha profesado admiración por el régimen militar que gobernó Brasil desde 1964 hasta 1985. Mucho antes de postularse a la presidencia, dijo que una guerra civil lograría lo que el régimen militar no pudo. También dijo que cerraría el Congreso si fuera presidente. Durante las elecciones presidenciales de 2018, sus hijos y seguidores imprimieron camisetas con la cara del coronel Alberto Brilhante Ustra, el principal torturador de la dictadura, una figura celebrada por el presidente.

Bolsonaro ha tratado de cumplir con su visión. En un esfuerzo por sortear el Congreso, ha firmado un número récord de órdenes ejecutivas y proyectos de ley diseñados para eliminar la independencia de las universidades públicas, que describe como guaridas del comunismo; restringir el acceso a la información, y debilitar sindicatos y periódicos. Ha intentado desobedecer los fallos del poder judicial.

Él ha dicho que quiere armar a la población entera, para que las personas puedan defenderse contra la “dictadura” del tribunal federal y los gobernadores. “Quiero que todos tengan armas porque una población armada nunca será esclavizada”, dijo durante una reunión de gabinete en mayo. Más tarde firmó una orden ejecutiva que facilita la importación de armas y aumenta la cantidad de municiones que una persona puede comprar en un año. En cualquier democracia funcional, todo esto equivaldría a un llamado a la insurrección.

Al presidente y sus secuaces no les gustaría nada más que silenciar a todos aquellos que iluminan los recovecos más oscuros de su gobierno.

Durante el último año, el objetivo de la oficina de odio se ha vuelto cada vez más importante: poner a los brasileños en contra de aquellos que han servido de controles y contrapesos contra el auge autoritario de Bolsonaro.

Ataques contra el tribunal o la agresión hacia un fotoperiodista durante una protesta contra el Congreso y a favor del golpe militar son señales de que de alguna manera la oficina de odio está teniendo éxito en su llamado a la insurrección.

La semana pasada, dos hombres en un automóvil equipado con altavoces aparecieron en la entrada de la casa del popular youtuber Felipe Neto con la intención de intimidarlo, y lo acusaron de destruir la “institución más importante, que es la familia”. Días antes, Neto denunció el manejo de la pandemia por parte del presidente en un video que apareció en esta sección. Uno de los hombres que lo amenazó había participado en el altercado de fuegos artificiales cerca del Supremo Tribunal Federal en Brasilia llevados a cabo por los “300 de Brasil”. El ataque es otro ejemplo de cómo el vitriolo propagado por la oficina de odio se extiende cada vez más allá de internet.

Si hay alguna esperanza de que nuestra joven democracia perdure, debemos permanecer vigilantes y continuar responsabilizando a este gobierno. Lo que está en juego no es solo la vida de los brasileños, sino las mismas instituciones —el Congreso, el poder judicial, la academia y los medios de comunicación— que por el momento han logrado impedir el auge del autoritarismo.