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La crisis de la justicia mexicana

2021-08-18

Ricardo Raphael | The Washington Post

La frontera entre una critica justa y un ataque verbal intimidatorio no es sutil: el tono y los argumentos distinguen entre una y otro. Cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusa al poder Judicial del país de estar podrido y a sus integrantes, salvo excepciones, de estar sometidos a intereses ultraconservadores, ni el tono ni los argumentos caen del lado de la crítica justa.

El discurso del mandatario profundiza deliberadamente el déficit de legitimidad de los tribunales. Tiene similitud con los que se escuchan desde otros pedestales de la demagogia, como en Recep Tayyip Erdoğan, quien realizó una purga en Turquía contra más de 4,000 funcionarios responsables de la procuración y administración de justicia para colocar a gente afín a su gobierno. También en los ataques que Donald Trump, exmandatario republicano de Estados Unidos, emprendió contra los jueces de la Corte Suprema y los responsables de juzgar temas que, en su día, afectaron políticamente a su presidencia.

Estos ejemplos no son hechos aislados. Las democracias, consolidadas o no, han experimentado crisis derivadas del choque entre la política y la justicia. En algunos casos, como el mexicano, el turco o el estadounidense, ese choque ha sido más estridente, pero la crisis generalizada de la última década advierte que los problemas de la justicia van más allá del territorio de la diatriba.

Si bien los ataques verbales de los mandatarios son exagerados, debajo de ese espectáculo hay actos y hechos que merecen atención, porque las fricciones entre la política y la justicia están poniendo en riesgo los fundamentos de la democracia. Hay tres argumentos que lo señalan. El primero, en palabras del sociólogo francés Pierre Rosanvallon, es el de la judicialización de la política, derivada del desequilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El segundo es la sospecha crónica sobre la independencia de las y los juzgadores. Y el tercero se relaciona con la imparcialidad, el contexto y la pericia con que se toman decisiones judiciales.

La crisis de la justicia que se vive en México y otras naciones tiene como detonadores estos tres problemas. Es alevoso decir que la dificultad para lidiar con ellos deriva en un sistema judicial podrido y es abusivo descalificar a la mayoría de las y los jueces como si la crisis fuese resultado exclusivo de sus defectos personales: esta va más allá de las personas porque es, sobre todo, institucional.

No se trataría por tanto de arrasar o purgar al poder Judicial, sino de abordar la cuestión con mejor inteligencia para resolver los problemas de fondo. Rosanvallon ha advertido que la judicialización de la política tiene como origen la fragilidad del sistema dentro del cual ocurren las decisiones judiciales: cuando la relación entre los tres poderes pierde equilibrio —sobre todo cuando el Legislativo deja de ser un contrapeso frente al Ejecutivo—, la tarea de controlar los actos de gobierno recae casi exclusivamente sobre el Judicial, lo cual conduce inevitablemente a una confrontación sin amortiguadores entre el más político de los poderes y los órganos dedicados a administrar justicia.

Esta situación suele agravarse cuando Ejecutivo y Legislativo dirigen en conjunto a las mayorías en contra de las decisiones judiciales que, por defender derechos de las minorías, pueden ser antipopulares. Esto termina siendo propicio para que haya influencias políticas impropias que inducen, presionan, amenazan e interfieren sobre la responsabilidad conferida al poder Judicial.

Estas actuaciones van en contra de los principios básicos promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la obligación de los gobiernos para respetar, por todos los medios disponibles, la imparcialidad de las decisiones tomadas por los jueces. Tal obligación incluye, obviamente, al tono y los argumentos que los gobiernos utilizan para criticar la impartición de justicia. Dirigentes como Erdogan, Trump o López Obrador traicionan tales principios cada vez que atacan con declaraciones o actuaciones demagógicas al poder Judicial.

Sin embargo, las amenazas contra la independencia de los juzgadores no solo provienen de los gobiernos. Otros actores influyentes, ya sea por su capacidad económica, su situación privilegiada en los debates de opinión o por el uso de medios ilegales como la corrupción o la extorsión, también son un problema para el desempeño correcto de la justicia.

Entre ellos se encuentran las organizaciones criminales, los conglomerados de medios o las empresas legales cuyo interés es capaz de imponerse sobre el bienestar general. Tales intereses han sido beneficiarios del hipercapitalismo del siglo XXI, frente al cual los juzgadores suelen ser muy vulnerables.

De acuerdo con la ONU, también debería ser tarea del Estado proveer de condiciones relativas a la independencia: no se trata solamente de que el Ejecutivo respete el actuar de los jueces, sino también de que intervenga activamente siempre que un actor ajeno vulnere la independencia judicial.

Además está el principio de imparcialidad, que va más allá de la independencia, porque también se refiere a las habilidades técnicas y jurídicas, así como de la ética y los valores que guían la conducta de las y los integrantes del poder Judicial. Sin criterios firmes (técnicos, jurídicos y éticos) gestionados correctamente para la selección, ingreso y promoción de jueces y magistrados, así como para el personal que les auxilia en su tarea, la imparcialidad tiene pocas posibilidades de lograrse.

En el caso mexicano esta es una de las deudas más antiguas. Los criterios de selección y promoción, prioritariamente políticos —sobre todo en el fuero común, pero también en el federal—, son un motivo preocupante que pone en situación frágil al poder Judicial.

La critica encuentra por estos días a ese poder en situación políticamente débil: o el Estado atiende con prudencia y pulcritud sus deficiencias, o bien este pilar del Estado democrático terminará arrastrando a los otros dos poderes hacia el autoritarismo.