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El plan de inmigración de Biden es ambicioso, pero un gran problema exige un gran plan


2021-02-25

Eugene Robinson |  The Washington Post

El anteproyecto del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la reforma migratoria ya está recibiendo críticas por ser considerado demasiado ambicioso como para tener alguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso. Pero el audaz plan tiene algo enorme a su favor: en verdad intenta abordar la realidad.

El presidente Biden propone un camino hacia la ciudadanía para las aproximadamente 11 millones de personas migrantes indocumentadas que se encuentran en la actualidad en el país, que siguen las leyes y no se meten en problemas. En lugar de darle vueltas al asunto, Biden pide una solución integral, similar a la amplia amnistía que el presidente Ronald Reagan diseñó en 1986. Sin importar lo que se piense sobre el nuevo presidente y su equipo, nadie puede acusarlos de pensar en pequeño.

Los republicanos van a ridiculizar la idea y probablemente la declaren inviable. Pero si fuera una propuesta más modesta, le darían el mismo tratamiento. Biden tiene razón al comenzar exigiendo las reformas que el país en realidad necesita, en lugar de realizar algún tipo de oferta inicial tentativa que deje sin atender la situación de la mayoría de residentes sin ciudadanía.

La realidad es que las personas indocumentadas no se van a ir. No se van a “autodeportar”, como sugirió célebremente el senador Mitt Romney (republicano por Utah) cuando fue candidato a la presidencia en 2012. Realizan trabajos necesarios, pagan todo tipo de impuestos, son al menos tan respetuosas de la ley como los ciudadanos plenos, y están entrelazados en el tejido de muchas comunidades de costa a costa. En todos los aspectos menos el formal, son estadounidenses. Si mañana desaparecieran en su totalidad, el país sufriría su ausencia.

Desde la amnistía de Reagan, la forma en que nuestro sistema político ha tratado a los indocumentados podría describirse, con disculpas a Daniel Patrick Moynihan, como “negligencia maligna”. El presidente Barack Obama sí le dio cierta seguridad a casi 800,000 inmigrantes que fueron traídos a este país sin documentos cuando eran niños. Pero más allá de eso, los indocumentados han sido tratados más como accesorios políticos que como seres humanos vivos, y mucho menos como vecinos.

Donald Trump utilizó la demagogia antiinmigrante para impulsar su campaña presidencial, acusando a las personas que esperaban establecer sus hogares aquí de ser “violadores” y “bad hombres”, y pidiendo —sin ningún sentido— que todas fueran enviadas de regreso a sus países de origen, donde “irían al final de la fila” para ser readmitidas en Estados Unidos. Los usó como chivos expiatorios para que el público del Make America Great Again pudiera culparlos de los males de la nación. Los senadores republicanos que alguna vez creyeron en una reforma migratoria basada en la realidad, como Marco Rubio (Florida) y Lindsey O. Graham (Carolina del Sur) dejaron de resistirse a la xenofobia del partido y terminaron acogiéndola.

Los demócratas buscaron obtener ventaja política mostrando una postura anti antiinmigración, oponiéndose a iniciativas republicanas como el muro fronterizo de Trump. Sin embargo, tuvieron una decepción al ver que el voto hispano a favor de Trump de hecho creció de 2016 a 2020, lo que demuestra, en mi opinión, que las demostraciones teatrales de solidaridad no pueden sustituir el hecho de plantear políticas que los votantes crean que realmente mejorarán sus vidas.

¿Realmente vamos a seguir así de manera indefinida? ¿Vamos a relegar a 11 millones de personas a una existencia extrajudicial porque a nuestros políticos les resulta ventajoso discutir sobre su destino?

La propuesta de Biden le permitiría a los trabajadores agrícolas, a los migrantes traídos aquí cuando niños y a aquellos que tienen un “estatus de protección temporal” debido a amenazas en sus países de origen a solicitar la ciudadanía en tres años. El resto de los indocumentados tendría que esperar ocho años para solicitarla. Todos tendrían que pasar por un proceso de verificación de antecedentes; y la amnistía —vamos a llamarla como lo que es— solo cubriría a los que ya estaban en el país antes del 1 de enero de este año, para evitar así una nueva oleada de personas intentando cruzar la frontera.



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