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La reforma eléctrica de López Obrador busca arreglar la reforma fallida de Peña Nieto

2021-10-06

Rodrigo Benedith, The Washington Post

La iniciativa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso en materia de electricidad, pretende la modificación de tres artículos de la Constitución y tiene como principal objetivo corregir el desorden en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que provocó la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Esta abrió abruptamente la posibilidad a empresas privadas de participar en la generación de electricidad, sin antes preparar adecuadamente a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con esta iniciativa, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación busca a fortalecer a la CFE para que garantice el suministro eléctrico a los consumidores finales, con precios justos. Y que esto, a su vez, mitigue los riesgos a la seguridad nacional que conlleva la pérdida de control sobre la generación de electricidad al cederla a empresas privadas, además de sentar las bases para conducir, desde el Estado, la transición energética hacia fuentes de generación no contaminantes.

Con la reforma energética de 2013, el gobierno de Peña Nieto prometió una mejora general en el SEN y una baja en las tarifas de electricidad. Sin embargo, no solo aumentaron las tarifas sino que —de acuerdo con el gobierno actual— la CFE perdió mercados, fue obligada a endeudarse para comprar electricidad a empresas privadas y fue fraccionada en diferentes subsidiarias que no podían ayudarse o intercambiar información debido a una “separación legal obligada”.

La reforma energética incluso creó, según CFE, un mercado eléctrico paralelo ilegal en donde las empresas privadas simulaban generar electricidad para autoabastecerse. A través de vacíos en la regulación y la complacencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), estas generadoras privadas se hacían de clientes que legalmente consideraban “socios”, pero que en los hechos les revendían electricidad pagando menores costos aprovechando la figura legal creada por la reforma. Al abastecer de esta forma a los llamados “socios de un dólar”, las generadoras privadas crearon inestabilidad en el SEN.

Además, con el pretexto de generar energías limpias, la pasada administración llevó al sector a su completa bursatilización, cargándole todos los costos a la CFE. Como ha explicado la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, si una empresa producía un megawatt con energía eólica o solar, la CRE le entregaba un “certificado de energías limpias” que en realidad tenía que comprar la CFE, lo cual terminó sumando una carga de 100,000 millones de pesos. Esto no solo se refleja en las finanzas del Estado, sino también en los recibos de luz de las y los consumidores, por lo cual la población terminaba financiando o subsidiando a las empresas privadas.

Al respecto el presidente López Obrador, en su nuevo libro A la mitad del camino, ha señalado que la reforma de Peña Nieto fue “contraria al interés público y, de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el dominio del mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras”. Hay que recordar que existían siete gaseoductos privados que no estaban funcionando y por los cuales la CFE pagaba, aunque no recibiera gas.

Es en este contexto que se vuelve a poner sobre la mesa que la electricidad, por ser un servicio básico que debe estar garantizado, debe retomarse como un área estratégica del Estado. Por eso la idea de fortalecer a la CFE se aleja de ser una expropiación a rajatabla, sino que responde al problema de desorden regulatorio que dejó la pasada administración, y a una tendencia mundial donde la mayoría de los países están buscando activamente resguardar su soberanía y seguridad energéticas y, por tanto, su seguridad nacional.

Afortunadamente, y a pesar de los esfuerzos privatizadores de la administración anterior, México es de los pocos países que aún tiene una empresa estatal fuerte para generar electricidad y ofrecer ese suministro básico. Esto es sumamente importante pues hay países que dependen completamente de las empresas privadas y se han vuelto esclavos de los vaivenes del mercado, lo cual ha elevado el costo de los recibos de luz a niveles récord, como es el caso de España.

Hoy las empresas privadas aprovecharon ya la ventana que abrió la administración pasada en el sector eléctrico, invirtiendo grandes cantidades de dinero y creando una infraestructura que simplemente no puede echarse por la borda de un momento a otro. Y ante la propuesta actual de reforma, la pregunta que surge es: ¿Cómo coexistir sin excluirles, pero recuperando el equilibrio que rompió la anterior reforma?

La respuesta en la nueva iniciativa está en una división en donde 54% de la electricidad sea producida por la CFE, mientras que el restante 46% lo hagan las empresas privadas. Este balance garantizará que el Estado tenga una presencia que proteja la seguridad energética del país y, al mismo tiempo, pueda coexistir con las empresas que ya tuvieron entrada en el sector.

Si la iniciativa privada estuviera encargada de 100% de la generación y distribución de la energía eléctrica en momentos como el que vivimos, cuando el precio de insumos como el gas natural se ha elevado de manera considerable, dejaría a los consumidores en franca indefensión frente a aumentos unilaterales de las tarifas de electricidad porque dependerían completamente del comportamiento del mercado. Ahí está de nuevo el ejemplo de España, en donde las empresas privadas amenazaron con cerrar sus plantas si se abarataban las tarifas de electricidad.

La nueva reforma eléctrica no es una vendetta en contra del sector privado, ni un capricho nacionalista de la actual administración, es simplemente una respuesta lógica a un contexto de debilitamiento en el sector energético que urge resolver.

Porque para evitar casos como el de España y alcanzar la soberanía energética, es necesario contar con una legislación fuerte que ponga al centro el derecho de las personas a acceder a la energía.