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Rosario Robles cumple un año en prisión a la sombra del ‘caso Lozoya’

2020-08-13

Luis Pablo Beauregard | El País

México.- Emilio Lozoya acapara los reflectores en México. El exdirector de Petróleos Mexicanos juega en libertad un papel clave para revelar los escándalos de corrupción que, presuntamente, llegarían a lo más alto de la cúpula de poder del Gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso Lozoya se ha convertido en la mejor arma para que la Administración de Andrés Manuel López Obrador hurgue en el pasado reciente. Este pragmatismo judicial ha relegado, por el momento, a un papel secundario a Rosario Robles. La secretaria de Estado en dos carteras del sexenio del PRI cumple un año en prisión preventiva. Sobre ella recae la sospecha de haber instrumentado La Estafa Maestra, otro de los grandes escándalos de desvíos millonarios que fueron revelados durante el mandato anterior.

La defensa de Robles asegura a este periódico que la exfuncionaria “está muy delgada” tras su primer año en el penal femenil de Santa Marta Acatitla. Ha perdido entre ocho y 10 kilos. Sufre hipertensión y toma antidepresivos. La extitular de Desarrollo Social resuelve sopas de letras, pinta cuadros y lee mucho. “Es una gran lectora”, asegura su abogado, Epigmenio Mendieta. Así transcurre el tiempo de lo que el abogado considera una venganza política del actual Gobierno en contra de su clienta, quien llegó a ser una estrella de la izquierda mexicana hasta que exploró un camino accidentado: sumarse al Gabinete de Peña Nieto.

En septiembre de 2018 fueron denunciados ante la Fiscalía presuntos actos de corrupción cometidos en la Secretaría de Desarrollo Social. La queja aseguraba que una trama ordeñó las arcas públicas mediante contratos simulados con universidades públicas de varios Estados. El dinero fue extraído de programas sociales destinados al combate al hambre, jornaleros agrícolas y pensiones a adultos mayores, entre otros. Estas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El daño fue por más de 1,200 millones de pesos (unos 53 millones de dólares), desaparecidos entre 2014 y 2017. Robles fue acusada por sus omisiones mientras encabezó la secretaría, entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, cuando fue cambiada a otra dependencia: Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La Estafa Maestra representa en total un desvío de 15,000 millones de pesos (673 millones de dólares) a través de las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) —bajo encargo de Lozoya— y el Banco Nacional de Obras.

La llegada de López Obrador al poder en diciembre de 2018 despertó la esperanza de que estos hechos fueran investigados. Se creía entonces que Rosario Robles sería utilizada por la Administración de Morena como el símbolo a sacrificar en nombre de la cruzada anticorrupción. Después llegó el 12 de febrero de 2020, fecha en la que Emilio Lozoya fue detenido en España después de varios meses a salto de mata. El arresto fue un dominó que desencadenó una reacción que hoy empuja a los tribunales a Peña Nieto y a su círculo más cercano gracias a que el exdirector de Pemex colabora con la justicia.

Así lo ha explicado este miércoles el fiscal general, Alejandro Gertz, quien habló de las similitudes de los casos de Lozoya y Robles en una charla con el académico Sergio Aguayo, de El Colegio de México. El exdirector de Pemex, dijo el fiscal, ha hecho una oferta formal y ha denunciado hechos que han generado “un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos (18 millones de dólares)”. En el caso que se sigue contra Robles “no hay eso y es un daño por 15,000 millones de pesos”. “La jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado para descubrir esa famosa Estafa Maestra”, añadió el abogado.

Robles no se ha acogido a la figura de testigo colaborador, como lo hizo Lozoya, por una sencilla razón. “No tiene a quién inculpar por delitos más graves”, asegura el abogado Mendieta. Directores generales, el oficial mayor y otros subordinados de Robles en Desarrollo Social ya han sido imputados. El letrado afirma que no existen indicios de que la exsecretaria haya robado dinero y que la Unidad de Inteligencia Financiera, que se ha convertido en el sabueso de delitos de cuello blanco de la Administración, no ha encontrado nada incriminatorio en su contra. En septiembre de 2019, no obstante, fue inhabilitada por 10 años del servicio público después de que se encontró que mintió en su declaración patrimonial.

Hoy Mendieta se queja de la “animadversión” que su clienta encuentra de parte de los jueces en las audiencias. Opina que la exfuncionaria tendría que estar en la calle “hace mucho tiempo”. Un juez, cuya independencia ha sido puesta en entredicho, decretó la prisión preventiva en agosto de 2019 porque consideró que Robles no pudo comprobar su domicilio con certeza y se corría el riesgo de una fuga. La medida fue decretada a pesar de que se considera una excepción reservada a casos de delincuencia organizada, homicidio, secuestro, violación y trata. No es el caso. “Fue una maniobra para tenerla en el reclusorio”, asegura el abogado.

No todos los especialistas creen que la prisión preventiva haya sido inmerecida. La abogada Adriana Greaves, de la organización Tojil, considera que la estrategia de la defensa se inclina a la victimización. “Fue un éxito del Ministerio Público que haya justificado la prisión preventiva... sí respondía a un riesgo real de que ella se diera a la fuga”, considera Greaves, quien conoce bien el caso. Experta en casos de corrupción política, Greaves estima que la Fiscalía está perdiendo esta batalla judicial. Las autoridades reclasificaron las acusaciones. Pasaron del delito de cohecho (soborno), penado hasta con 25 años, y ejercicio abusivo de funciones a unos menos graves como omisión y ejercicio indebido del servicio público, que se castigan máximo con siete años. “No se está desmantelando una red de corrupción. No es solo una omisión, aquí hubo un delito con todo el dolo”, asegura Greaves.

El abogado Mendieta tiene la certeza de que Rosario Robles estará en libertad en octubre si la pandemia permite desahogar el trabajo retrasado en los tribunales.