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¿Cómo están ligadas la reforma eléctrica y el juicio a Peña Nieto?

2021-10-20

Ricardo Raphael | The Washington Post

“Me gustaría que no se tardaran tanto (…) pero son procedimientos y hay que esperar a que se resuelvan”, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia matutina del 19 de octubre. Hablaba sobre las investigaciones por corrupción que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) a propósito del caso que involucra a Emilio Lozoya, exdirector de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), con un soborno que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht.

Dijo también que no tenía información sobre las presuntas acusaciones de delincuencia organizada que la FGR habría enderezado, desde principios de septiembre, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y otros 15 políticos que ocuparon un lugar muy destacado durante su administración.

Sin embargo, la filtración de las investigaciones en contra del exmandatario a los medios de comunicación no parece ajena a la prisa que mencionó AMLO. No solo desespera al actual mandatario la tardanza de la FGR, sino que conforme avanza el tiempo se acumulan sospechas sobre la pertinencia del arreglo al que llegaron los abogados de Lozoya y el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

La presión para mostrar resultados en este caso se multiplicó cuando, el 9 de octubre, circularon en redes sociales imágenes que exhibían a Lozoya en la terraza de un restaurante mientras ostentaba una vida cómoda y en libertad. Cabe suponer que también agrega argumentos para la prisa un contexto político donde se debate en el Congreso la iniciativa propuesta por López Obrador para desmantelar la legislación aprobada en tiempos de Peña Nieto, la cual es favorable a la inversión privada en el sector energético.

En este momento político sería redituable para López Obrador corroborar los dichos de Lozoya en el sentido de que los recursos aportados por Odebrecht tuvieron, entre otros objetivos, sobornar a los legisladores que aprobaron la reforma energética de 2013, la cual se quiere revertir.

Sin embargo, no es la prisa ni la conveniencia política lo que va a otorgar contundencia jurídica a la FGR, mucho menos al juez responsable de valorar el expediente. La cuestión central es si el fiscal Gertz Manero cuenta con suficiente evidencia —más allá de las declaraciones y denuncias de Lozoya— para imputar a tanto pez gordo.

Ciertamente no alcanzan los dichos del exdirector de Pemex para vincular a proceso a Enrique Peña Nieto, expresidente de México; Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda; José Antonio Meade y Ricardo Anaya, excandidatos a la presidencia; José Antonio González Fernández, exdirector de Pemex; Ernesto Cordero y Salvador Vega, exsenadores; Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual mandatario de Tamaulipas.

De acuerdo con la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para poder mantener el estatus de testigo colaborador Emilio Lozoya estaría obligado a aportar medios de prueba suficientes para inculpar a personas que, en la red criminal a la que presuntamente perteneció, hayan ocupado cargos o responsabilidades similares o superiores a la suya.

¿Existen realmente esos medios de prueba o solamente una denuncia presentada por Lozoya ante la FGR el 11 de agosto de 2020? En esa misma declaración firmada, el exdirector de Pemex aseguró que contaba con un video y varias facturas para respaldar sus dichos.

Cabe presumir que el video referido sea el que también se filtró el 20 de agosto del año pasado, en el cual se observa a Guillermo Gutiérrez Badillo, entonces secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y a Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, recibiendo fajos de billetes. El hecho de que Caraveo Opengo fuese subordinado del senador Jorge Luis Lavalle permitió que el juez acreditara los delitos imputados por la FGR y dictara prisión preventiva en contra del exlegislador.

No hay elementos de que el video referido por Lozoya sea uno distinto al que sirvió para inculpar a Lavalle. Queda pendiente por conocer la validez y solvencia de las facturas que mencionó. Tal evidencia habría de ser muy sólida, porque de otra manera no se explicaría porqué el 2 de septiembre la FGR giró un oficio a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuyo titular es el fiscal Alfredo Higuera Bernal, para que integrara una nueva carpeta señalando al expresidente Peña Nieto como líder de una red dedicada a delinquir de manera permanente y sistemática.

A estas alturas no es posible afirmar, mucho menos negar, que la FGR tenga en manos un caso robusto de delincuencia organizada. Sin embargo, sí hay evidencia concluyente para presumir que las filtraciones recientes aportaron tiempo al fiscal Gertz Manero y, sobre todo, razones para presumir que su dependencia está trabajando; también para alimentar confianza en que el arreglo con Lozoya, cualquiera que haya sido, terminará dando frutos.

Coincidentemente, la divulgación de las supuestas acusaciones cayó bien a quienes desde Morena, el partido en el gobierno, están negociando la nueva reforma eléctrica. El mensaje para los líderes y legisladores actuales de los partidos opositores Acción Nacional y Revolucionario Institucional no es sutil: si la FGR puede acusar al anterior presidente de México, ¿por qué no haría lo mismo contra otros políticos adversos a la nueva reforma en disputa?

La interrogante es pertinente para las personas sentadas en las sillas de la oposición: ¿Quién está dispuesto a soportar un cañonazo con forma de denuncia por delincuencia organizada?