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No habrá reforma fiscal en México pronto y el SAT irá por los grandes contribuyentes


2021-08-04

Jonathán Torres | The Washington Post

Las empresas en México hoy no encuentran la salida de emergencia. Ante la crisis económica mundial que ha ocasionado la pandemia, han cuestionado la falta de apoyos fiscales y programas de estímulo para su supervivencia. El apoyo gubernamental ha sido casi inexistente en comparación con otros países y ello ha contribuido en la destrucción de más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. En promedio, una de cada cinco ha bajado su cortina. Su infortunio no solo ha sido provocado por las decisiones tomadas desde el sector público: la banca, que está para ofrecerles créditos, tampoco ofrecido una tabla de salvación.

Pero, contrario a la lógica, la recaudación no se ha caído. En 2020, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) logró captar ingresos adicionales por 496,000 millones de pesos (mdp), el nivel más alto de los últimos 10 años como proporción del Producto Interno Bruto. La primera mitad de 2021 obtuvo 1,800 mdp más de lo presupuestado (en total recaudó más de 234,000 mdp). Y para 2022 va por mucho más.

Uno de los motores de la actual desigualdad es un sistema fiscal injusto, pero hoy México está atrapado en un laberinto. Por un lado, la reactivación económica requiere de inversiones pero no están dadas las condiciones para que estas fluyan debido a la carencia de apoyos y estímulos fiscales. Por otro, el gobierno requiere de dinero para sus obras de infraestructura y programas sociales. Hasta el momento no se visibiliza la fórmula que permita generar riqueza y cobrar impuestos. Por ello, todo apunta a que la gran discusión sobre el establecimiento de una política fiscal que acompañe el crecimiento económico tendrá que esperar.

Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, en 2018, se ha hablado de una reforma fiscal. Apenas en mayo pasado el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, habló que podría entrar en vigor en 2021. Pero frente al panorama actual, el gobierno ya tomó una decisión: “No estamos pensando en incrementar tasas. Creemos que aún hay potencial de recaudación con la ley actual. Vamos por una miscelánea fiscal”, me dijo en entrevista Raquel Buenrostro, jefa del SAT y quien goza del respaldo del presidente.

México no tendrá una reforma fiscal porque la pandemia permanece y no es justo imponer nuevos impuestos, agregó Buenrostro. Sin embargo, la ley sí tendrá actualizaciones: se endurecerá la aplicación de tasas impositivas, se evaluará la permanencia de beneficios fiscales para pagar menos impuestos y se revisarán planeaciones del impuesto sobre la renta (ISR) de grandes contribuyentes —quienes declaran impuestos anuales superiores a 1,500 mdp— sobre todo en los sectores automotriz, minero, manufacturero, de alimentos industrializados, banca y empresas multinacionales.

Así, para 2022 la recaudación tributaria recaerá en 80 millones de personas y empresas, más de 50% de la población Económicamente Activa permanecerá en el subempleo o en la informalidad y no se aplicará una tasa generalizada del impuesto al consumo o valor agregado (IVA). Según la Cepal, el crecimiento económico de México para 2021 tendrá un rebote de 5.8% (en 2020 se desplomó -8.3%), pero aún así persistirán la desigualdad, la pobreza, la poca inversión y la baja productividad. El presidente ha dicho que no habrá nuevos impuestos y por eso la carta está en vigilar escrupulosamente el comportamiento fiscal de los grandes contribuyentes.

Para Buenrostro, la mejor forma de mejorar la relación de los mexicanos con el pago de impuestos está en hacer respetar la ley, acabar con los privilegios y obligar a los grandes contribuyentes a poner el ejemplo: si ellos pagan y lo hacen bien, habrá un efecto dominó.

La tasa máxima de ISR para empresas es de 35%; sin embargo, el SAT acusa que los grandes contribuyentes recurren a deducciones indebidas, planeaciones fiscales e interpretaciones legales agresivas (defraudación fiscal) para reducir sus contribuciones y pagar tasas inferiores a 9%. Por ello, Buenrostro pretende que paguen las tasas efectivas de impuestos que les corresponden.

Ya hay pruebas claras de cómo buscarán lograrlo y mandar un mensaje contundente: en febrero de 2021 se giró orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti y, hace unas semanas, en contra de Miguel Alemán Magnani, presidente de Grupo Alemán. Pero hay más cabezas por caer. En 2020 solo se revisó la situación fiscal de 800 grandes contribuyentes, pero en el sistema del SAT hay 12,000 registrados. “Obviamente no se puede captar de un día para el otro, pero hay un gran potencial para aumentar la recaudación”, me dijo Buenrostro.

Además, una reforma fiscal obligaría a tocar temas sensibles: gravar la informalidad o aplicar una tasa generalizada al IVA. Por años, ningún presidente ha tomado la decisión de obligar a los trabajadores informales a pagar impuestos. El tema es políticamente incorrecto. En el primer trimestre de 2021 la tasa de informalidad se situaba en 55.1% y, para 2022, sí hay una estrategia pero en un sector. “No queremos ir por el informal pequeño sino por el informal grande”, agregó Buenrostro.

El SAT considera que la informalidad viaja por avión, barco, tren, camión y, para ir tras de ella, ya está ejecutando un plan que consiste en sistematizar los reportes de ingreso de mercancías en todas las entradas provenientes del extranjero. Ahí, dice la autoridad, está la raíz de la informalidad, operada por grandes jugadores: “Si arreglamos la (informalidad) grande, solucionamos la pequeña. Para que alguien venda películas piratas en las calles cerca de Palacio Nacional, alguien se las tuvo que llevar, ¿no?”.

En conclusión, no viene una reforma fiscal pero sí un endurecimiento a las políticas fiscales ya vigentes. En el Congreso ya se preparan los partidos políticos para discutir el tema, pero no se visibilizan ajustes al plan gubernamental. La reciente llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda tampoco es una piedra en el zapato para definir las próximas acciones fiscales. Todo lo contrario. “Tenemos la misma visión y vamos para el mismo lugar”, me dijo la jefa del SAT. “Yo soy feliz de que alguien me deje cobrar”.

Vienen desenlaces felices y amargos con esta historia: el gobierno captará más recursos pero los grandes contribuyentes tendrán la guillotina fiscal sobre sus cabezas. Las micro, pequeñas y medianas empresas seguirán conteniendo la respiración. El SAT cree que habrá grandes contribuyentes que se resistirán a pagar las tasas impuestas por la autoridad y recurrirán a los juzgados. “Los más reacios querrán irse a juicio. Ya veremos quién se resiste a las reglas y quién no”, concluyó Buenrostro.

El paquete fiscal que se aproxima será de claroscuros. Por una parte, habrá que esperar si los grandes contribuyentes pagan lo que deben pagar. Es una cuestión de justicia social, pero sobre todo de ética empresarial. También, considerando que el dinero no sale de las piedras, es necesario que las políticas fiscales apoyen a los sectores productivos, no desalienten la inversión y detonen la recuperación económica que México tanto necesita.a



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