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Brasil busca delegar la conservación de la Amazonía, pero no atrae mucho interés

2021-05-28

Manuela Andreoni, The New York Times

La iniciativa del gobierno de Bolsonaro para formar una alianza de protección ambiental con el sector privado no ha encontrado muchas empresas con disposición de sumarse

Este artículo fue escrito en colaboración con la Red de Investigaciones sobre los Bosques Tropicales del Centro Pulitzer.

RÍO DE JANEIRO — Al enfrentar el severo repudio internacional debido a la destrucción de la Amazonía, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro pensó en una estrategia: les ofreció a algunas empresas la oportunidad de “adoptar” un pedazo del bosque tropical.

Sin embargo, este plan —que invita a las empresas a aportar dinero para ayudar a conservar el bosque— ha sido empañado por la desorganización. Sus detractores, quienes lo ven como una labor de “maquillaje ecológico” o ecoimpostura (greenwashing), para esconder la mala actuación del gobierno de Bolsonaro con respecto al medioambiente, lo han recibido con escepticismo.

Tampoco ha encontrado muchos interesados.

El programa fue anunciado en febrero cuando el gobierno de Joe Biden dejó en claro que esperaba que Brasil restituyera parte de los bosques destruidos y que restableciera los programas de protección al medioambiente que se eliminaron durante los primeros dos años del gobierno de Bolsonaro.

Tal como fue propuesto, el programa Adopte un Parque alcanzaría dos de las metas del gobierno de Bolsonaro: redimir la imagen tan manchada de Brasil en cuestiones medioambientales, la cual los líderes industriales han temido que los excluya de los mercados internacionales, y delegar los costos para la conservación en una época de restricciones presupuestarias.

Ricardo Salles, ministro del Medioambiente, señaló que “muchas de estas empresas, fondos de inversión que firmaron cartas en las que manifestaban su preocupación por la Amazonía, en Adopte un Parque ahora tienen una oportunidad concreta, muy sencilla y eficiente de convertir sus inquietudes en acciones”.

El gobierno ofreció 132 reservas federales de la Amazonía para su patrocinio. Hasta ahora, solo se han inscrito tres compañías extranjeras — Carrefour, la cadena de tiendas de comestibles, Coca Cola y Heineken— y cinco empresas brasileñas. Sus donaciones suman un total de un poco más de un millón de dólares, una pequeñísima fracción de los 600 millones de dólares que Salles espera recaudar.

Además, pese a que al menos una de las empresas mencionó que entregó toda la documentación solicitada hace más de un mes, a ninguno de los patrocinadores se le ha asignado una reserva.

La idea en sí no es mala, señaló Cláudio Maretti, exdirector del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, un organismo gubernamental que gestiona los parques nacionales de Brasil y ayuda a administrar el programa. Muchas de las reservas de la lista han sido mermadas por la deforestación ilegal, la explotación salvaje y el acaparamiento de tierras.

No obstante, el programa se ha desarrollado sin la planeación ni la transparencia que podrían ayudar a hacerlo eficaz y parece un intento de “maquillaje ecológico” de bajo presupuesto para la reputación del gobierno con el fin de que pueda “decir que hizo algo”.

“Lo que ha caracterizado a este gobierno es su rechazo a la conservación, pero al mismo tiempo, su desorganización”, comentó Maretti.

Las entrevistas y los documentos obtenidos por The New York Times mediante solicitudes para la libertad de la información indican que los intentos del ministro del Medioambiente para alentar a las empresas a adoptar parques fueron caóticos y que estuvieron marcados por una mala comunicación con los posibles patrocinadores y una falta de vinculación por parte de las personas que viven en las áreas en cuestión.

Hasta ahora, la mayor aportación de una compañía privada ha sido la de Carrefour, una empresa multinacional francesa. Stéphane Engelhard, vicepresidente de la sucursal brasileña, dijo en una entrevista que la compañía estaba orgullosa de donar al programa más de 700,000 dólares.

Engelhard señaló que Carrefour decidió contribuir para la reserva de Lago do Cuniã, en el estado de Rondônia, porque está habitada por una comunidad tradicional que vive del bosque.

“Tenemos la idea de demostrar que se puede tener un bosque sustentable donde pueda vivir la gente sin destruirlo”, afirmó Engelhard.

Pero le sorprendió que no le hubieran consultado acerca del plan a esa comunidad.

Gilberto Raposo, miembro de la asociación de residentes de la reserva de Lago do Cuniã, mencionó que se enteró del programa a través de los medios de comunicación.

“Estaría muy bien que en verdad se realizara y ayudara a las reservas y a la gente de las riberas”, comentó, y añadió que tienen muchas necesidades. “Pero no está bien que algo suceda y no nos enteremos”.

