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La Fiscalía General de la Republica no debe dejar impune a Lozoya

2021-01-25

Por Raúl Olmos | The Washington Post

Emilio Lozoya inició 2012 con una cuenta en Suiza prácticamente en ceros. El saldo que el 1 de enero de aquel año le reportó el banco UBS, en Ginebra, era negativo. Pero ese panorama desolador cambió muy pronto. Lozoya se incorporó por aquellos días como coordinador internacional de la campaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, y en forma coincidente el dinero empezó a fluir, hasta sumar en 20 meses una fortuna: más de 36 millones de dólares (equivalentes a unos 720 millones de pesos al tipo de cambio actual) por dividendos de inversiones en acciones en compañías en China, ventas millonarias de divisas en Londres, transacciones con metales preciosos… y presuntos sobornos.

Los secretos de esta próspera cuenta en Suiza, de la que hasta ahora se desconocían tantos detalles, forman parte del voluminoso expediente —al cual tuve acceso— que la Fiscalía General de la República (FGR) ha integrado en torno a Lozoya, exdirector de la petrolera mexicana Pemex en el sexenio de Peña Nieto, quien enfrenta bajo arresto domiciliario dos procesos penales por los delitos de lavado de activos, asociación delictuosa y cohecho.

En los estados financieros de la cuenta en Suiza abunda información que la Fiscalía podría utilizar para ahondar la pesquisa contra Lozoya, como depósitos por casi cinco millones de dólares vinculados con una empresa multinacional y que el banco UBS —de acuerdo con un documento en mi poder— ha identificado como posibles sobornos por obras viales realizadas en México, además de misteriosas operaciones con empresas fachada (o de papel) en Hong Kong.

Estos indicios, sin embargo, han sido desdeñados por la autoridad. El interés de la FGR es obtener de Lozoya información que permita apuntar más alto, aunque ello implique establecer un pacto de impunidad. Desde su arresto en España, en febrero de 2020, Lozoya empezó a explorar las vías para lograr una reducción de pena e incluso su libertad. Cuando fue extraditado a México, en julio de 2020, ya tenía un acuerdo para acogerse al llamado criterio de oportunidad, una figura legal que permite al acusado obtener beneficios legales a cambio de contribuir a la persecución de delitos mayores.

Lozoya ofreció aportar información para identificar a sus cómplices en una trama de corrupción orquestada desde antes de la campaña presidencial de 2012 y que se materializó, ya desde el gobierno, en la llamada Reforma energética y en el reparto de contratos y beneficios a la empresa brasileña Odebrecht y a la mexicana AHMSA.

En su acusación ha señalado como copartícipes a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y a legisladores que aprobaron reformas a la ley al gusto de Odebrecht. Lozoya dijo que se trata de una red criminal tejida desde las más altas esferas del poder gubernamental, en la que él fue una inocente víctima, que había sido obligado por sus siniestros jefes a recibir sobornos y luego repartirlos a asesores electorales y a políticos del entonces oficialista PRI, y de los partidos de oposición Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Como sus dichos no fueron acompañados de suficientes pruebas documentales, la FGR tuvo que solicitar en julio de 2020 a un juez federal un periodo de seis meses para concluir la investigación. El juez aceptó y, mientras se cumplía el plazo, envió a Lozoya a su casa con un brazalete electrónico y con el compromiso de que cada 15 días acudiría a firmar al juzgado para constatar que no había huido, como ya lo hizo en 2019, cuando se fugó a Europa. Pese a ese antecedente, nunca ha comparecido personalmente: se ha reportado con el juez de forma virtual, algo que de igual manera pudo hacer desde su casa en el Pedregal, en Ciudad de México, desde sus lujosos departamentos en Múnich y Nueva York, o desde la residencia que ocupaba en Ginebra.

Tantos privilegios y consideraciones permiten anticipar que la Fiscalía terminará por formalizar con él un pacto de impunidad mediante la suspensión de los procesos en su contra, al tiempo que fincará cargos a legisladores y exfuncionarios federales. Es cuestión de días. Este jueves 28 de enero de 2021 se cumplen los seis meses concedidos por el juez, aunque en las extrañas cuentas de la Fiscalía el plazo vencerá el 7 de marzo. Sea una fecha u otra, en ese lapso veremos desfilar a los acusados ante el juzgador federal.

El acuerdo con Lozoya está condicionado a que sustente con solidez sus acusaciones. Si las pruebas aportadas son endebles, la Fiscalía reactivará los dos procesos penales en su contra; pero si la información que ha aportado sirve para enjuiciar a por lo menos uno de los tres expresidentes acusados y a líderes opositores, sin duda quedará libre.

Más le vale a Lozoya aportar pruebas sólidas, porque la Fiscalía le tiene reservada información comprometedora. No son solo los indicios de lavado de dinero en Suiza, ni los señalamientos de nuevos sobornos pagados por una empresa multinacional; además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya concluyó una investigación adicional sobre una red de decenas de empresas fantasma que fue utilizada para dispersar más de 400 millones de pesos (20 millones de dólares) en cientos de transacciones en México y en el extranjero, para ocultar sobornos y financiamiento electoral.

Ante tantos indicios del involucramiento de Lozoya en una extensa red de corrupción que no se restringe al caso Odebrecht, vale la pena cuestionar la validez de que se acoja al llamado criterio de oportunidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que uno de los criterios para que proceda esta figura legal es que se trate de un delito “cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión”, además de que no podrá aplicarse el beneficio en aquellos casos “que afecten gravemente el interés público”. Pero en el caso de Lozoya, los delitos acumulados podrían alcanzar una pena de 20 a 25 años de cárcel, según estimaciones que han realizado penalistas como el colectivo Tojil. La propia FGR ha acusado al expresidente Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de traición a la patria, por haber realizado actos contra la soberanía (la Reforma energética) para someterla a una persona o grupo extranjero (en este caso Odebrecht). Y Lozoya fue copartícipe en este delito, el cual se castiga hasta con 40 años de cárcel.

Otra condición para aplicar el criterio de oportunidad es la reparación del daño, pero Lozoya no ha mostrado plena disposición para hacerlo, al mantener un abierto litigio por la posesión de dos residencias que la Fiscalía ha señalado fueron adquiridas con los sobornos de Odebrecht y AHMSA. Además, algunas de las pruebas que ha aportado ya estaban integradas desde años antes a la carpeta de investigación, y en forma más amplia y detallada, con lo que tampoco se cumpliría con otro de los criterios para otorgarle beneficios legales.

Si Lozoya libra la cárcel no será porque esté libre de culpa. Sino porque lo premiarán por haber contribuido a lo que apunta ser una vendetta política. Será muy grave si esto se concreta. Este caso de impunidad manchará a la Fiscalía.