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Los errores que desencadenaron el asalto al Capitolio: ‘Fue un fracaso’


2021-01-12

Por Mark Mazzetti, Helene Cooper, Jennifer Steinhauer, Zolan Kanno-Youngs, Luke Broadwater | The new York Times

La mala planificación entre una serie de agencias gubernamentales y una multitud inquieta alentada por el presidente Trump prepararon el escenario para lo impensable.

Amontonados en un centro de operaciones el miércoles 6 de enero por la tarde, la alcaldesa de Washington Muriel Bowser y sus asesores vieron una fotografía que mostraba manchas de sangre en una tribuna temporal del Capitolio, una estructura provisional que fue construida para la investidura del nuevo presidente que se celebraría en dos semanas.

La enormidad del fracaso fue evidente.

Un grupo de alborotadores rompió el delgado cerco policial de los escalones del Capitolio e iba en busca de cientos de legisladores que realizaban el acto ceremonial cuatrienal de certificar el voto presidencial. Y la alcaldesa y su equipo no pudieron detener el ataque.

Bowser y su jefe de policía llamaron al Pentágono para solicitar que movilizaran tropas adicionales de la Guardia Nacional de D. C. para reforzar lo que las autoridades se percataron de que era una protección inadecuada en el Capitolio. Pero les dijeron que esa solicitud debía provenir de la Policía del Capitolio.

En una llamada al jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, se enteraron de que su fuerza estaba bajo asedio, que los legisladores estaban siendo trasladados rápidamente a un lugar seguro y que los insurrectos estaban pisoteando cualquier atisbo de autoridad. Sund no paraba de repetir la misma frase: “La situación es crítica”.

Para ir al grano, una persona en la llamada hizo una pregunta tajante: “Jefe Sund, ¿está solicitando la presencia de tropas de la Guardia Nacional en los terrenos del Capitolio?”.

Hubo una pausa.

“Sí”, respondió Sund.

Sin embargo, días antes, la Policía del Capitolio y la Policía Metropolitana de la ciudad habían rechazado varios ofrecimientos de mayor apoyo por parte de la Guardia Nacional —excepto por un contingente relativamente modesto para controlar el tráfico— por lo que no se gestionó la presencia de soldados adicionales. Les tomó cuatro horas poder llegar.

Ese fue apenas uno de una gran lista de errores que fueron cometidos ese día —y durante las semanas previas— que resultaron en la primera ocupación del Capitolio de Estados Unidos desde que las tropas británicas incendiaron el edificio durante la guerra angloestadounidense de 1812. Pero en esta ocasión, la muerte y la destrucción fueron causadas por estadounidenses, unidos por la retórica incendiaria de un presidente estadounidense que se negó a aceptar la voluntad de más de 81 millones de ciudadanos que decidieron sustituirlo a través del voto.

El llamado que hizo el presidente Donald Trump en un mitin celebrado ese mismo día para que la multitud marchara hacia el Capitolio fue, sin duda, la chispa que ayudó a encender los disturbios mortales que dejaron un saldo de cinco muertos —incluyendo a un oficial de policía y a una mujer que irrumpió en el edificio— decenas de heridos y un daño a la reputación que tenía el país de realizar transferencias pacíficas de poder. Sin embargo, la leña de ese incendio se había estado acumulando durante meses, con cada tuit de que las elecciones habían sido robadas, cada negativa de los legisladores republicanos a reconocer a Joe Biden como el próximo presidente, y cada comentario incendiario que envalentonó a los grupos supremacistas blancos a atacar de manera violenta.

Tomará meses o incluso años realizar el recuento completo de la situación, y muchos legisladores ya han solicitado la creación de una comisión formal para iniciar una investigación.

Sin embargo, un análisis inicial del asedio realizado por The New York Times reveló numerosas fallas. El caos demostró que las agencias gubernamentales no tienen un plan coordinado para defenderse de un ataque al Capitolio —en especial uno dirigido por poderosos funcionarios electos— aunque las agencias del orden público llevan años advirtiendo sobre la creciente amenaza del terrorismo interno. QAnon, un grupo de conspiración en línea bien representado entre los insurrectos, ha sido etiquetado como una amenaza terrorista nacional por el FBI.