Una organización que representa a las comunidades tradicionales que viven del bosque, el Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivistas, envió una queja formal al gobierno en la cual sostenía que era ilegal que el programa incluyera reservas habitadas por comunidades tradicionales sin consultarles. Ahora, los fiscales están investigando.

“Podemos debatir sobre cualquier política que beneficie a las reservas”, señaló Dione Torquato, secretario general de la organización. “Pero queremos participar en el proceso. Que sea algo transparente, no impuesto”.

Hace dos semanas, el ministerio recibió por parte del interior del gobierno federal un estímulo para salvar su honor. El banco estatal Caixa Econômica ofreció aportar 28 millones de dólares para el programa.

En un documento gubernamental se informa que, de febrero a abril, el ministerio celebró reuniones relacionadas con el programa con 128 empresas y dos ciudadanos. Sin embargo, los representantes de varias de las compañías listadas señalaron que no tenían registro de haber sido abordadas de manera formal.

Un representante de Google afirmó que solo recibió una invitación al evento de lanzamiento. Bunge, una empresa estadounidense de agroindustria, afirmó que nunca recibió ninguna propuesta. Lars Grael, un exregatista olímpico que es miembro del cuerpo directivo de una iniciativa gubernamental de voluntarios, aseguró que jamás había escuchado acerca del programa y que le sorprendía que las autoridades gubernamentales informaran que se reunieron con él para tal efecto.

Brasil tiene otros programas que permiten que las empresas donen a las reservas de la Amazonía y a otros biomas. Desde su fundación en 2002, el programa de Áreas Protegidas de la Amazonía ha recaudado de los gobiernos y de las empresas decenas de millones de dólares para las zonas protegidas de esa región.

Mediante el programa de Adopte un Parque, las empresas patrocinadoras pagan al menos 9,50 dólares al año por cada hectárea del área de la reserva. Auspiciar el parque más grande cuesta casi 35 millones de dólares anuales, mientras que el más pequeño cuesta 23,000 dólares al año.

Al concretarse los convenios de patrocinio, las empresas donan bienes y servicios —que incluirían vehículos o brigadas de incendios— a la oficina del Instituto Chico Mendes de cada reserva.

Los detractores alegan que otro problema es que no consideraron a los servidores públicos de carrera para trabajar en el programa. La mayor parte de los altos funcionarios que manejan esta iniciativa son nuevos en el ministerio. Algunos son oficiales de policía con poca experiencia en asuntos de medioambiente.

El programa no ha tenido mucha aceptación de los ambientalistas, quienes creen que su objetivo de conservación no es coherente con los historiales de Bolsonaro y de Salles.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Brasil autorizó redadas en domicilios relacionados con Salles y desveló registros de sus transacciones financieras como parte de una investigación de la policía federal sobre las exportaciones de madera ilegal de la Amazonía a Estados Unidos.

Varios de sus principales colaboradores, incluido el director de la principal agencia de protección medioambiental de Brasil, se vieron obligados a abandonar sus funciones.

Como ministro, Salles ha desmantelado aún más un sistema de protección del medio ambiente que ya contaba con poco personal y fondos. Hizo más difícil el cobro de multas ambientales, despidió a los agentes que investigaban con éxito los delitos ambientales y se peleó con los gobiernos de Noruega y Alemania, que hasta 2019 gastaban conjuntamente 1300 millones de dólares al año en programas de protección de la Amazonía.

Salles señaló por primera vez en julio pasado su intención de compartir la responsabilidad de la protección de la Amazonía con actores no gubernamentales. Cuando se intensificaron las protestas por los incendios en la selva amazónica, desafió al actor Leonardo DiCaprio, uno de los críticos más destacados del gobierno, a patrocinar una reserva.

“¿Vas a apostar tu dinero a lo que estás diciendo?”, escribió Salles en Twitter en septiembre.

Más allá de proponer el programa de adopción de parques antes de la cumbre sobre el cambio climático convocada por el gobierno Biden el mes pasado, el gobierno de Brasil parece haber hecho poco para mejorar sus políticas medioambientales.

En la cumbre, Bolsonaro prometió asignar más dinero a las agencias de protección del medio ambiente. Sin embargo, al día siguiente el gobierno hizo lo contrario, al firmar un presupuesto que recortó aún más la financiación de las agencias.

Y los legisladores federales están estudiando un proyecto de ley que facilitaría a las empresas la obtención de permisos ambientales para nuevos proyectos agrícolas, mineros y de infraestructuras.

“¿Recibir donaciones como están proponiendo va a compensar todo eso?”, preguntó Natalie Unterstell, experta de Política por Inteiro, un laboratorio de ideas que ha estado siguiendo el programa. “No. Es una medida paliativa”.