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Con castillos inflables y granadas, las pandillas debilitan el control de Maduro

2021-06-01

Por Isayen Herrera y Anatoly Kurmanaev | The New York Times

CARACAS — Desde el interior de su palacio presidencial, y aprovechando su dominio de los medios de comunicación, el presidente Nicolás Maduro pronuncia discursos destinados a proyectar estabilidad en una nación que colapsa.

A medida que el Estado venezolano se desintegra bajo el liderazgo corrupto de Maduro y por las sanciones de Estados Unidos, su gobierno está perdiendo el control de amplios sectores del país, incluso dentro de su bastión: Caracas, la capital.

En ningún lugar es más evidente el debilitamiento de su control sobre el territorio que en las cercanías de la Cota 905, una vía que atraviesa una ladera empinada con vista a los pasillos dorados desde los que Maduro se dirige a la nación.

En el laberinto de casas precarias que conforman la zona de la Cota 905 y los barrios cercanos de El Cementerio y La Vega, hogar de unas 300,000 personas, la pandilla más grande de la capital ha ocupado el vacío de poder dejado por una nación en descomposición: entrega alimentos a las personas necesitadas, ayuda a pagar las medicinas y los funerales, abastece a los equipos deportivos y patrocina conciertos de música. En las fiestas patrias, reparte juguetes y coloca castillos inflables para los niños.

El territorio que controla la pandilla está fuera del alcance de las fuerzas policiales. Y, según dijo un comandante de la policía local, los delincuentes tienen acceso a lanzagranadas, drones y motos veloces, por lo que están mejor armados y mejor pagados que la mayoría de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

Las pandillas ofrecen una especie de justicia brutal: los ladrones que son atrapados en las áreas que controlan reciben un balazo en la mano. Los abusadores domésticos reciben una advertencia; y los reincidentes son tiroteados, dijeron los residentes. Y los pandilleros que intentan salir de la delincuencia son perseguidos como traidores.

Pero muchos de los que viven bajo su control dicen que el dominio de los pandilleros es mejor que la anarquía y la violencia que reinaban antes de que tomaran el poder. Los residentes dijeron que no tenían esperanzas de recibir ayuda del gobierno.

“La mayoría preferimos vivir así”, dijo Belkys, una residente de las cercanías de la Cota que pidió ser identificada únicamente por su nombre de pila, por temor a sufrir represalias por parte de la pandilla. “No vemos una solución real”.

Durante varios años, la ausencia del gobierno ha sido una realidad en gran parte de Venezuela. Ante el colapso económico, Maduro ha abandonado gradualmente las funciones básicas del gobierno en buena parte del país, incluida la vigilancia, el mantenimiento de carreteras, la atención médica y los servicios públicos; para destinar los recursos cada vez más escasos a Caracas, hogar de las élites políticas, empresariales y militares que conforman su base de apoyo.

Refugiado en sus residencias fortificadas de Caracas, Maduro aplastó a la oposición, purgó a la disidencia en las fuerzas de seguridad y enriqueció a sus aliados en un esfuerzo por eliminar los obstáculos a su gobierno autoritario.

En áreas remotas, amplias zonas del territorio nacional cayeron bajo el control de criminales e insurgentes. Pero el dominio de las pandillas de la Cota 905 y los barrios cercanos, que se encuentran a poco más de 3 kilómetros del palacio presidencial, es evidencia de que su gobierno está perdiendo el control incluso en el centro de la capital.

En toda la ciudad, otros grupos armados también han consolidado el control territorial sobre los barrios de clase trabajadora.

“A menudo se ve a Maduro como un autócrata tradicional que controla todos los aspectos de la vida de los venezolanos”, dijo Rebecca Hanson, socióloga de la Universidad de Florida que estudia la violencia en Venezuela. “En realidad, el Estado se ha vuelto muy fragmentado, muy caótico y en muchas áreas es muy débil”.

A medida que el alcance del gobierno en los barrios marginales de Caracas se redujo, el crimen organizado creció, lo que hizo que los funcionarios de Maduro tuvieran que negociar con las pandillas más grandes para reducir la violencia y mantener el control político, según entrevistas con una decena de residentes, así como con policías, funcionarios y académicos que estudian la violencia.

En el proceso, las pandillas con mayor organización comenzaron a suplantar al Estado en sus comunidades, asumiendo el control de la policía, los servicios sociales e incluso la aplicación de las medidas relacionadas con la pandemia.

Agentes de la policía dicen que la pandilla que ahora controla la Cota 905 cuenta con 400 hombres armados aproximadamente, gracias a las ganancias del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, y que esta ejerce un control total sobre al menos 20 kilómetros cuadrados en el centro de la capital.

Pandilleros con armas automáticas patrullan las calles de los barrios y las de las comunidades circundantes y vigilan los puntos de entrada desde torres de vigilancia dispuestas en algunos techos. El primer puesto de control está ubicado a unos minutos de trayecto de la sede del cuerpo de la policía secreta de Maduro.

A medida que la economía venezolana caía en picada, la pandilla de la Cota comenzó a ofrecer apoyo financiero a la comunidad, con lo que suplantaron los programas sociales en bancarrota de Maduro, que una vez ofrecieron comida, vivienda y útiles escolares gratuitos a los pobres.