Durante los días previos a los disturbios, las agencias federales y la Policía del Capitolio al parecer no emitieron ninguna advertencia seria de que la concentración podía tornarse violenta, a pesar de las innumerables publicaciones en redes sociales y sitios web de derecha que prometían enfrentamientos y hasta derramamiento de sangre.

El Departamento de Seguridad Nacional convocó a las agencias policiales locales a una reunión en su sala de crisis —realizada en línea durante la pandemia— el día anterior a los disturbios, lo que según algunos expertos en seguridad fue demasiado tarde.

La mala planificación y comunicación entre una serie de agencias del orden público federales, estatales y locales limitó la respuesta a los disturbios. Una vez que se rompió el cerco de seguridad del Capitolio, una amalgama improvisada de refuerzos se vio obligada a intentar transitar por un complejo laberíntico de pasajes y caminos desconocidos que resultarían ser peligrosos.

Por encima de todo, el fiasco demostró que las agencias gubernamentales no estaban preparadas para una amenaza que, hasta hace poco, parecía inimaginable: cuando la persona que incita la violencia es el presidente de Estados Unidos.

La Policía del Capitolio y el Departamento de Policía Metropolitana no respondieron a las solicitudes de comentarios. El jefe de gabinete de Bowser, John Falcicchio, dijo que los funcionarios del Departamento de Defensa fueron los que determinaron la cantidad de personal desplegado. Pero funcionarios del Pentágono afirmaron que habían tomado esas decisiones con base en las solicitudes específicas que recibieron.

Las recriminaciones comenzaron casi de inmediato, y la violencia también trajo consigo una triste realidad: Estados Unidos corrió con suerte. Cientos de insurrectos con armas largas y cocteles molotov irrumpieron en la sede del poder estadounidense, algunos con la clara intención de herir, tomar rehenes o incluso asesinar a funcionarios federales para evitar que certificaran las elecciones. Al final, todos los legisladores pudieron ser trasladados a un lugar seguro.

“Fue un fracaso enormemente vergonzoso que, de inmediato, se convirtió en un momento infame en la historia de Estados Unidos”, dijo R. P. Eddy, un exdiplomático y exfuncionario antiterrorista que en la actualidad dirige una compañía privada de inteligencia. “Pero pudo haber sido mucho peor”.

Advertencias perdidas

“El Capitolio es nuestro objetivo. Todo lo demás es una distracción”, anunciaba una publicación en las redes sociales de extrema derecha, un día antes del levantamiento. “Cada miembro corrupto del Congreso encerrado en una habitación y rodeado de estadounidenses reales es una oportunidad que nunca se volverá a presentar”.

Ese fue solo un ejemplo de cómo los extremistas se estaban organizando en las redes sociales.

En grupos privados de Facebook, los activistas que planeaban hacer el viaje a la capital no solo discutieron la logística como hoteles y viajes compartidos, sino también dormir en autos y armar carpas en caso de que necesitaran “ocupar” la ciudad. Muchos comentarios incluían fotografías de armas y municiones que planeaban traer.

En las plataformas de redes sociales más pequeñas, como Parler y Gab, que se convirtieron en lugares de reunión de la extrema derecha, los llamados a la violencia fueron más abiertos. En los días previos al 6 de enero, decenas de publicaciones enumeraron los rifles de asalto y otras armas que la gente afirmaba que estaban trayendo a Washington. Las personas discutían qué tipos de municiones eran las mejores y si los médicos estarían disponibles para quienes podían resultar heridos.

Las fuerzas policiales y agentes de otros cuerpos de seguridad estaban al tanto de las conversaciones y tomaron algunas medidas para tratar de reducir las posibilidades de violencia. Los funcionarios de seguridad nacional pusieron agentes tácticos en espera en el centro de Washington. El FBI interrogó a los neonazis que estaban bajo investigación y planeaban asistir a las manifestaciones, lo que hizo que algunos de ellos cambiaran sus planes y decidieran no viajar, dijeron las autoridades.

Y el lunes, la Policía Metropolitana detuvo a Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, un grupo de extrema derecha. Antes del mitin, la policía también anunció que cualquier persona que planeara presentarse armada a las manifestaciones, en violación de las leyes locales sobre armas de fuego, sería arrestada.

