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El fiscal Gertz maniobra para entrar en el Sistema Nacional de Investigadores tras ser rechazado durante 11 años

2021-06-11

Beatriz Guillén | El País

México - El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ha ingresado en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) después de haber sido rechazado durante los últimos 11 años. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) había denegado en cinco ocasiones el ingreso de Gertz por “insuficiente producción científica”. Una comisión formada en exclusiva para su caso le otorgó en abril el acceso en grado III, el nivel más alto que puede alcanzar un investigador nacional sin ser emérito. La noticia ha despertado las críticas dentro del sector que califican este ingreso como “indignante” y lo relacionan con una decisión política.

En un momento delicado en la relación entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las instituciones científicas, especialmente tras la extinción de los fideicomisos, el proceso de entrada de Gertz en el SNI está plagado de dudas. “Que el fiscal sea SNI III es una señal profunda de que las normas se flexibilizan cuando se trata de darle a alguien del círculo inmediato lo que quiere”, valora la investigadora del CIDE Ximena Medellín. Esta doctora en Derecho, que está dentro del SNI en la categoría de Candidata a Investigadora, considera el ingreso de Gertz como “un duro golpe” para la institución: “Supone una banalización del Sistema Nacional de Investigadores para todos los que creemos tanto en él. El SNI es un referente, un orgullo”.

La historia de Gertz con esta institución, que reconoce a los investigadores más prolíficos del país, comienza cuando el fiscal solicita su entrada en 2010. El Conacyt le deniega el acceso en dos ocasiones y el funcionario acude entonces a los tribunales. En un periplo jurídico que duraría años, dos jueces declaran nulas las resoluciones del Conacyt, que se ve obligado a emitir nuevas decisiones en 2013, 2014 y 2015. Todas ellas niegan el ingreso a Gertz. La última es tomada por el Consejo de Aprobación del SNI.

En esta “decisión final” el consejo señala que “la producción presentada por el doctor Alejandro Gertz Manero es de limitada calidad en la investigación de práctica científica”, puesto que las fuentes de investigación son limitadas e incompletas y faltan “elementos mínimos de la técnica de investigación documental”. El Conacyt considera también que Gertz no tiene una línea de investigación definida, no cuenta con el número de publicaciones originales requeridas para entrar en el SNI y que “no realiza habitual y sistemáticamente actividades de investigación”. Además, “su obra no corresponde a la creación de conocimiento nuevo, no tiene metodología ni aparato crítico, sino que solamente constituye la opinión del autor”, según detalla el periódico Animal Político, quien obtuvo el expediente interno del caso.

Tras esta resolución, Gertz interpone en 2015 una queja por trato discriminatorio ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Después de cinco años de silencio, el Conapred concluye el 28 de agosto de 2020 que hubo “un trato diferenciado” hacia el fiscal y ordena una nueva evaluación de los méritos.

En base a esta resolución —que no se encuentra disponible para consulta—, la actual directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, manifesta sobre el proceso que había vivido Gertz: “Se ha detectado un ejercicio arbitrario de las funciones de evaluación, así como parcialidad y falta de objetividad por parte de los evaluadores”. Álvarez-Buylla decide entonces formar una Comisión Especial Dictaminadora que se ocupará en exclusiva del caso Gertz. Este tipo de comités ad hoc no son una práctica prevista en el reglamento en los 37 años de funcionamiento del SNI. “No existe esa figura, la establecieron para este caso”, señala Medellín.

El 15 de abril de este año, los tres miembros de la comisión resuelven que el fiscal debe entrar en el Sistema Nacional de Investigadores “por su obra y su trascendencia nacional e internacional”. Presidida por Ernesto Villanueva —quien es el único firmante del dictamen—, la comisión considera que todas las decisiones anteriores del Conacyt se habían tomado con parcialidad. Y que, en base al principio pro persona de la Constitución, se debe aplicar la interpretación judicial que más beneficie al agraviado. Así, deciden otorgar a Gertz el grado más alto como investigador nacional, sin pasar por las etapas regulares de Candidato, grado I y II. Es este nivel otorgado de propio al fiscal lo que más indignación ha creado entre los investigadores. “El SNI III es el reconocimiento a una vida dedicada a la academia. No es alguien que casualmente va publicando allí o allá, es un compromiso y un proyecto de vida”, explica Ximena Medellín.

Para llegar a esta conclusión, y según el dictamen al que ha tenido acceso este periódico, la Comisión valora que Gertz tiene tres grados de doctor en Derecho y que “cuenta con cinco libros como autor único, dos capítulos de libros y seis artículos científicos”. El dictamen dedica un gran espacio a argumentar que en el caso del fiscal no se considera imprescindible haber dirigido una tesis —como se recomienda en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores—. En las evaluaciones regulares del SNI se llega a no admitir a alguien en el grado III por no tener suficientes tesis de doctorado dirigidas. El fiscal nunca ha dirigido ninguna.

El abogado, de 81 años, que ha trabajado con todos los partidos políticos del país, se ha convertido en una figura de primera línea con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo considera “incorruptible”. Sin embargo, este hecho alimenta las críticas a un fiscal acusado de discrecionalidad en algunos procesos judiciales. Una investigación de EL PAÍS destapó a finales de marzo la disputa que el funcionario mantiene con su familia política tras la muerte de su hermano hace seis años. Estos le acusan de pedirles 3,5 millones de pesos para poner en libertad a Alejandra Cuevas, la hija de la pareja de Federico Gertz, acusada por el fiscal de su asesinato.

Este último episodio del SNI es interpretado por los investigadores como una gota más en un panorama ya muy difícil para las instituciones científicas mexicanas. Para la abogada Ximena Medellín: “Es otra forma de corrupción, no está robando dinero, pero es abusar de tu posición para manipular todo el sistema”.