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Haití pide tropas estadounidenses después de una jornada de tiroteos y sospechas


2021-07-10

Natalie Kitroeff, Anatoly Kurmanaev, Catherine Porter, Julie Turkewitz

The New York Times

Al menos 20 personas —18 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano— han sido arrestadas por el asesinato del presidente haitiano, un misterio que se profundiza.

Después de 24 horas de enfrentamientos armados con los sospechosos del asesinato del presidente de Haití, las autoridades anunciaron el arresto de 20 personas y pidieron a Estados Unidos el envío de tropas para ayudar a proteger la infraestructura clave.

El singular pedido de Haití de asistencia militar de Estados Unidos, ex señor colonial que repetidamente ha intervenido en los asuntos de la isla, es una muestra del profundo impacto que estos días de caos e intriga han tenido en el país. Junto con el vertiginoso ritmo con el que se desencadenaron los acontecimientos el viernes se profundizó el misterio en torno a quién ha estado detrás del magnicidio.

Justicieros recorrían las calles en busca de sospechosos y la policía abatió al menos a tres personas durante enfrentamientos a balazos. La mayoría de los arrestados han resultado ser originarios de Colombia —exmilitares que son ahora mercenarios— mientras que surgían dudas sobre por qué había sido tan fácil irrumpir en el hogar del presidente Jovenel Moïse y matarlo sin que, al parecer, su personal de seguridad disparara ni un arma.

Y en la crisis política que se está gestando, la sospecha ha provocado una tensión que podría convertirse en un enfrentamiento entre gobiernos paralelos.

De las 20 personas detenidas por la policía, 18 fueron identificados como colombianos y dos como estadounidenses de origen haitiano. Se dice que hay cinco sospechosos más que no han sido apresados.

Funcionarios de Colombia dijeron que al menos 13 de los hombres pertenecieron al ejército colombiano y que dos de ellos habían sido abatidos. Los dos estadounidenses arrestados dijeron en una entrevista con un juez haitiano que no estaban en la habitación cuando Moïse fue asesinado y que habían trabajado únicamente como intérpretes para el escuadrón de ataque. Uno de ellos dijo que había respondido a un anuncio en internet para llevar a cabo el trabajo.

Las autoridades haitianas citaron a cuatro de los elementos de seguridad del presidente para interrogarlos la próxima semana, mientras los fiscales intentaban desentrañar exactamente cómo fue que los asesinos armados lograron haber traspasado la compleja operación de seguridad que custodiaba la residencia personal de Moïse sin encontrar demasiada resistencia.

Pero mientras los funcionarios haitianos han señalado la “participación extranjera”, funcionarios estadounidenses y muchos observadores dentro de Haití cuestionan cada vez más si el ataque no fue planeado con la cooperación del propio aparato de seguridad haitiano. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo recientemente a los legisladores que no existían informes de que los atacantes hirieran a algún guardia o que siquiera se registrara un enfrentamiento.

“El grupo que financió a los mercenarios quiere crear caos en el país”, dijo Mathias Pierre, el ministro a cargo de las elecciones de Haití, quien comentó que el gobierno haitiano había pedido tropas estadounidenses para ayudar a proteger el aeropuerto del país, los puertos y las reservas de combustible, entre otros puntos estratégicos.

“Atacar las reservas de gasolina y el aeropuerto podría ser parte del plan”, dijo Pierre.

El embajador de Haití en Estados Unidos también solicitó apoyo del FBI para la investigación del magnicidio.

En Washington, un alto funcionario del gobierno de Joe Biden dijo que el FBI y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional irían a Puerto Príncipe “lo antes posible” para evaluar cómo ayudar. El funcionario también dijo: “No hay planes para brindar asistencia militar estadounidense en este momento”.

Haití se dirigía hacia una batalla interna por el poder el viernes cuando los partidos políticos desafiaron directamente al primer ministro en funciones al declarar que deseaban formar un gobierno para reemplazarlo, liderado por el presidente del Senado, solo uno de los 10 parlamentarios en funciones en el país. Otro grupo de activistas civiles planeaba una gran reunión el sábado para crear un consenso sobre el futuro del país.

El senador Patrice Dumont acusó al primer ministro interino, Claude Joseph, de planear un golpe de Estado: “No era un primer ministro normal, se impuso a sí mismo, no podemos aceptar esto”, dijo en una estación de radio local, Kiskeya.

El caos que ahora se ha instalado en Haití solo ha agudizado las tensiones internas que se han ido acumulando en los últimos meses. La actividad de las pandillas ha aumentado: se llevan a cabo secuestros y ataques armados en barrios pobres de la capital, lo que ha causado que miles huyan de sus hogares. En algún momento del mes pasado, el crimen organizado bloqueó la principal arteria vial de la capital hacia el sur del país e impidió el acceso tanto a las reservas petroleras como al resto del país, observó Pierre.

En ausencia de información clara sobre quién era el responsable, algunos haitianos intentaron hacer justicia por sus propias manos: incendiaron automóviles que pensaban que habían sido utilizados en el ataque y detuvieron a las personas que creían sospechosas.

