Formato de impresión

López Obrador y la Auditoría Superior: la disputa del método

2021-02-24

Por Ricardo Raphael | The Washington Post

La disputa política entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estalló a propósito de los datos del costo económico que terminará teniendo para el país la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

El viernes 19 la ASF advirtió, dentro del informe de la cuenta pública del gobierno federal de 2019, que dicho costo rondaría los 331,996 millones de pesos, una cifra 2.3 veces mayor a la prevista por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El presidente López Obrador la refutó, dos días después, con un par de sus argumentos favoritos: dijo que él contaba con otros datos y añadió que la ASF estaba poniéndose al servicio de sus adversarios.

Hasta aquí la narración no debería sorprender a nadie. Que el ente auditado replique al auditor es del todo normal. La Constitución prevé que, en el seno de la Cámara de Diputados, se aclaren las imputaciones y, de haberlos, se corrijan los errores cometidos por cualquiera de las partes.

Lo raro vino horas después, cuando el Auditor Especial del Desempeño emitió un oficio aclaratorio tan extraño en su lenguaje que, para el bien del entendimiento de los pobres mortales y también de la transparencia democrática, habría merecido a su vez una cascada de notas aclaratorias.

De acuerdo con este documento de la ASF, el problema no fueron los datos reflejados en la auditoría 1394-DE, referente a la cancelación del proyecto de aeropuerto, sino el método empleado para interpretar esos datos. Hay que reconocer la elegancia de la excusa: tiene razón el auditor cuando afirma que la disputa verdadera es por el método.

Aristóteles afirmó que la verdad no existe, pero existen cosas y hechos verdaderos. La verdad no suele pasearse desnuda ante los ojos humanos, pero tal circunstancia no niega la posibilidad para llegar a un acuerdo respecto a lo que consideramos como cierto.

El proceso para aproximarnos a los hechos verdaderos se materializa en el método adoptado de común acuerdo. El método tiene todo que ver con la verdad: si el método es religioso, la verdad será religiosa; si es político, la verdad también lo será; si es contable o si es jurídico, los resultados tenderán a ser consistentes con el método utilizado. De ahí que sea menos complicado hallar la verdad que encontrar el método adecuado para buscar los hechos verdaderos.

En el caso del NAICM, en efecto, no son los datos relativos al costo de su cancelación los que deberían valorarse, sino el método empleado para interpretarlos. Por eso el comunicado de la ASF resulta todo un acertijo. En vez de responder con parsimonia a la réplica presidencial, la dependencia se apresuró a confesar que su trabajo era inconsistente.

La paradoja radica en que el comunicado no explica los argumentos del presunto equívoco y, por el contrario, no hay razones suficientes para corroborar que el método fue incorrecto.

El comunicado afirma que en el costo de la cancelación no debieron incluirse los intereses de la deuda emitida para financiar la obra, ya que esa erogación no sucederá hasta que llegue la fecha de vencimiento de los bonos que la respaldan. En efecto, según lo previsto para una parte de la deuda, ni el capital no los intereses comenzarán a cobrarse hasta 2026.

Cabe entonces preguntarle a la ASF y a su método: ¿por qué no deberían incluirse esos intereses en el costo de la cancelación?

Si un sujeto pide prestado para comprar un automóvil y luego, por la razón que quiera, decide enterrar el vehículo en el jardín de su casa, ese hecho no cambia las obligaciones contraídas y por tanto continuará forzado a pagar la deuda con sus respectivos intereses.

El modelo alternativo, propuesto por el gobierno, supone que, por allá de 2026, el Estado mexicano habrá logrado renegociar los intereses para obtener un ahorro sustantivo de la deuda. Se trata de una hipótesis noble, pero ingenua. Mientras esa idílica transacción no ocurra, la obligación de pagar se mantiene irrenunciable.

Ningún modelo riguroso podía excluir de la contabilidad el pago de esa deuda como parte del costo de la cancelación del proyecto del NAICM. En este punto concreto no hay inconsistencia en el modelo y por tanto los datos habrían sido correctamente cuantificados.

Otro argumento del comunicado refiere a los flujos pasados y futuros, relacionados con la obra cancelada, que el modelo original de la ASF habría considerado —presuntamente por error— como costos del proyecto.

Hay obligaciones que el Estado contrajo para la construcción del aeropuerto; algunas de estas obligaciones ya se pagaron y otras habrán de pagarse. Tales costos son registrados en los flujos de salida de la tesorería del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, que es la instancia responsable de cubrir los gastos relativos a la cancelación de la obra.

El primer modelo utilizado por la ASF hizo lo que normalmente hace cualquier contador: calculó salidas de la tesorería, pasadas y futuras, y las inscribió como parte del costo de la obra cancelada.

Sin embargo, la ASF regresó inexplicablemente sobre sus pasos para enmendarle la plana a la teoría contable afirmando que tales salidas (o pagos) no deberían de ser considerados como un gasto o costo de la cancelación.

A partir de ahora la ASF tiene dos desafíos si quiere salvar su dignidad, maltratada por el presidente y su propia complicidad: explicar porqué el método de López Obrador sería mejor que el propio y porqué concedió tan rápido la razón al ente auditado.