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Los tres hallazgos de Jhosivani y las dudas irresueltas en la investigación sobre Ayotzinapa

2021-06-21

Omar Sánchez de Tagle, The Washington Post

El 15 de junio se hizo púbico que el laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, confirmó que uno de los restos que el gobierno mexicano le envió en 2019 para su análisis es de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos en 2014.

Esta es la tercera ocasión en que las autoridades han tenido rastro de sus restos, aunque ante la opinión pública solo se habla de dos. La primera identificación fue en 2015, mediante restos localizados en el río San Juan, los cuales las autoridades señalaron que pertenecían a Jhosivani, pero expertos y familiares lo descartaron pues solo tenían una coincidencia de 17%. La segunda ocasión —que poco se señala— fue en 2018 en el basurero de Cocula, de acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La tercera fue mediante un hueso ubicado en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, a finales de 2019.

Sin duda la identificación actual es un hallazgo importante, pero —como ya ha sucedido en gobiernos anteriores— la Fiscalía General de la República (FGR) no ha explicado qué significan estos hallazgos para una nueva narrativa sobre los hechos. Aunque el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha señalado que “se acabó la verdad histórica” que dio a conocer el gobierno de Enrique Peña Nieto —que dice que los normalistas fueron quemados en una hoguera en el basurero de Cocula—, la FGR se ha ocupado solo de revelar parte de sus investigaciones y no ha explicado las razones ni las circunstancias en las que fueron hallados no solo los restos de Jhosivani, sino de otros estudiantes.

Las nuevas diligencias practicadas en esta administración se encuentran bajo reserva y no pueden ser consultadas a pesar de tratarse de un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

La historia con Jhosivani muestra las inconsistencias continuas de las autoridades en el caso, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver. Los primeros restos que se le atribuyeron, en 2015, fueron localizados en una bolsa del río San Juan —a más de seis kilómetros del basurero de Cocula y de la barranca— y descartados por familiares de los normalistas, abogados y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) debido las irregularidades con las que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reportó el hallazgo, además de que la coincidencia genética era baja. Los peritos argentinos señalaron que estaba por debajo del umbral de certeza necesario para considerarla aceptable.

En 2018, la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —encabezada entonces por José Trinidad Larrieta— colocó en la recomendación 15VG/2018 un apartado específico sobre Jhosivani. En ese documento se habla de un pedazo de cráneo que fue localizado en el basurero de Cocula y que hasta diciembre de 2016 se informó que también tenía relación con el estudiante.

Señala que en las búsquedas hechas en noviembre de 2014, peritos de la PGR recolectaron fragmentos de un cráneo que, durante casi un año, no fueron analizados. Fue hasta septiembre de 2015 que la entonces procuradora general, Arely Gómez, ordenó que se revisaran, de nueva cuenta, la totalidad de los fragmentos óseos recuperados del basurero de Cocula y del río San Juan. Tras este anunció, se tomó la determinación de enviar algunos de ellos a la Universidad de Innsbruck.

Un año después, el 12 de septiembre de 2016, la universidad determinó la correlación del perfil genético mitocondrial obtenido del cráneo localizado en el basurero de Cocula, con el fragmento de hueso recuperado del río San Juan, que ya se había señalado era de Jhosivani.

De igual manera, estableció la correlación del perfil genético mitocondrial de la muestra con el de Martina de la Cruz, madre de Jhosivani. En términos simples, reveló que esa muestra de cráneo correspondía a Jhosivani.

Los resultados fueron notificados a la PGR el 13 de octubre de 2016, pero fue hasta diciembre que esta los entregó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el EEA. En la recomendación de la CNDH (página 961) se expuso que resultaba extraño que la PGR, ya para entonces a cargo de Raúl Cervantes, no hubiese hecho públicos los resultados. El centro Pro Juárez me explicó en entrevista que nunca se tomaron en cuenta dichos restos óseos porque la PGR no fue clara en la forma en que se encontraron y localizaron.

En la recomendación se señalaba también la necesidad de enviar 114 restos óseos a la Universidad de Innsbruck, que servirían para explicar parte de la narrativa, lo cual no se ha realizado.

Los recientes resultados sobre Jhosivani, de acuerdo con el EAAF, se alcanzaron gracias a la recuperación de ADN nuclear, que alcanza valores de probabilidad de parentesco de 99.99%. Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre la forma en que la actual FGR ha hecho sus investigaciones. A la fecha, no ha dejado clara la forma en que se localizarón los restos en la Barranca de la Carnicería, ubicada a tan solo 800 metros del basurero de Cocula, lugar donde la “verdad histórica” señalaba que habían sido incinerados la mayor parte de los estudiantes.

El actual fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Trejo, señaló que la FGR “recibió información” que llevó a diversas búsquedas y que entre el 21 y el 29 de noviembre de 2019 se encontraron restos, de los cuales seis piezas fueron enviadas para su análisis a la Universidad de Innsbruck. Uno de esos restos correspondió a Christian Alfonso Rodríguez, otro de los normalistas desaparecidos.

La Barranca de la Carnicería se sabía que era un lugar importante desde diciembre de 2014, cuando un grupo de reporteros acudimos al paraje, junto con la PGR, debido a que se conocía la existencia de restos carbonizados de personas.

Estos hallazgos son importantes, pero a la fecha no existe una narrativa que de manera cronológica y pormenorizada explique cómo fue que se retomó la recolección de evidencias en la barranca.

Lo que sí se sabe es que las actuales autoridades utlizaron información proporcionada por Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, uno de los supuestos líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y quien fue acusado por la desaparición de los 43 normalistas. Un juez lo liberó por considerar que las declaraciones que dio fueron bajo tortura. Sorprende que las autoridades actuales lo buscaran para que diera información sobre la localización de los restos óseos.

Además, el fiscal Omar Trejo señaló que el hueso de Jhosivani que encontraron no presenta “una exposición alta al fuego”, lo cual abre la posibilidad a que haya podido ser expuesto a un fuego de la intensidad de una hoguera, como señala la “verdad histórica”, pese a los señalamientos del actual gobierno de que esta teoría ya está cancelada.

Todas las investigaciones hechas hasta ahora tienen un común denominador: los hallazgos se encuentran en la misma zona de influencia u operación del grupo Guerreros Unidos, entre el basurero de Cocula y el río San Juan. Esto no descarta la “verdad histórica”, pero tampoco la fortalece. Las actuales autoridades deben explicar cuál es el rumbo de la nueva investigación, porque en los hechos se siguen recorriendo los mismos lugares y se ocupa a los mismos testigos.