Pero hubo muchas oportunidades perdidas. A pesar de las ominosas publicaciones en las redes sociales, los funcionarios que lideran los centros de intercambio de inteligencia en todo Estados Unidos no recibieron advertencias del gobierno federal sobre la posible amenaza contra el Capitolio.

“No vimos ningún plan federal relacionado con esto”, dijo Mike Sena, presidente de la Asociación Nacional Centro de Fusión. Esos centros se formaron después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 para mejorar la comunicación y la planificación entre las agencias federales y locales.

Un fiscal federal de alto rango en el Medio Oeste dijo que ni siquiera habló con los principales funcionarios del FBI en su ciudad sobre los residentes locales que posiblemente iban a viajar a Washington. Más tarde, los funcionarios dijeron que lo que el FBI detectó en las plataformas en línea equivalía a una actividad protegida por la Primera Enmienda, a pesar del lenguaje incendiario usado en las publicaciones de las redes sociales.

Los expertos en inteligencia denunciaron la incapacidad, o la negativa de los analistas gubernamentales para brindar una advertencia adecuada sobre la violencia que era inminente.

“Resulta evidente que el impulso de la violencia se ha desplazado hacia la derecha en este país. Hemos visto eso en una ciudad tras otra”, dijo Eddy. “Hubo una falla entre las fuerzas del orden para imaginar que las personas que ‘se parecen a mí’ harían eso”.

Chase Jennings, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que en los días previos al asalto en el Capitolio, la agencia “tenía canales abiertos con sus socios y compartía información en esos canales”.

Las protestas del año pasado

Sobre los preparativos pesaba la dura respuesta del gobierno a las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter durante el verano. En junio, Trump desplegó agentes y equipos tácticos no identificados en las calles de Washington en contra de los deseos de Bowser, y los agentes lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, lo que hizo que el presidente pudiera caminar hasta una iglesia cercana y posar para una sesión fotográfica con una Biblia. En el periodo previo a la violencia del miércoles, se hizo evidente la fractura en la relación entre las fuerzas del orden locales y federales.

El martes, Bowser les envió una carta a los principales funcionarios de los cuerpos de seguridad advirtiendo sobre los despliegues excesivos. Aunque la ciudad había solicitado algunas tropas de la Guardia Nacional para el control del tráfico, señaló que la policía de D. C. no había solicitado personal adicional de las agencias policiales para los mítines del miércoles y se refirió al despliegue agresivo de junio.

Sin embargo, los funcionarios federales les dijeron a los legisladores que estaban preparados. David L. Bowdich, el subdirector del FBI, le aseguró al senador por Virginia Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, que tenía los recursos para controlar la manifestación de Trump.

El Departamento de Justicia consideraba que ese evento sería relativamente pacífico, dijeron las autoridades. El fiscal general interino, Jeffrey A. Rosen, trabajó el miércoles desde su oficina en vez de usar la sala de guerra del FBI, donde se desarrolló la respuesta a la crisis.

El martes, varios funcionarios —incluido el jefe Sund de la policía del Capitolio— se reportaron con la representante demócrata por California Zoe Lofgren, quien también es la presidenta del Comité de Administración de la Cámara. El mensaje fue similar al que el jefe Sund les había dado a otros legisladores durante los últimos días.

“El jefe de policía y el sargento de armas me dijeron que todo está bajo control y que habían previsto todas las contingencias”, dijo Lofgren en una entrevista. “Eso resultó ser completamente falso”.

‘Una situación activa y hostil’

A los pocos minutos de que la turba irrumpiera en el Capitolio, los insurrectos empezaron a golpear las puertas de la galería de la Cámara de Representantes, donde un grupo de casi dos docenas de legisladores estaban atrapados. Los sonidos de los cristales rotos resonaron en la cámara.

“Pensé que tendríamos que resistir todo lo que pudiéramos o pelear para poder salir”, dijo el representante demócrata por Colorado Jason Crow, un antiguo ranger del ejército que estuvo en Irak. “Fue una situación bastante peligrosa”.

Un grupo de la Policía del Capitolio que fue superado en número intentó varias tácticas para mantener a raya los disturbios: pusieron barricadas, utilizaron gas pimienta e intentaron bloquear el paso a la multitud en las puertas y ventanas del edificio. Pero todas esas medidas fracasaron.

Los legisladores no tenían un plan de evacuación claro, por lo que tuvieron que improvisarlo.