Después de varios enfrentamientos a balazos con la policía, al menos tres hombres murieron. Dos de sus cuerpos, alcanzados por las balas, fueron recogidos en la vía principal que conduce al barrio de la residencia del presidente y un tercero fue encontrado muerto en el techo de una vivienda privada en una zona de Pétionville, un suburbio de la capital.

La mañana del jueves, el personal de seguridad de la embajada de Taiwán descubrió a un grupo de “individuos totalmente armados y de apariencia sospechosa” que intentaban ingresar al complejo, indicó Joanne Ou, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán. La policía haitiana arrestó a los 11 “mercenarios”, según un comunicado emitido el viernes por la embajada taiwanesa, aunque no quedó claro inmediatamente cómo estaban vinculados con el ataque.

Clément Noël, un juez que participa en la investigación, comentó que había entrevistado a los dos estadounidenses poco después de su arresto. Los identificó como James J. Solages, un ciudadano estadounidense residenciado en el sur de Florida y que anteriormente trabajó como guardia de seguridad en la embajada de Canadá en Haití; y Joseph Vincent, de 55 años. El gobierno de Estados Unidos ha estado en comunicación con Solages, según dos personas que han estado en contacto con el Departamento de Estado y hablaron bajo condición de anonimato.

El juez Noël dijo por teléfono que los dos estadounidenses sostuvieron que el complot había sido planeado intensamente a lo largo de un mes. Comentó que los estadounidenses se habían reunido con otros integrantes del escuadrón en un hotel de lujo en Pétionville para preparar el ataque. Aseguró que le habían dicho que el objetivo no era matar al presidente, sino llevarlo al palacio nacional.

El juez Noël dijo que Solanges le contó que al principio del ataque gritó por un altavoz que los atacantes eran agentes de la DEA.

Vincent contó que había estado en el país durante seis meses y que se hospedaba con un primo. Solages dijo que había estado en Haití durante un mes. Los hombres dijeron que los colombianos involucrados en el complot llevaban alrededor de tres meses en el país.

Sobre el plan general, lo único que Vincent pudo decir fue que el cerebro detrás era un extranjero llamado “Mike” que hablaba español e inglés. Solages dijo que encontró la oportunidad de trabajar como intérprete para el escuadrón en un aviso publicado en línea. No indicó cuánto le habían pagado.

El juez Noël dijo que Solages había “respondido de forma muy evasiva”.

El viernes, funcionarios del ministerio de Defensa de Colombia identificaron por nombre a 13 de los acusados de participar en el ataque en Haití. Dijeron que todos ellos eran exintegrantes del ejército colombiano. Dos fueron abatidos mientras que otros 11 permanecían detenidos.

El general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional de Colombia, dijo que agentes investigaban a cuatro empresas que creían habían reclutado a los participantes para la operación y que esperaban indagar más a través de los números de identificación tributaria colombianos de las empresas.

Al menos uno de los detenidos, Francisco Eladio Uribe, estuvo bajo investigación por homicidio el año pasado por el tribunal especial de paz, según documentos obtenidos por The New York Times. Uribe fue acusado de participar en el escándalo de “falsos positivos” del país, en el que cientos de miembros del ejército han sido acusados de asesinar a civiles y presentar a las víctimas como bajas de guerra en un intento por mostrar que el país iba ganando en el largo conflicto armado colombiano.

En entrevista con una estación de radio local, una mujer que se identificó como la esposa de Uribe dijo que la pareja había estado casada por 18 años y que tenían tres hijos y que él se había marchado de casa un día luego de contarle que tenía “una muy buena oportunidad de trabajo”.

Dijo que a su marido lo habían investigado en el caso de los falsos positivos pero que lo habían exonerado.

Las autoridades de Colombia indicaron que algunos de los individuos acusados habían salido de Bogotá desde mayo y que volaron a Panamá antes de trasladarse a la República Dominicana y de ahí a Haití. Otros llegaron a la República Dominicana a principios de junio y luego viajaron a Haití.

Colombia tiene un ejército numeroso que lleva décadas luchando contra grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares y narcotraficantes, a menudo con financiamiento y capacitación estadounidense. Con los años, miles de jóvenes colombianos han sido reclutados a las filas militares pero a menudo salen del servicio militar con pocas alternativas laborales.

Esto los ha vuelto muy atractivos para quienes buscan asesinos a sueldo. Para 2015, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos había despachado en secreto a cientos de colombianos a Yemen para combatir en el violento conflicto civil del país. Muchos se quedaron debido a los buenos sueldos, según informes enviados a The New York Times; los colombianos recibían sueldos de hasta 3000 dólares mensuales, una gran diferencia con los 400 dólares mensuales que ganarían en su país.

“Cuando a una clase económica baja se le enseña poco más que a luchar y a llevar a cabo operaciones militares, esas habilidades no se transfieren fácilmente al sector civil, excepto en el ámbito de la seguridad privada”, dijo Paul Angelo, fellow del Council on Foreign Relations que estudia temas de seguridad.

El viernes, el general Luis Fernando Navarro, comandante del ejército de Colombia, dijo que los acusados salieron del ejército entre 2002 y 2018. Dijo que los hombres estaban involucrados en “actividades mercenarias” y que sus motivos eran “puramente económicos”.



JMRS


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