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Migrantes con estatus temporal tienen fuertes raíces en Estados Unidos

2021-04-02

Por AMY TAXIN, JEFF ROBERSON y MARCOS ALEMÁN

SPRINGDALE, Arkansas, EU (AP) — Irma Chávez es una madre casada de cuatro hijos que dirige una red de iniciativas empresariales en Springdale, una pequeña ciudad de Arkansas a la que llama hogar. Lejos quedó su vida como ama de llaves en California hace años, y más todavía de su infancia trabajando en los campos de café de El Salvador.

Lo que ha marcado de forma indeleble el camino de esta especialista en mercadeo de 44 años es un programa gubernamental que permite que ciudadanos de países golpeados por los desastres y las guerras vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Aunque el ejecutivo del expresidente Donald Trump trató de cancelarlo para muchos de los inmigrantes, su sucesor, Joe Biden, respalda una legislación que daría a Chávez y a cientos de miles de personas en su situación la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Esto supone un cambio radical con respecto a hace seis meses, cuando un tribunal otorgó al gobierno de Trump el derecho a suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cuatro países, avivando el temor a la deportación entre muchos de los 411,000 beneficiarios del programa.

Ahora, estos inmigrantes depositan sus esperanzas en el Senado, luego de que la Cámara de Representantes aprobó un amplio proyecto de ley que les permite considerar a Estados Unidos su hogar permanente. La legislación, que enfrenta una perspectiva incierta, ofrecería una vía para que un estimado de 11 millones de personas que trabajan en el país sin la documentación adecuada obtengan la ciudadanía en un plazo de ocho años, y facilitaría aún más el proceso para los migrantes que entraron al país de niños y para los beneficiarios del TPS.

Para Chávez, que lleva dos décadas renovando su estatus temporal, la legislación podría terminar con su miedo a la deportación. Además le permitiría viajar con más facilidad para visitar a su madre y a su hermana en su humilde ciudad natal en El Salvador.

“Realmente, esperamos que todo cambie a nuestro favor ahora”, señaló Chavez.

Aunque es temporal, las autoridades estadounidenses pueden renovar la iniciativa, como ha ocurrido repetidamente. Si en algo están de acuerdo partidarios y detractores es en que una medida temporal no debería durar décadas.

El pasado otoño, el programa del Departamento de Seguridad Nacional se aplicaba a 10 naciones. El gobierno de Biden, que ha aliviado algunas de las duras políticas migratorias de su predecesor y enfrenta un repunte en la llegada de migrantes a la frontera, añadió recientemente dos más: Myanmar y Venezuela.

Más de la mitad de las personas amparadas por este estatus son de El Salvador, que entró en la iniciativa luego de un sismo en 2001. Muchos llevan décadas viviendo en Estados Unidos y no tienen planes para regresar a un país del que cada año se marchan miles de personas en busca de estabilidad económica y de seguridad lejos de las pandillas.

Darles la posibilidad de quedarse podría animar a muchos de estos migrantes a comprar casas e invertir en negocios en comunidades estadounidenses que aún se están recuperando de la pandemia del coronavirus, explicó Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y la Estabilización Económica de la organización Creative Associates International.

“Es casi lo lógico porque son estadounidenses de facto”, señaló Orozco. “Definitivamente, esto creará mejores condiciones no solo para que se integren sino también para que fortalezcan sus raíces económicas, mejorando la economía”.

A las afueras de la ciudad salvadoreña de Santa Ana, la hermana de Chávez, Iris Franco, tiene una panadería en su casa y reparte el pan en bicicleta. El negocio les da de comer a ella y a sus cuatro hijos, de los cuales el mayor, el primero de la familia que va a la universidad, estudia medicina.

En 1994, la familia aceptó a regañadientes que Chávez pusiese rumbo al norte para quedarse con unos parientes en Los Ángeles y trabajase allí por tres años. Al principio fue limpiadora en una casa y luego pasó a trabajar por las noches en una gasolinera.

Chávez terminó quedándose porque se casó y tuvo hijos, pero siguió enviando dinero a casa. Una vez logró el TPS, consiguió mejores empleos en tiendas y restaurantes, se mudó a Oklahoma y más tarde a Arkansas, y llegó a trabajar en el despacho de un quiropráctico.

Franco, de 41 años, contó que la familia lleva una vida humilde en El Salvador, que es mejor gracias a la ayuda de su hermana. Las remesas de Chávez ayudan a pagar la medicación para la diabetes de su madre y ayudó a Franco a reconstruir su casa tras una inundación.

Según Franco, que su hermana esté en Estados Unidos ha cambiado la vida de la familia ya que les ha ayudado en todo lo que ha podido.

Pero emigrar también tiene un costo. Franco recuerda a su hermana llorando cuando su madre enfermó y ella no podía estar allí y por las muchas celebraciones del Día de la Madre que se ha perdido.

Las hermanas pudieron verse hace cuatro años luego de que Chávez presentó al gobierno de Estados Unidos la documentación para viajar a El Salvador. Tras esa visita, Chávez y Franco lanzaron una ONG para que los niños de su vecindario puedan tener útiles escolares y regalos en Navidad.

En Arkansas, Chávez cría a sus dos hijos pequeños con su esposo — un brasileño que trabaja como cocinero en un conocido restaurante — mientras dirige una iniciativa empresarial que espera que derive en la primera cámara de comercio latina de Springdale. Su hijo mayor se casará este año, y el siguiente trabaja como repartidor. Ambos son de un matrimonio anterior.

Chávez dijo estar agradecida por su estatus temporal, que el gobierno ha ampliado a la espera del resultado del litigio sobre el intento del gobierno de Trump para cancelar el programa. Pero no tiene garantía de permanencia en Estados Unidos.

El TPS tampoco resuelve sus problemas migratorios. Su esposo, que es ciudadano estadounidense, la ha patrocinado para conseguir la tarjeta de residencia permanente, o green card, pero necesita una orden judicial migratoria previa para poder solicitarla.

El proyecto de ley del Congreso podría cambiar esto, dándole la garantía de que nunca será separada de sus hijos.

“Si hubiera una amnistía o residencia para todos aquellos con Estatus Temporal Protegido, yo estaría automáticamente dentro”, dijo. “Siempre estaría protegida de la deportación. Eso tendría un gran impacto”.