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El gobierno amenaza el derecho a saber de los mexicanos

2021-01-13

Por Ignacio Rodríguez Reyna | Washington Post

Ignacio Rodríguez Reyna es periodista mexicano, ha sido director editorial de diversos medios. Asociado fundador de Quinto Elemento Lab.

La propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) representa un retroceso en el camino hacia la transparencia y rendición de cuentas no solo en México, sino en América Latina.

México fue uno de los primeros países de la región en conseguir, en 2002, una ley de avanzada, que además creaba un brazo ejecutivo —en ese entonces el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai)— para defender y garantizar los derechos de la ciudadanía a saber qué hace su gobierno.

La propuesta presidencial, amparada en el argumento de que el Inai “cuesta mucho”, es “una tapadera” de la corrupción y una institución creada por los “conservadores”, es desafortunada y equivocada. Desdeña las indiscutibles aportaciones que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el instituto mismo han hecho a la transición democrática en el país.

La contribución del Inai al empoderamiento de la ciudadanía no es un hecho menor. Décadas de sometimiento ante la discrecionalidad de los funcionarios de los mandatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —que gobernó por 71 años, hasta el 2000—, cuyo poder descansaba precisamente en el ocultamiento de información vital para el pensamiento crítico de las y los mexicanos, se diluyeron a medida que ganamos información a cuyo acceso antes era impensable.

La intervención del Inai nos permitió conocer algunos años después los planes del gobierno de Ernesto Zedillo para contrarrestar el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los dispositivos de seguridad para cada una de las giras del entonces presidente Vicente Fox, los resultados de las encuestas hechas para el mandatario Felipe Calderón, o la existencia y ubicación de miles de fosas clandestinas en todo el país, entre muchos otros temas centrales de la agenda pública.

Nos costó décadas iluminar la oscuridad en que los gobiernos en turno mantenían a la sociedad. La sola amenaza de una eventual desaparición del Inai daña el corazón de la transparencia en México.

López Obrador utiliza, una vez más, el argumento de la austeridad de su gobierno y niega que el Inai “sirva para algo”. En su afán de darle legitimidad a su amago, olvida de modo deliberado que varias investigaciones periodísticas que lo ayudaron a llegar al poder, en 2018, se hicieron gracias a la intervención de ese órgano autónomo.

Investigaciones como “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, “La Estafa Maestra”, “Las empresas fantasma de Veracruz”, por citar algunos casos emblemáticos que alimentaron el hartazgo social hacia el PRI y la corrupción, no podrían haberse realizado sin la existencia del Inai.

Es verdad que el Inai se encuentra lejos de ser una institución que funcione a la perfección. Los comisionados han tomado decisiones polémicas, que ahora el presidente emplea en su contra: validaron, por ejemplo, la negativa de la Procuraduría General de la República a dar acceso al expediente del caso Odebrecht, basados en artículos de la propia ley que permiten reservar los contenidos de las carpetas de investigación, aunque sus resoluciones posteriores han favorecido la entrega de información.

Pero eso no significa que este organismo autónomo sea creación de “los conservadores” —como suele nombrar López Obrador a sus adversarios— ni que sirva a los intereses de sus opositores.

Su creación fue resultado del esfuerzo de grupos de la sociedad civil, académicos, periodistas y medios de comunicación que encontraron la coyuntura adecuada cuando el Partido Acción Nacional llegó a la presidencia en el año 2000, tras las décadas de gobierno del PRI, para forzar al nuevo grupo político en el poder a aprobar la ley de acceso a la información que dio origen a la creación del Ifai.

Surgió porque la información que debería ser pública se encontraba secuestrada por los gobiernos federal y estatales. Su naturaleza autónoma es justamente la garantía de que no será usado como instrumento al servicio del poder.

El mecanismo de selección de sus integrantes deja mucho qué desear, puesto que la ley deja en manos de la Cámara de Diputados la designación de los comisionados del Inai y la intervención de los legisladores ha respondido, en varias ocasiones, más a un reparto de cuotas políticas que a un afán de designar a ciudadanos libres de vínculos partidistas.

Pero lo que a López Obrador le incomoda es precisamente esa autonomía, que el instituto sea un contrapeso a su gobierno y que no pueda someter a sus integrantes con la facilidad con que ha impuesto su voluntad en otras áreas.

Como le molesta que existan límites a su voluntad, pretende convertirse en juez y parte, en el zar que controle la transparencia y delegue en figuras cercanas a él la potestad de concedernos la información a la ciudadanía.

Su intención de que una estructura ya existente como la Secretaría de la Función Pública (SFP) sustituya las funciones del Inai es inviable. En su naturaleza se encuentra el rechazo a la transparencia.

Solo por poner un botón de muestra: la SFP se ha negado a concederme acceso a documentos de la investigación que se hizo a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por el tema de la “Casa Blanca”, a pesar de que un fallo del Inai la instruyó a eso. Incurrió en desacato. ¿Imaginan lo que ocurriría si se le concediera el poder formal para “administrar” el derecho al acceso a la información?

Que el Inai no funcione como debería tiene remedio. Las instituciones se pueden mejorar, podemos hacerlas más fuertes, dotarlas de mayores herramientas y capacidades; hacerlas eficientes y transparentes. Pero no desaparecerlas.

Aquí es donde se requiere el debate para fortalecer a este órgano de Estado. Aquí es donde López Obrador puede mostrar que no pretende anular derechos ya conquistados, que no planea expropiar el derecho de los mexicanos a saber.