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Castillo y Fujimori pelean los votos y la incertidumbre acecha al país

2021-06-11

Por Mitra Taj y Julie Turkewitz | The New York Times

LIMA, Perú — Perú ha pasado por un año de profunda agitación: tres presidentes transitaron por el poder, sufrió una de las tasas de mortalidad por coronavirus más altas del mundo y, por la pandemia, su economía se contrajo más que cualquier otra en la región.

Muchos en el país esperaban, contra todo pronóstico, que las elecciones presidenciales del domingo pasado ofrecieran un nuevo comienzo. En cambio, casi una semana después de que se emitieron los votos, Perú ha vuelto a sumirse en la incertidumbre.

Los dos candidatos están prácticamente empatados. La candidata alega fraude y pide que se anulen hasta 200,000 votos, una medida que privaría del derecho a voto a muchos electores pobres e indígenas. El candidato convocó a sus seguidores para que salieran a las calles a defender los votos.

Según algunos analistas, la tensión está llevando a la democracia hasta sus límites; exacerba las fisuras de una sociedad profundamente dividida y aumenta la preocupación por el futuro del país.

Perú está soportando una “guerra nuclear en la cual se ha sumido la política peruana”, dijo el politólogo Mauricio Zavaleta, una en la que los políticos creen que “los fines justifican los medios”.

Con el 99 por ciento de las actas contabilizadas, Pedro Castillo, un exmaestro de izquierda sin experiencia en el gobierno, lidera sobre Keiko Fujimori, la hija del expresidente de derecha Alberto Fujimori —y símbolo de la política tradicional peruana—, por aproximadamente 70,000 votos. Castillo ha ganado alrededor del 50,2 por ciento de los votos contabilizados y Fujimori el 49,8 por ciento.

Pero Fujimori ha pedido que se anulen miles de votos, alegando, sin mostrar pruebas concretas, que el partido de su oponente violó “de manera sistemática” el sistema de votación.

Tanto autoridades electorales como los observadores afirman que aún no se ha presentado evidencia de fraude sistemático, y los analistas han dicho que el esfuerzo de Fujimori probablemente no logrará que los resultados la favorezcan.

Las autoridades electorales tienen hasta el sábado para analizar las solicitudes del partido de Fujimori que pide anular actas de 802 mesas de votación, en las que, según sus acusaciones, los partidarios de Castillo realizaron varios tipos de actividades ilegales, incluido el cambio del conteo de votos a su favor.

Esas mesas de votación están en regiones en las que Castillo ganó con una diferencia sólida, principalmente en áreas rurales andinas pobres e históricamente marginadas, incluida la ciudad natal de Castillo.

Para el jueves, una multitud de seguidores de Castillo se había reunido frente a la sede de la autoridad electoral nacional. Algunos habían viajado desde muy lejos y dijeron que estaban frustrados y preocupados por la posibilidad de que Keiko Fujimori estuviera tratando de robar las elecciones.

“¡El voto se defiende!”, corearon algunos.

“Son las elecciones más desastrosas que me ha tocado vivir”, dijo Antonio Gálvez, un taxista de 37 años que trabaja a un lado de donde sucedía la manifestación. “La señora Keiko Fujimori representa todo lo malo de la política peruana”.

El jueves, la crisis se intensificó cuando un fiscal pidió a un juez que encarcelara a Keiko Fujimori, quien enfrenta cargos de corrupción relacionados con una campaña anterior en la que contendía por la presidencia.

Acusada de dirigir una organización criminal que traficaba con donaciones ilegales de campaña, Fujimori podría ser sentenciada a 30 años de prisión. Detenida y liberada tres veces a medida que avanzaba el caso, ahora la fiscalía la acusa de tener contacto con testigos del caso, una violación de su excarcelación.

Si gana las elecciones, estará protegida del enjuiciamiento durante su mandato presidencial, que tiene una duración de cinco años.

Los comicios y las tensiones que han generado están exacerbando las divisiones en la sociedad peruana.

A pesar de que durante las últimas dos décadas el país ha registrado tasas de crecimiento económico, Perú sigue siendo una nación desigual y dividida, en la que la población más rica y blanca de sus ciudades mantiene la mayoría de los beneficios de un modelo económico neoliberal impuesto en la década de 1990 por el padre de Keiko Fujimori.

Cuando la pandemia arrasó en Perú, exacerbó esas brechas sociales y económicas y golpeó con mayor dureza a quienes no podían permitirse dejar de trabajar, a quienes vivían en condiciones de hacinamiento o que tenían acceso limitado a la atención médica en un país con un sistema de seguridad social endeble.

Las elecciones se llevaron a cabo en los mismos términos económicos, raciales y de clase: Fujimori ha obtenido la mayor parte de su apoyo de áreas urbanas, y Castillo ha establecido su base de apoyo en las tierras altas en zonas rurales, donde viven más peruanos mestizos e indígenas.

Zavaleta, el politólogo, dijo que pensaba que el caos de las elecciones, incluidos los intentos de Fujimori de anular votos, había “ahondado las diferencias entre los peruanos”.

“Y creo que va a tener efectos relativamente duraderos”, agregó.

Afuera de la oficina de la autoridad electoral, Max Aguilar, de 63 años, dijo el jueves que había viajado varias horas en autobús, desde la norteña ciudad de Chimbote, para defender a Castillo.

“Consideramos que la ultraderecha ya ha tenido suficiente tiempo para demostrarnos que podemos estar mejor todos y no lo han hecho”, dijo.

“Entonces, nosotros, el pueblo, les estamos diciendo que no, que basta. Y estamos apostando por un cambio, tenemos mucha confianza en el profesor Castillo”.