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Nueva York destinará 2100 millones de dólares para los trabajadores indocumentados

2021-04-09

Por Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní | The New York Times

Hace un año, cuando el coronavirus llegó a la ciudad de Nueva York, azotó con furia las zonas de inmigrantes que no tenían estatus legal: mató a miles de personas y acabó con los empleos en los sectores de servicio y construcción que mantenían a flote a muchas familias.

Los salvavidas como el seguro de desempleo y los cheques de estímulos federales fueron inalcanzables porque la gente que entró de manera ilegal a Estados Unidos no puede solicitar la mayoría de las ayudas gubernamentales. En cambio, han sobrevivido gracias a las despensas de comida, los arrendadores benévolos y los préstamos de amigos.

Sin embargo, luego de que esta semana los legisladores realizaron una maniobra de gran envergadura, Nueva York ofrecerá pagos únicos de hasta 15,600 dólares para aquellos inmigrantes que hayan perdido su trabajo durante la pandemia. Se trata de la iniciativa —un fondo de 2100 millones de dólares del presupuesto estatal— más grande de su tipo en el país y una señal del giro que está dando el estado hacia las políticas que defienden los demócratas progresistas.

“He conocido a vecinos que no han podido pagar la renta, llevar comida a la mesa o conseguirles una computadora portátil a sus hijos porque la escuela pública no ha podido darles una”, comentó la senadora estatal Jessica Ramos, demócrata por Queens, una de las principales promotoras del fondo.

El fondo para los trabajadores excluidos forma parte del acuerdo al que se llegó el martes para el nuevo presupuesto estatal de 212,000 millones de dólares y fue uno de los puntos más polémicos durante las negociaciones, las cuales se prolongaron más allá de la fecha límite del 1 de abril.

De inmediato, los republicanos tacharon la medida de utópica en un momento en el que muchos neoyorquinos siguen en aprietos, mientras que algunos demócratas de distritos pendulares al norte del estado y en Long Island dijeron en privado que un programa de rescate financiado con fondos públicos para la gente que no está en el país de manera legal podría usarse en su contra en futuras elecciones.

“La cuestión no es si se debe ayudar a estos trabajadores, sino cómo hacerlo y cómo estructurar la ayuda de una manera que sea defendible en estos distritos”, opinó Bruce Gyory, consultor político demócrata. Según Gyory, los trabajadores fueron convincentes al asegurar que los había devastado la pandemia, pero algunos votantes rurales y urbanos podrían considerar que los pagos son un beneficio caro, e injusto, para personas que no son ciudadanas.

La mayoría de los demócratas no quiso declarar en público sobre las diferencias al interior de su partido, pero el martes surgieron choques en redes sociales donde los legisladores riñeron en torno a la elegibilidad e intercambiaron insultos personales.

El fondo de Nueva York supera por mucho a un programa de ayuda similar que se promulgó en California, donde el año pasado las autoridades establecieron un programa de ayuda en efectivo de 75 millones de dólares que otorgó un pago único de 500 dólares por orden de llegada a los migrantes sin estatus legal.

Es difícil saber cuántas familias en esa situación viven en Nueva York, pero el miércoles el Instituto de Política Fiscal, una organización de tendencia izquierdista, señaló que el fondo podía beneficiar hasta 290,000 personas a nivel estatal.

Los trabajadores que estén en el país sin documentos podrían recibir hasta 15,600 dólares, el equivalente a 300 dólares por semana durante el último año, si pueden comprobar que fueron residentes del estado, que no cumplían los requisitos para obtener los beneficios federales de desempleo y que perdieron ingresos como resultado de la pandemia.

Otras personas que puedan demostrar al menos su residencia e identidad, y presenten documentos de trabajo, podrían ser elegibles para una suma menor de hasta 3200 dólares.

La propuesta encontró apoyo en el Senado y la Asamblea del estado controlados por los demócratas, en especial entre los progresistas que habían defendido la ayuda durante más de un año. En los meses previos a la fecha límite de deliberación sobre el presupuesto, los inmigrantes que vivían en el estado de manera ilegal buscaron llamar la atención sobre su causa.

Con cascos, ollas y sartenes, escobas y trapeadores —los instrumentos de los trabajos que realizaban— y con pancartas que decían: “Nuestro trabajo salvó vidas”, los manifestantes se reunieron afuera de la oficina del gobernador Andrew Cuomo y cerraron puentes. Además, cuando la medida estaba por aprobarse, más o menos una docena de simpatizantes que acampaban alrededor de una iglesia de Manhattan protagonizaron una huelga de hambre de tres semanas que terminó el miércoles.

Durante el fin de semana —cuando ya se había logrado un acuerdo sobre el fondo— llegaron las denuncias enérgicas de los republicanos del estado, quienes lo describieron como el “acontecimiento extravagante” más reciente de un gobierno unipartidista en Albany. El estado también aprobó aumentos a los impuestos de los ricos, es decir que los millonarios de la ciudad de Nueva York pronto tendrán que pagar el impuesto personal sobre la renta más alto de la nación.

“Los demócratas están subiendo los impuestos y usando los dólares de estímulos federales para promulgar una agenda radical en vez de ayudar a los veteranos, las pequeñas empresas, los maestros y los ciudadanos de la tercera edad”, comentó Rob Ortt, el líder republicano de la minoría en el Senado estatal.

Sin embargo, los partidarios de los demócratas dijeron que el esfuerzo era un imperativo moral y mencionaron que hubo una ayuda considerable para los pequeños negocios en el presupuesto estatal de este año —1000 millones de dólares en subsidios y créditos fiscales—, además del dinero de estímulos que ha llegado desde Washington.

