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Rosario Robles acepta ser testigo protegido de la Fiscalía

2020-11-23

Por Jon Martín Cullell |  El País

Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aceptado convertirse en testigo protegido de la Fiscalía, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la defensa este lunes. La política mexicana, en prisión preventiva desde hace más de un año por su presunta vinculación con una trama de desvíos millonarios, se ha acogido al llamado criterio de oportunidad, por el que la Fiscalía puede ofrecerle beneficios a cambio de información. La cooperación de Robles abre otro boquete en el caparazón de la Administración anterior, ya muy golpeado por las continuas acusaciones de corrupción, y amenaza con estrechar aún más el cerco sobre el expresidente Peña Nieto.

La decisión de colaborar supone un giro en la estrategia judicial de Robles. Hasta ahora, la exsecretaria había rechazado las ofertas de la Fiscalía General de la República (FGR) y afirmaba que la investigación abierta contra ella era producto de una venganza política del actual Gobierno. Para explicar el cambio de rumbo, fuentes cercanas a la defensa dicen que está “cansada y enferma” y aseguran que “en los próximos días” se dará a conocer una “declaración ministerial” de la ex alto cargo, aunque todavía se desconocen los detalles del acuerdo con el Ministerio Público.

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social entre finales de 2012 y mediados de 2015, ingresó a prisión en agosto de 2019 tras ser acusada de un delito de omisiones que causaron un grave daño patrimonial a la hacienda pública. En el centro de la causa contra Robles está su participación en la llamada Estafa Maestra, un entramado que supuestamente desvió 15,000 millones de pesos (673 millones de dólares) a través de las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Banco Nacional de Obras. En 2015, la funcionaria pasó a otra dependencia, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Robles sigue los pasos de otro compañero de Gabinete, Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex. El funcionario se acogió al criterio de oportunidad tras ser arrestado en España acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. En su declaración ante el Ministerio Público, Lozoya señaló al expresidente Peña Nieto y a su mano derecha Luis Videgaray de tener pleno conocimiento de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a una retahíla de políticos mexicanos de diversos partidos para, entre otras cosas, facilitar la aprobación de la reforma energética y obtener contratos de obra pública.

La cooperación de Robles representa otra victoria de la Fiscalía en su intento por investigar la corrupción rampante de la anterior Administración. Desde su llegada al poder en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha apoyado públicamente esos esfuerzos. El criterio de oportunidad, una de las claves del éxito, está contemplado en el artículo 21 de la Constitución mexicana y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo este esquema, el acusado debe aportar información suficiente sobre otras personas de mayor rango para la persecución de un delito más grave y comprometerse a testificar en un juicio contra ellos.