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La violencia que vive Guanajuato exige un cambio de fiscal


2021-05-17

Kennia Velázquez, The Washington Post

El estado mexicano de Guanajuato vive, desde hace años, la peor ola de violencia de su historia. Aunque es uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto del país, también es el primero en homicidios. Pese a ello, el fiscal general de justicia del estado, Carlos Zamarripa, lleva 12 años en el puesto y, gracias a una reforma, estará en él hasta 2028.

En 2009, cuando Zamarripa asumió como procurador, la entidad reportaba 4.2 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Hoy, esa tasa es de 55.99. Aunque según el reporte Hallazgos 2019 el estado presenta un indicador de impunidad menor al promedio nacional, ese mismo año registró 4,494 homicidios, de los que solo 13% tuvo al presunto responsable frente a un juez. Ante los nulos resultados, Zamarripa debería dejar ya el puesto, pero hay una red de complicidades que lo protege y que debería dejar de hacerlo.

En el reportaje Carlos Zamarripa, el caudillo de la justicia mexicana, realizado por POPLab y la plataforma Connectas, se explica que las cifras de impunidad además podrían estar maquilladas para mostrar una imagen de eficiencia del fiscal. Esto se confirma con el reporte Fallas de Origen, que situó al estado como el tercer peor evaluado en confiabilidad estadística criminal.

“A veces se nos indica que las extorsiones deben registrarse como fraudes y los secuestros como no localización de personas, dependiendo de cómo vayan las estadísticas”, señaló un agente del Ministerio Público en el reportaje.

En más de una ocasión el presidente Andrés Manuel López ha señalado la “complicidad de autoridades” con el crimen organizado en el estado y ha pedido “hacer una limpia”. Pero Zamarripa es el verdadero hombre fuerte de Guanajuato y, además de la manipulación de las estadísticas, el fiscal ha logrado convencer a tres gobernadores de su eficacia por las buenas relaciones que tiene con agencias de seguridad de Estados Unidos.

El Congreso de ese país reconoció su labor en cuestiones forenses, y lo considera “un modelo para otros estados”, según la Comisión de políticas de drogas del hemisferio occidental, aunque no menciona la crisis de violencia en la entidad. Lo consideran también el artífice de la captura de José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, y señalan que el fiscal ha recibido capacitación de sus agencias gubernamentales.

Zamarripa, además, ha sido un fiel guardián de los intereses de quien lo encumbró, el Partido Acción Nacional, que gobierna este estado hace 30 años. No solo se encarga de perseguir a la oposición política, sino de que las investigaciones contra funcionarios o familiares de panistas no avancen. En las elecciones de 2012, a 36 horas de la jornada electoral, un operativo irrumpió en una reunión de promotores del voto del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Ignacio Torres Landa, porque había —según la Fiscalía— "propaganda que no debía estar y mucha gente que no justifica su estancia”. En las campañas de 2015, 30 agentes ministeriales armados llevaron a cabo un cateo, producto de una supuesta denuncia anónima, en el que incautaron 20,000 paquetes de material escolar del Partido Verde Ecologista de México.

En 2018 fue asesinado el candidato a la alcaldía de Apaseo El Alto del partido Morena, José Remedios Aguirre. El fiscal declaró seis días después que Aguirre se encontraba vinculado con grupos criminales. La investigación solo criminalizó a la víctima y permanece sin resultados hasta ahora. En cambio, el sobrino nieto del histórico líder del PAN en Guanajuato, Elías Villegas, solo pagará con trabajo comunitario haber asesinado a un hombre.

Como pago a esto, los gobiernos panistas le han aceptado todo a la fiscalía de Zamarripa: de 2009 a 2020 le han asignado 1,000 millones de dólares como presupuesto, y en 2019 la fiscalía fue la cuarta con más presupuesto, solo detrás de las de Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua; le han creído justificaciones de la creciente violencia, y lo defienden incluso frente al presidente. “Tenemos la mejor fiscalía del país y los números no mienten”, dijo este año el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez.

Y efectivamente, los números no mienten. Además del aumento exponencial en homicidios, en 2009 la empresa Petróleos Mexicanos registró oficialmente la perforación de nueve tomas clandestinas en los ductos de combustible que cruzan Guanajuato; para 2018, eran 1,919.

El robo de combustible ha sido uno de los principales detonadores del crimen organizado en la zona, pero fue hasta 2017 que Arturo Velázquez Bravo, general del Ejército, habló por primera vez de “El Marro”, líder del principal grupo dedicado a esta actividad: “Me extraña que no lo conozcan, (Yépez) tiene más de 100 propiedades, tiene ocho años trabajando aquí en el área y veintitantas tomas (clandestinas). Una toma le da 18 millones de litros al año”. Por esos días se le preguntó a Zamarripa sobre ese cártel del que nunca habíamos oído hablar: dijo que no lo conocía y que era tema federal.

Sin duda, el fiscal debe irse ya por la falta de resultados y su omisión para combatir al crimen organizado, pero también porque una permanencia de 12 años en el poder, y los siete que aún le faltan, no son sanos en ninguna institución pública.

Pero, ¿quién le pedirá que se vaya? En Guanajuato, ningún poder se atreve y utilizan como pretexto la autonomía de la Fiscalía. Las familias de víctimas y organizaciones de la sociedad civil son las únicas que lo enfrentan y exigen rendición de cuentas. Hasta el momento, el presidente ha limitado su acción a declaraciones incendiarias, y parece muy difícil una intervención federal.

Así, será el gobernador quien defina si en verdad quiere asumir responsabilidad plena para atender la conflictiva situación que vive el estado o seguirá al margen. La decisión que se tome sobre la continuidad o no de Zamarripa es el gran pendiente para poder combatir la violencia que arrasa con nuestra entidad.



Jamileth


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