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Ciudad de México busca que los agresores de mujeres abandonen sus viviendas

2020-09-18

Almudena Barragán | El País

México.- La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado durante el segundo Informe de su gestión que presentará ante el Congreso local una iniciativa para proteger a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos. La medida refuerza la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que otorga la permanencia de las mujeres y sus hijos en el hogar familiar, sin importar que el agresor sea el propietario, tenga posesión del inmueble o sea el arrendatario. En caso de una orden en materia penal, la iniciativa señala que el agresor deberá desocupar la vivienda de inmediato y le obliga a ser el que pague la renta y cumplir con los compromisos económicos que brindaba antes.

“Que sea el agresor en una pareja quien deba dejar la vivienda en la que ambos viven. No tiene por qué enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio. Debe ser en la vivienda donde vive en donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir”, ha afirmado la jefa de Gobierno en su comparecencia virtual, celebrada esta mañana.

Pese a los esfuerzos del Gobierno de Ciudad de México por proteger a las víctimas con la declaración de la Alerta de Género en 2019, la tasa de feminicidios aumentó un 37% entre enero y julio respecto al mismo periodo de 2019, según cifras oficiales. La iniciativa que debe aprobar el Congreso de Ciudad de México, en manos de una mayoría de Morena, el partido de Sheinbaum, se suma a una serie de esfuerzos por combatir la violencia contra las mujeres. Entre estas medidas se encuentran también la creación de un banco de ADN de violadores, un registro de agresores sexuales y la implementación de la Ley Olimpia, que sanciona los delitos de ciberviolencia que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. “Falta mucho por hacer, pero seguimos trabajando de manera coordinada”, ha expresado la alcaldesa en su informe.

A la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus se suma la crisis por violencia de género que vive el país. Esta se ha visto agudizada en los últimos meses por el confinamiento, los recortes al presupuesto y el cierre de los tribunales por la crisis sanitaria, el cual ha quedado reducido a casos de urgencia. Esto ha dejado desamparadas a miles de mujeres, que han quedado sin órdenes de protección, el primer mecanismo con el que cuentan para alejarse de sus maltratadores ya que no se necesita denuncia o demanda para solicitarlo.

“Las órdenes de protección no han sido funcionales porque no se aplican conforme deberían aplicarse”, dice Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. “Me llama la atención que se enfatice como medida lo que ya viene en la Ley y que se plantee como alternativa a los refugios porque tenemos muchos testimonios de mujeres que aún con medidas de protección vivieron agresiones, fueron revictimizadas por la policía o incluso hay un caso en Yucatán en el que la mujer que tenía la orden protección fue víctima de feminicidio en su casa”, señala la activista, quien agrega que la falta de presupuesto hace muy difícil que las autoridades puedan proteger a cada una de las mujeres que interpusieron una orden de protección contra su agresor. Según el Banco Nacional sobre Casos de Violencia (Banavim) entre 2010 y 2020 se emitieron 63.464 órdenes de protección en el país.

“Tal y como está nuestro país una orden de protección no basta para alejar a una mujer de su agresor, antes de sustituir los refugios deberíamos de fortalecer el sistema de protección de las mujeres. Ojalá que algún día los refugios no existan, eso significaría que la justicia para las mujeres funciona”, sentencia Figueroa.

Durante la pandemia solo siete de 32 Poderes Judiciales en el país, siguieron contemplando el funcionamiento de las órdenes de protección, según señala en un informe la organización Equis Justicia para las Mujeres. En el caso de Ciudad de México sí hubo guardias para emitir órdenes de protección durante la pandemia, pero la organización apunta que no se comunicó esta medida “de manera explícita” a la ciudadanía.