Crow dijo que alejó a otros legisladores de la puerta al levantar barricadas dentro de la galería, los ayudó a ponerse las máscaras para protegerse contra los gases lacrimógenos, les pidió que se quitaran los prendedores de la solapa de la Cámara para evitar ser atacados y sacó su única arma: un bolígrafo.

El legislador afirma que, después de casi 30 minutos, la Policía del Capitolio y unos oficiales del equipo SWAT abrieron una vía para salir de la galería, sobre el piso de la Cámara, y sacaron a los representantes.

La policía dirigía la evacuación, con las armas a mano, y fue entonces que el grupo tropezó con el caos, según explica Crow. Algunos policías se apresuraron a poner barricadas en otras puertas para bloquear a la turba. Otros inmovilizaron a algunos alborotadores en el suelo para permitir el paso de los legisladores.

Debido a los esfuerzos para restringir el número de personas en la cámara, varios legisladores y asistentes se refugiaron en sus oficinas que están repartidas por el complejo. Algunos no fueron contactados por la policía, incluso cuando se atrincheraron en el interior.

Muchos de los miembros de la Cámara de Representantes permanecieron en un lugar seguro, donde podrían haber estado expuestos a alguien con coronavirus, dijeron el domingo las autoridades sanitarias de la sede legislativa.

Lisa Blunt Rochester, representante demócrata por Delaware, presionó a un grupo de republicanos para que usaran las máscaras, sin éxito. Los representantes Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, y Liz Cheney, republicana por Wyoming, informaron lo que sucedía en la sala, mientras los legisladores llamaban a sus familias y verificaban cómo estaban los miembros de su personal.

En el Senado, los asaltantes se acercaron peligrosamente a los legisladores. Mientras se acercaban, un policía del Capitolio empujó intencionalmente a uno de los alborotadores y la multitud lo persiguió. La maniobra del oficial ayudó a alejar a la turba de una entrada del Senado a varios metros de distancia, según un video tomado por Igor Bobic, un reportero del HuffPost.

En un lugar seguro que no ha sido revelado, el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, le gritó al sargento de armas del Senado, Michael C. Stenger, exigiéndole un plan y ordenándole que despejara a los alborotadores, según una persona en la sala. Stenger estaba dando vueltas, dijo la persona, sin proyectar ningún tipo de confianza acerca de que tenía el control de la situación. Posteriormente renunció, al igual que Sund. En todo el Capitolio, voces urgentes se escuchaban a través de las radios de la policía dando detalles sobre el asedio.

“Definitivamente se escuchó un mayor sentido de urgencia” en los canales de radio de la policía cuando los alborotadores irrumpieron en el lado este del Capitolio, dijo Ashan M. Benedict, director de la oficina de Washington de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), quien estaba trabajando con la Policía del Capitolio en la cercana sede del Partido Republicano, donde se encontró una bomba casera.

Benedict contactó a un comandante del equipo SWAT de la Policía del Capitolio que estaba dentro del complejo y reconoció que necesitaban ayuda inmediata, pero dijo que necesitaba un momento para gestionar la solicitud oficial.

Los equipos de la ATF y el FBI pronto se dirigieron al Capitolio. Ninguna oficina entrena a sus agentes para el control de multitudes o disturbios, y tendrían que encontrar una manera de entrar para ayudar a despejar el Capitolio y rescatar a los miembros del personal y empleados.

Cuando Benedict y su ayudante finalmente ingresaron al edificio, fue una locura, recordó. Nubes de gases nocivos —usados por los alborotadores— flotaban por los pasillos. Con la ayuda de un oficial de policía del Capitolio, ayudaron a sus equipos a atravesar una creciente multitud de alborotadores en el lado sur del edificio.

“Entramos a una situación activa y hostil”, dijo Benedict. “Algunos nos agradecían por nuestro servicio. Y otros nos pedían que no protegieramos el Capitolio sino que los apoyáramos”.

Caos y confusión

A 53 kilómetros de distancia, en Annapolis, Maryland, el gobernador republicano Larry Hogan estaba en una videoconferencia con el embajador japonés cuando su jefe de gabinete se apresuró a entrar en su oficina y le dijo: “El Capitolio está siendo atacado”.