Después de monopolizar el tráfico de drogas local, la pandilla de la Cota 905 impuso reglas estrictas a los residentes a cambio de frenar la violencia y los delitos menores que alguna vez fueron endémicos. Y muchos residentes aceptan su firme postura contra el crimen.

“Los malandros de antes robaban”, dijo Ojeda, una residente de la Cota 905 que, como otros en la comunidad, pidió que no se publicara su nombre completo por temor a molestar a los pandilleros. “Ahora ellos aparecen con todo lo que se pierde”.

Durante su mandato, Maduro ha pasado de la brutal represión dirigida a los grupos del crimen organizado a adaptarse a estos en un intento por controlar el aumento de la delincuencia.

En 2013, retiró a las fuerzas de seguridad de una decena de lugares en conflicto, incluido la Cota 905, y las nombró como “Zonas de paz”, mientras trataba de aplacar a las pandillas. Dos años más tarde, cuando la política no logró controlar la delincuencia, desató una ola de asaltos policiales brutales en los barrios.

Las operaciones policiales resultaron en miles de ejecuciones extrajudiciales, según las Naciones Unidas, lo que hizo que Maduro fuese acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y que se ganara el odio de muchos de los residentes de los barrios marginales. Ante el embate, las pandillas cerraron filas y crearon organizaciones cada vez más grandes y complejas, según Hanson y su colega, la investigadora Verónica Zubillaga.

Incapaz de derrotar a la pandilla de la Cota, el gobierno de Maduro volvió a las negociaciones con sus líderes, según reveló un comandante de la policía y dos funcionarios del gobierno que mantuvieron conversaciones con la pandilla y trabajaron para poner en práctica los acuerdos.

Nuevamente, las fuerzas de seguridad tienen prohibido ingresar a la comunidad, según el comandante de la policía, quien no está autorizado para discutir la política estatal y lo hizo bajo la condición de anonimato.

Con el acuerdo con el gobierno, la pandilla de la Cota redujo los secuestros y asesinatos y comenzó a implementar algunas políticas estatales. Durante la pandemia, los delincuentes hicieron cumplir estrictamente las reglas de confinamiento y el uso de mascarillas, dijeron los residentes locales. Y la pandilla está trabajando con el gobierno para distribuir entre la comunidad los escasos alimentos y útiles escolares que quedan, dijeron los residentes y los dos funcionarios.

“La banda está enfocada en la comunidad”, dijo Antonio García, un residente de uno de los barrios. “Siempre están pendientes de que nos llegue la bolsa de comida”.

Ojeda dijo que durante la última temporada de carnaval recibió de la pandilla 300 dólares —una suma grande en un país donde el salario mínimo mensual se ha derrumbado a alrededor de los dos dólares— para comprar juguetes y dulces para su familia. Los residentes dijeron que a los jóvenes de la comunidad se les ofrecen trabajos como vigías o guardias de casas de seguridad por los que se paga entre 50 y 100 dólares a la semana, más de lo que ganan la mayoría de los médicos e ingenieros en Venezuela.

Aceptar estos trabajos es más sencillo que dejarlos. Poco después de que el hijo mayor de Ramírez, quien no quiso dar su nombre completo por temor a la pandilla, comenzara a ser vigía en la Cota 905, descubrió que su vida ahora pertenecía a la pandilla.

“Cuando volvió tenía ropa nueva, zapatos nuevos, pero no paraba de llorar”, dijo Ramírez. “Quería volver y no podía”.

Las protestas contra el gobierno están prohibidas en la zona y los pandilleros convocan a los residentes a los centros de votación durante las elecciones, dijeron los residentes.

Los integrantes “nos dicen que si tumban al gobierno nos vamos a afectar nosotros también, porque entrará la policía”, dijo Ana Castro, residente de Cota. “Se acaba la ‘Zona de paz’ y nos vemos perjudicados”.

En privado, algunos funcionarios del gobierno defienden los pactos de no agresión con las pandillas más grandes al advertir que la medida ha reducido drásticamente la violencia.

Las muertes violentas en los barrios marginales de Caracas se han reducido a la mitad desde mediados de la década de 2010, cuando la capital venezolana era una de las ciudades más peligrosas del mundo, según cifras de Mi Convive, una organización local sin fines de lucro.

Pero académicos y analistas que estudian el crimen en la ciudad dicen que la reducción de los homicidios evidencia el creciente poder de las pandillas de Caracas contra un gobierno cada vez más débil. El desequilibrio, dijeron los expertos, coloca al gobierno y a la población en una posición cada vez más peligrosa y vulnerable.

Los cambios en el balance de poder se hicieron evidentes en abril, cuando la pandilla de la Cota disparó contra una patrulla de la policía y se apoderó de un tramo de esa carretera, que atraviesa Caracas. Ese lugar estaba a cinco minutos en coche del palacio presidencial y el bloqueo paralizó la capital durante varias horas.

Pero el gobierno permaneció en silencio a pesar de todo. Las fuerzas de seguridad nunca llegaron a retomar el control de la vía. Una vez que la pandilla se fue, los oficiales retiraron con discreción la patrulla destrozada.