“Negarles los beneficios a los trabajadores excluidos después de que dependimos de ellos a lo largo de este año históricamente difícil sería inmoral e injusto”, opinó Michael Gianaris, demócrata y líder adjunto de la mayoría en el Senado.

Las advertencias de que los votantes reaccionarían de manera negativa evocaron las que ocurrieron después de la aprobación de una ley estatal que permitió que los inmigrantes sin estatus legal solicitaran licencias para conducir, un tema que algunos republicanos enfatizaron en las campañas del año pasado. La medida no pareció resultar en un voto de castigo —de hecho, los demócratas expandieron sus mayorías—, pero la ley de las licencias para conducir no costaba 2000 millones de dólares.

“Esa cifra va a resonar con la gente que pensará: ‘Vaya, batallé a lo largo de toda la pandemia, seguí todas las reglas, pagué impuestos e hice todo lo que se suponía que debía hacer’”, comentó William Barclay, líder republicano de la minoría en la asamblea del estado.

El miércoles, Cuomo elogió la aprobación del fondo, pero con un tono escéptico, pues dijo que era “una preocupación importante” que el fondo pudiera ser susceptible de fraudes, aunque no dio más detalles.

Cuomo —cuyo poder político se ha debilitado en medio de las investigaciones por el manejo que hizo de los asilos de ancianos durante la pandemia y varias acusaciones de acoso sexual— no pudo persuadir a los legisladores de que incluyeran requisitos más estrictos a la elegibilidad.

Los legisladores que participaron en las negociaciones dijeron que Cuomo había impulsado un requisito para que los solicitantes presentaran un número de identificación de contribuyente, que se emplea para procesar la información fiscal de algunas personas que no son candidatas a tener un número de Seguridad Social.

Ese requisito habría excluido a muchos trabajadores que por temor no solicitaron un número de identificación durante el gobierno de Trump, dijo Angeles Solis, organizadora de Make the Road New York, que ayudó a liderar una coalición de grupos que aglutinaron a los trabajadores.

Otra de las provisiones que perseguían los proponentes del fondo habría ofrecido beneficios a personas que han sido encarceladas recientemente. Eso al final quedó fuera del plan, pero Ramos, la legisladora que ayudó a impulsar el paquete, dijo que las personas que habían recuperado su libertad hace poco —como cualquier persona que pueda probar que perdió ingresos y fue inelegible para recibir los planes de asistencia previos— aún podían recibir la ayuda. Añadió que este grupo de personas era una pequeña fracción de los que eran elegibles para recibir los pagos.

John W. Mannion, uno de los cinco demócratas en el senado estatal que votaron contra la ley de presupuesto que contemplaba el fondo para lo trabajadores, dijo que lo hizo porque no estaba de acuerdo en el modo en que se administraría un fondo tan grande, a pesar de que le quedaba claro la atención que se brindaba a la recuperación de la población indocumentada en la pandemia.

Después de que se logró el acuerdo, en entrevistas, los trabajadores sin un estatus legal describieron los meses de desesperación que padecieron conforme se acababan los trabajos durante la pandemia.

“No podía ni dormir. Hubo días que no podía dormir. Sinceramente, no teníamos economía”, comentó Giovanna Carreño, una mujer que hace la limpieza de casas y había mantenido a sus dos hijos en Yonkers durante más de una década antes de que llegara el coronavirus y sus seis clientes le dijeran que se quedara en casa. Este año, Carreño, de 50 años, quien migró de Perú, volvió a trabajar unos días a la semana, tan solo para enfermarse de COVID.

Carreño mencionó que pagaba impuestos y pedía que el gobierno reconociera las contribuciones de ella y otros trabajadores a la economía.

Fund Excluded Workers, una coalición de grupos de defensa, había presionado para que se aprobara un fondo aún mayor de 3500 millones. Pero gran parte de las negociaciones finales en Albany se centraron en las restricciones de elegibilidad que buscaba Cuomo y el tipo de documentos que los trabajadores deben mostrar para presentar la solicitud.

La redacción del presupuesto enumera los muchos documentos que los trabajadores pueden emplear para probar que son elegibles, entre ellos licencias de conducir, tarjetas de identificación emitidas por el estado, partidas de nacimiento y calificaciones escolares, recibos de servicios y estados de cuenta bancarios, una carta del empleador, recibos de pago, avisos de salario y las formas fiscales W-2 o 1099 de años previos.

Agrupaciones que apoyan a las personas que no cuentan con estatus legal mencionaron que planean asegurarse de que no se ignore a los trabajadores excluidos que sobreviven con varios empleos, reciben pagos en efectivo o por debajo de la mesa y no pueden proporcionar con facilidad una prueba de empleo.

Un trabajador del sector de la construcción al norte del estado de Nueva York que perdió su empleo después de que llegó la pandemia y fue obligado a depender de amigos comentó que el anuncio del acuerdo fue emotivo.

“Somos sobrevivientes del virus. Otras personas nos echaron la mano con préstamos”, admitió el trabajador, un padre de tres hijos que llegó desde Honduras y pidió ser identificado solo por su nombre de pila, Nelson, debido a su estatus migratorio.

Nelson aún no tiene un empleo estable, pero planea reunir los documentos para solicitar asistencia, con el fin de comenzar a saldar sus deudas con sus amigos, comentó.

“Para mí y para los compañeros, es un gran logro”, señaló.