Minutos después sonó el teléfono del gobernador: era una llamada del representante por Maryland Steny H. Hoyer, líder de la mayoría de la Cámara.

“Estaba alterado. Estaba agitado. Estaba estresado”, recordó Hogan en una entrevista. “Me dijo, ‘Gobernador, estoy en una habitación con Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Necesitamos ayuda. ¿Qué puedes hacer?’”.

Para ese entonces, la turba había violado la seguridad del edificio, y Bowser y los miembros de su personal habían comenzado a hacer llamadas urgentes para movilizar más tropas de la Guardia Nacional de D. C, y trasladar a las que ya estaban en la ciudad al Capitolio. En los días previos, Bowser había solicitado un contingente relativamente pequeño de 340 soldados de la Guardia Nacional, y solo para controlar el tráfico y ayudar a proteger las paradas de transporte público, un esfuerzo para evitar la presencia federal militarizada que había sido un factor importante en la respuesta a las protestas en junio.

Una de esas llamadas estaba dirigida a Hogan para pedirle que enviara tropas de la Guardia Nacional de Maryland a la ciudad. Como Washington, D. C., no es un estado esa solicitud debía ser aprobada por el Secretario de Defensa interino, Christopher C. Miller.

De repente, sonó el teléfono de Hogan. Era Ryan D. McCarthy, el secretario del ejército y jefe de facto de la Guardia Nacional de D. C. Preguntó si las tropas de Maryland podían llegar de inmediato.

“Le dije: ‘Sí, hemos estado esperando’”, recuerda Hogan.

Bowser tuvo problemas similares. Incluso después de la llamada telefónica cuando Sund dijo que necesitaba tropas de la Guardia Nacional para rechazar a los asaltantes, una solicitud que la alcaldesa y los miembros de su personal pensaron que inmediatamente provocaría una orden de refuerzos, los funcionarios del Pentágono no se comprometieron a enviarlos.

El general Walter E. Piatt, director del Estado Mayor del ejército, estaba en esa llamada y reaccionó con cautela a la solicitud de Sund. Dijo que no tenía la autoridad para enviar tropas por lo que la solicitud tendría que pasar por su cadena de mando y se necesitaba un plan sobre cómo se desplegaría la Guardia Nacional.

Robert J. Contee, jefe de la Policía Metropolitana, se puso lívido.

“¿Estás denegando la solicitud?”, le preguntó tres veces al general Piatt.

“No estamos denegando la solicitud”, insistió el general. Pero insistió en que primero tendría que solicitar la aprobación. Luego finalizó la llamada telefónica.

Dentro del centro de comando del alcalde, donde los funcionarios recordaron la debacle de junio cuando los militares enviaron un helicóptero a las protestas del movimiento Black Lives Matter, la frustración se convirtió en ira.

“La Policía del Capitolio estaba solicitando a la guardia, no estaban cumpliendo con la solicitud, y veíamos sangre en el suelo del Capitolio de Estados Unidos. Así fue ese momento para mí”, dijo Falcicchio, jefe de gabinete de la alcaldesa Bowser.

En una entrevista, el general Piatt defendió su cautela.

“Lo último que quieres hacer es desplegar fuerzas sin tener idea de hacia dónde se dirigen, y de repente todo se vuelve mucho peor”, dijo.

Dentro del Capitolio sitiado, los legisladores estaban haciendo sus propias solicitudes urgentes al Pentágono. La representante demócrata por Michigan Elissa Slotkin, y exfuncionaria de defensa, llamó al general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, para pedir ayuda a la Guardia Nacional.

“Lo que escuché es que el Pentágono realmente tenía dificultades con la solicitud”, dijo, debido a la respuesta a las protestas de junio que habían generado intensas críticas contra el Departamento de Defensa y el general Milley.

“Todos deberíamos reconocer que esa fue una decisión difícil” debido a la violencia del año pasado, dijo Slotkin. “Le dije, ‘Mark, entiendo absolutamente que estás entre la espada y la pared. Pero necesitamos ayuda aquí’”.

Finalmente, alrededor de las 3:00 p. m., Miller decidió que se desplegarían todos los soldados disponibles de la Guardia Nacional de D. C. (1100 efectivos).

Llegó la ayuda

Mientras el Pentágono deliberaba, los funcionarios de la ciudad enviaron un llamado urgente a todas las fuerzas policiales locales pidiendo ayuda.

