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Gertz Manero asegura que Tomás Zerón robó 1,000 millones de pesos “como pago por sus infamias”


2020-09-27

Pablo Ferri, El País

Tomás Zerón, antiguo responsable de la investigación por el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, “se robó más de 1,000 millones de pesos del presupuesto de la fiscalía con la anuencia de sus superiores”, ha denunciado este sábado el fiscal general, Alejandro Gertz, en el marco del informe sobre el estado de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Justo este sábado se cumplen seis años del ataque contra los estudiantes y la desaparición forzada de 43 de ellos.

“Zerón sustrajo el dinero con varios cómplices, de manera fraudulenta y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”, ha añadido el fiscal general. El discurso de Gertz ha sido el más contundente de los escuchados este sábado en Palacio Nacional. Según sus palabras, Zerón huyó a Canadá cuando supo que la fiscalía le investigaba por peculado. “En cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondientes, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá. Pero él, inmediatamente, huyó a Israel, país al que ya se le ha pedido su apoyo”.

Así, la carrera de Zerón trasciende al caso Ayotzinapa y apunta a un tema de malversación de fondos. Más aún, implica a “sus superiores”, como ha dicho Gertz. Esto es, al procurador general de entonces, Jesús Murillo Karam. Gertz, que se ha conectado al evento por videoconferencia, no ha dicho si la fiscalía investiga a Murillo Karam.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha cerrado el evento insistiendo en que el caso no va a quedar en la impunidad. “Hay condiciones muy favorables para saber el paradero de los muchachos. Pero por la prisa, o por presiones, no vamos a fabricar otra falsedad. Otra llamada verdad histórica. Debemos tener consenso de que así fueron los hechos. No vamos a ocultar nada”, ha dicho el mandatario.

Otra de las novedades del sábado ha sido la confirmación de que la fiscalía busca a militares por su participación en el ataque contra los estudiantes normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Entonces, elementos del 27 Batallón de Infantería llegaron a un hospital cerca de uno de los escenarios del ataque en Iguala, donde un grupo de 25 estudiantes se había refugiado. Los normalistas llegaron allí con un compañero, Edgar Andrés, con una herida grave de bala en la cara. Lejos de auxiliarles, los estudiantes dicen que los militares les regañaron, les amenazaron y no dejaron de apuntarles con las armas. Les decían cosas como “si se mueven les disparamos”, “sigan secuestrando autobuses”, “tengan los huevos suficientes para afrontar las cosas”. Luego les hicieron fotos, les tomaron los nombres y se fueron. El responsable de los militares esa noche era el capitán José Martínez Crespo. Como informaba el viernes EL PAÍS, Crespo podría ser uno de los militares que busca la fiscalía.

El caso podría escalar más. Recientemente, la revista Proceso publicó parte de la declaración de un viejo detenido, presunto integrante de Guerreros Unidos, que se ha acercado a la fiscalía a aportar información. La fiscalía lo llama Juan. Según su versión, los militares tuvieron un papel activo en la desaparición de los muchachos y su entrega a criminales de Guerreros Unidos durante el ataque.

Antes de Gertz y de López Obrador ha habado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que ha repasado los números de la investigación y ha cargado duramene con los jueces señalados de corrupción, vinculados al caso. “Está el caso del Samuel Ventura Ramos, que dictó a libertad de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada. Y también está el juez que dejó en libertad a marco Antonio 'R' capturado tras volver de EE UU”. Encinas se refiere a Ríos Berber, presunto integrante de Guerreros Unidos. “Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas. Y dan cuenta de la corrupción qu prevalece en distintas áreas de impartición de justicia en el país”.

El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, ha tomado también el micrófono. Gómez ha señalado la dificultad de investigar, no solo por el paso del tiempo, sino por la “lápida que sepultaba la investigación”. El investigador, antiguo integrante del equipo de expertos independientes comisionado por la OEA en 2015 para investigar el caso, ha dicho que “Zerón no actuó solo”. Gómez ha explicado que “fiscales de la fiscalía de delincuencia organizada y otros funcionarios fueron dejando huellas en diversas averiguaciones previas de su ilícito actuar. Hemos encontrado pruebas de cómo quisieron ocultar la verdad”.

Tanto para Gómez como para Encinas, el momento actual de las investigaciones es crucial. “Esta parte es compleja”, ha dicho Encinas. “Es el momento de la judicialización de las investigaciones y la ruptura del pacto de silencio”, ha matizado el funcionario. “Estamos investigando para romper los pactos de silencio”, ha insistido Gómez. La detención de funcionarios de la antigua fiscalía y de la vieja procuraduría de Guerrero podría ayudarles a reconstruir la vieja investigación. Las pesquisas sobre cómo se construyó la vieja investigación, además de los testimonios de viejos detenidos y agentes de cuerpos de seguridad federales es el camino a la verdad de la fiscalía que encabeza Gómez. Ahora mismo no se sabe qué pasó, ni por qué. Pero al menos se sabe lo que no pasó.



JMRS


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