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Caso Zaldívar: el proyecto de López Obrador contra la democracia

2021-04-20

Carlos Loret de Mola A., The Washington Post

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pasó de presentarse como demócrata a desplegar a la vista de todos su intención de asegurar todo el poder para él por vías legales o ilegales. La ley le estorba. La vida democrática también. Y actúa en consecuencia desde una posición que recuerda el botín de conquista: cree tener derecho a hacer del país lo que le venga en gana porque ganó una elección presidencial.

Lo ha demostrado en estos dos años: la Constitución debe amoldarse a sus deseos y la aplicación de la ley debe alinearse a su capricho.

El presidente no está en campaña electoral desde Palacio Nacional. En realidad, busca que el resultado de las elecciones del 6 junio próximo —donde se juega la mayoría legislativa— se vuelvan irrelevantes y su proyecto avance hacia 2024 como si fuera hegemónico. De tal suerte que, cuando llegue esa fecha de la sucesión presidencial, ya todas las opciones estén en su tablero.

AMLO ya desapareció, desfondó o arrinconó a la mayor parte de los organismos autónomos que dan contrapeso o vigilan al gobierno. Ya demostró que los periodistas y medios que critiquen o investiguen a su administración son tratados como enemigos. Ya introdujo al Ejército a la vida civil a un grado que no se había visto desde que el hoy llamado Partido Revolucionario Institucional (PRI) eliminó su sector militar en la década de 1940. La coalición electoral que lo llevó al poder tiene mayoría en el poder Legislativo, aunque en las pasadas elecciones 56% de los votos para el Senado y la Cámara de Diputados fueron por otros partidos. Ahora maniobra para retorcer la Constitución y hacerse con el control total del poder Judicial.

Con un viejo recurso tramposo muy socorrido por el PRI en sus tiempos, un senador que era priista y se pasó al Partido Verde introdujo un agregado de última hora a una iniciativa de reformas al poder Judicial que estaba a punto de ser votada. El agregado permite la reelección de facto del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y cabeza del Consejo de la Judicatura Federal. En términos prácticos, el jefe del poder Judicial, una de las tres ramas del Estado mexicano.

La iniciativa se aprobó en el Senado tal cual y debe pasar a la Cámara de Diputados, que cuenta con mayoría obradorista. La Constitución establece que la gestión del presidente de la Suprema Corte dura cuatro años y no podrá reelegirse para el periodo inmediato posterior. También establece que son los ministros de la Corte los que eligen a su presidente.

Con el artículo transitorio aprobado de último momento, el mandato del actual presidente se extendería dos años más (lo que viola la Constitución), serían dos años inmediatos posteriores al periodo para el que fue electo (una segunda violación) y los congresistas habrían nombrado de facto al presidente de la Corte (y la tercera).

Ya hay juristas que señalan que lo que se votó en la Cámara es inconstitucional. Pero AMLO dice que esto le parece muy bien y su argumento es que confía en Zaldívar. Está convencido de que su bendición moral debe pesar más que la ley.

Hasta el domingo 18, Zaldívar no se había expresado al respecto. Como falta la votación en la Cámara de Diputados, aún no se consuma el cambio, y ha crecido la presión pública para que el ministro rechace de antemano la maniobra. Cada hora que pasa sin que el presidente de la Corte se pronuncie, deja claro que acompaña el desplante reeleccionista y que, si al final lo rechaza, será más por derrota política que por pudor constitucional.

Más allá de que AMLO logre su cometido en este caso, lo que queda muy claro es el plan detrás: quiere el control de los tres poderes de la Unión por las buenas o con maniobras turbias.

Los pilares de la democracia le estorban, las libertades democráticas lo irritan y se asume como un mexicano especial con facultades para ponerse por encima de la ley a placer. Por eso usa todos los instrumentos del Estado para asediar y satanizar a la oposición y la prensa independiente, para arrinconarlas en el baúl de lo que llama sus adversarios “moralmente derrotados”.

Al Instituto Nacional Electoral lo insulta y amenaza a diario, en pleno proceso de elecciones, y anunció que pasados los comicios de junio presentará una reforma para que se vayan algunos consejeros de ese órgano (los que no fueron puestos por la mayoría legislativa que él controla).

El presidente fundamenta su idea del poder en su pretendida superioridad moral. Por eso sus discursos, en el tema que sea, siempre son una variante del núcleo de su concepción política: él es honesto, los que se le oponen son corruptos y los que se someten a su voluntad son redimidos.

No es un pensamiento original, ni de lejos. En él se basan los proyectos autoritarios y, por supuesto, los totalitarios. Andrés Manuel López Obrador es hoy la principal amenaza contra la democracia en México.