Ed Roessler, el jefe de policía del condado de Fairfax, Virginia, conducía cuando sonó su teléfono a las 2:27 p. m. Un diputado le dijo que acababa de emitirse un llamado a través del sistema radial de ayuda mutua de la policía que usan las agencias policiales en la región de Washington. Quedó atónito.

“Fue surrealista”, dijo el jefe Roessler, un veterano de 32 años en el departamento. “Para que fuese una solicitud del sistema de radio de ayuda mutua de la policía, no recuerdo nada de ese nivel”.

Un funcionario de los alguaciles de Estados Unidos habilitó rápidamente a unos 40 oficiales del condado de Fairfax y los envió a Washington. En el Capitolio, se reunieron en formación de cuña y entraron para ayudar a expulsar a los alborotadores.

Luego montaron guardia mientras los oficiales de otras agencias hacían un perímetro de seguridad más grande alrededor del Capitolio.

Se enviaron otras solicitudes de asistencia, y la Policía del Capitolio también buscó ayuda del Departamento de Seguridad Nacional pero eso sucedió más de una hora después de que los asaltantes rodearan el Capitolio y la policía disparara por primera vez lo que parecían ser granadas explosivas.

Cuando la solicitud llegó a las 2:30 p. m., el Servicio Secreto desplegó agentes uniformados y especiales, según Kenneth T. Cuccinelli II, subsecretario interino de Seguridad Nacional, la agencia matriz del Servicio Secreto.

Cuando se le preguntó si se preguntaba por qué la solicitud de la policía del Capitolio llegó a las 2:30, Cuccinelli dijo: “Está bastante claro que, desafortunadamente, no estaban preparados”.

Repartiendo culpas

Cuando la turba irrumpió al Capitolio, el senador republicano por Dakota del Norte Kevin Cramer, hizo una rápida oración.

Mientras él y los otros senadores salían de la cámara hacia el sótano, un oficial les pidió que se apresuraran porque los alborotadores estaban pisándoles los talones. “‘Muévanse más rápido, gente, que están justo detrás de nosotros’, dijo el oficial. Eso fue grave”, recuerda Cramer.

Cuando ya estaban fuera del peligro inminente, los senadores pasaron lista. Cuatro estaban desaparecidos, incluyendo a Tammy Duckworth, senadora demócrata por Illinois, quien utiliza una silla de ruedas debido a las lesiones que sufrió en Irak. Se había atrincherado en su oficina.

Dentro del refugio seguro, algunos senadores se enfurecieron cada vez más con los republicanos Ted Cruz, de Texas, y Josh Hawley, de Misuri, que habían prometido luchar contra la certificación electoral a menos que se estableciera una comisión para investigar las afirmaciones infundadas de Trump sobre un fraude electoral.

El senador Joe Manchin III, un demócrata moderado por Virginia Occidental, dijo que se había acercado a los senadores republicanos Steve Daines, de Montana, y James Lankford, de Oklahoma, que tenían planeado oponerse al resultado de las elecciones para darles un mensaje.

“‘Steve, vamos, no quieres ser parte de esto’”, recuerda haber dicho Manchin. “Le dije: ‘James, eres mejor que esto’”.

Manchin dijo que ambos se vieron afectados por las exhortaciones, pero Hawley no mostró remordimiento alguno.

“Josh Hawley comenzó todo esto, y todos los que lo ayudaron, todos deben rendirle cuentas a la justicia”, dijo Manchin.

Cuando se le pidió una respuesta, los portavoces de Hawley dijeron que él había condenado rápidamente la violencia y que nunca afirmó que existía un fraude electoral generalizado, sino que solo presentó un argumento específico sobre la votación por correo en Pensilvania. Hawley se ha negado a dar entrevistas tras los disturbios.

Para otros, la culpa de la debacle es mucho más amplia.

La senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, dijo que ella y otros senadores están investigando qué salió mal y se están centrando en cómo mantener segura la ceremonia de investidura de Biden. “Es evidente que debe haber una reestructuración de la seguridad”, dijo.

Pero en última instancia, dijo, la culpa recae sobre el presidente de Estados Unidos.

“Él los convenció de que esta era una causa justa como para hacer una insurrección”, dijo Klobuchar. “Y la hicieron”.



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