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Abogados públicos defenderán a acusadas por aborto

2021-09-09

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, anunció el miércoles que la defensoría pública mexicana se encargará de asistir a quienes enfrenten causas penales por haber abortado.

Los abogados públicos también asistirán a las familias víctimas de feminicidios y a quienes ayudaron a realizar los abortos porque el objetivo, agregó el magistrado, es llegar a todos los rincones del país “y defender a quienes no tienen quiénes les defiendan”, que son los más marginados y los más afectados por este tipo de delitos.

Zaldívar hizo su anuncio un día después de que el alto tribunal declarara inconstitucional penalizar el aborto en México. La determinación forma parte de una serie de medidas presentadas en favor de la igualdad, entre las que el magistrado destacó también el permitir a partir de ahora las bajas por paternidad en el seno del poder judicial.

El fallo para que la interrupción voluntaria del embarazo no sea considerada delito afecta de manera inmediata al estado de Coahuila —cuya ley fue el objeto del recurso_, pero establece un criterio obligatorio para todos los jueces del país, que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares.

Sólo cuatro estados de México —la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo— permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue siendo delito, con algunas excepciones. Por eso organizaciones feministas indicaron el martes que la vía para avanzar en la despenalización era mediante la aplicación de recursos estado por estado.

Zaldívar dijo desconocer cuántas mujeres o personas están acusadas en estos momentos por interrupción del embarazo, ni cuántas están en prisión, pero agregó que el objetivo es “asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidios y a las mujeres que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto”.

Según la abogada Verónica Cruz, directora del colectivo “Las Libres”, hoy en día ya no existen mujeres encarceladas en México por abortar, pero sí hay unas 4,600 carpetas de investigación abiertas en todo el país por ese delito.

Zaldívar dijo que este nuevo proyecto de la defensoría pública se hará con los recursos que ya están presupuestados, y reiteró su respeto a todas las creencias religiosas que hay en el país, pero subrayó que en un estado laico debe prevalecer el derecho por encima de la religión.

Horas después, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que lamentaba “profundamente que frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos”, lo que consideró un “peligroso y desproporcionado contraste” entre ambos derechos.

No obstante, los obispos mexicanos reconocieron que la cárcel “no es una solución” e invitaron a una reflexión para encontrar un camino común “fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas”.

Con respecto a la baja por paternidad —tres meses pagados, igual que la de las mujeres—, que confió puedan copiar otras entidades mexicanas públicas y privadas, Zaldívar señaló que así México se coloca a la vanguardia del continente americano “para lograr una igualdad real” que termine con el estereotipo de la mujer cuidadora.