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HRW denuncia los campos de Myanmar para rohinya desplazados

2020-10-08

Por GRANT PECK

BANGKOK (AP) — La detención de facto de 130,000 personas de etnia rohinya en miserables campos en Myanmar equivale a una forma de apartheid, denunció un grupo de derechos humanos el jueves, instando al mundo a presionar al gobierno de Aung San Suu Kyi para que los libere.

Los campamentos son un legado de la larga discriminación contra la minoría musulmana rohinya en un país de mayoría budista, y fueron la consecuencia inmediata de la violencia comunitaria que comenzó en 2012 entre los rohinya y el grupo étnico budista rakhine. Los combates dejaron a personas sin hogar en ambos bandos, pero casi todos los rakhine han vuelto a sus casas o fueron reubicados y los rohinya no.

En su nuevo reporte, Human Rights Watch dijo que las condiciones inhumanas en 24 campos con fuertes restricciones y el aislamiento de comunidades en el estado occidental de Rakhine amenazan el derecho a la vida y otros derechos básicos de la minoría.

“Las graves limitaciones al medio de vida, movimiento, educación, atención médica y a una alimentación y alojamiento adecuados se han vidsto agravados por las amplias restricciones a la ayuda humanitaria, de la que los rohinya dependen para sobrevivir”, señaló el informe. “Los detenidos en los campos enfrentan tasas más altas de desnutrición, enfermedades transmitidas por el agua y mortalidad infantil y materna que sus vecinos de etnia rakhine”.

“Las afirmaciones del gobierno de que no está cometiendo los crímenes internacionales más graves sonarán vacías hasta que no corte el alambre de púas y permita que los rohinya regresen a sus casas, con todas las protecciones legales”, dijo Shayna Bauchner, investigadora sobre Asia en Human Rights Watch y autora del reporte.

El gobierno de Myanmar no respondió de inmediato al informe. Los rohinya no están reconocidos como una minoría oficial en el país, donde sufren una discriminación generalizada y a la mayoría se les niega la ciudadanía y otros derechos básicos. Muchos miembros de otras etnias consideran que los rohinya son inmigrantes de Bangladesh que están en el país de forma ilegal.

Quienes viven en los campos no pueden moverse libremente por las políticas formales y las prácticas específicas, puestos de control, cercas de alambre de púas y un sistema generalizado de extorsión que hace que viajar sea prohibitivo, agregó Human Rights Watch.

El reporte destacó también que la falta de oportunidades educativas y de empleo está causando daños sistémicos. “Esta privación de educación es una violación de los derechos fundamentales de los 65,000 niños que viven en los campamentos. Sirve como una herramienta de marginación y segregación de los rohinya a largo plazo, alejando a las generaciones más jóvenes de un futuro de autosuficiencia y dignidad, así como de la capacidad de reintegrarse a una comunidad más amplia”, añadió.

En abril de 2017, el gobierno birmano anunció planes para comenzar a cerrar los campos, pero según Human Right Watch éstos incluyeron la construcción de estructuras permanentes en su lugar, “agravando la segregación y negando a los rohinya el derecho a regresar a sus tierras, reconstruir sus viviendas, volver a trabajar y reintegrarse a la sociedad de Myanmar, violando sus derechos fundamentales”.

Más tarde ese año, las fuerzas de seguridad birmanas libraron una brutal campaña de contrainsurgencia contra la minoría musulmana. La violencia dirigida por el ejército incluyó la quema de aldeas, violaciones y asesinatos, y se estima que llevó a 740,000 rohinya a buscar refugio en el vecino Bangladesh. Los tribunales internacionales están tratando de determinar si se cometió genocidio.