Formato de impresión

El descontrol en las cárceles de Ecuador enmudece al Gobierno

2021-11-15

Sara España | El País

Guayaquil - El último enfrentamiento entre presos en Ecuador comenzó el viernes a las siete de la tarde y se saldó con 68 muertos. 48 horas después, tras un fin de semana de tenso silencio, sigue sin haber una respuesta del Gobierno para contener la violencia en la Penitenciaría de Guayaquil, la más grande y convulsa del país. Más de 320 internos han muerto en amotinamientos solo este año y, de esos, 209 se han producido durante la gestión de Guillermo Lasso. El presidente ecuatoriano iba a hacer un “anuncio importante” el sábado, según convocó su Secretaría de Comunicación. Sin embargo, no ha tenido ninguna comparecencia pública hasta ahora.

Los familiares de los presos asesinados se apostaron con indignación ante la morgue, en espera de la identificación de los cuerpos. Según el último reporte oficial, solo 34 de los 68 fallecidos han sido identificados, debido a que algunos cadáveres están desmembrados o totalmente calcinados. Reclaman al Estado por no garantizar la seguridad dentro de la cárcel y por no haber actuado a tiempo, pese a que los reclusos transmitieron en vivo, en redes sociales durante horas el viernes por la noche, desde dentro del penal, suplicando ser salvados.

Este lunes hay convocada una reunión del presidente Lasso con las cabezas de todos los poderes del Estado con el objetivo de llegar a un “acuerdo nacional” para afrontar la crisis carcelaria. La estrategia para controlar el sistema penitenciario, que está en estado de emergencia desde el 29 de septiembre, es movilizar a los militares dentro del penal. Pero la Constitución, ratificada por pronunciamientos de la Corte Constitucional, sólo permite que las Fuerzas Armadas intervengan en el perímetro exterior y que sea la Policía la encargada de actuar cuando hay desmanes en los pabellones. El Gobierno reclama que eso es insuficiente.

“Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”, publicó Lasso en Twitter el sábado. En lugar de una aparición pública, como había anunciado, colocó en las redes sociales ese argumento como explicación a la dificultad para mantener a raya la convivencia carcelaria.

Los últimos amotinamientos -van cuatro graves solo en 2020, con 78, 22, 119 y 68 muertos- han desnudado la vulnerabilidad del sistema penitenciario y de las mismas instalaciones carcelarias. Sobre todo, en la Penitenciaría de Guayaquil. Los internos tienen armas, de corto y largo alcance, también explosivos que obtienen con facilidad desde el exterior, teléfonos móviles, internet y, en resumen, el control sobre lo que ocurre dentro del cerco. “Los internos de tres pabellones -hay en torno a 700 en cada edificio- deambulaban libremente y con armas”, contaba la comandante general de la policía, Tanya Varela, el sábado para dar cuenta de lo imposible del operativo para apaciguar la masacre.

Varela y el gobernador de Guayas, la provincia donde está la cárcel, atribuyeron el nuevo brote de violencia a un enfrentamiento entre bandas después de que uno de los cabecillas había sido liberado. Por eso, el Gobierno quiere incorporar a los militares y, para ello, el presidente se reúne este lunes con los titulares de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General, de la Procuraduría General, de la Asamblea Nacional y de la Contraloría, junto con toda la cúpula militar y policial y sus ministros de Defensa y Gobierno.

La cita viene precedida por dos cambios de autoridades significativos: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comandante General de la Fuerza Terrestre y el responsable del sistema penitenciario. El primero, Jorge Cabrera, renunció la noche del domingo y la cartera de Rehabilitación Social que se encarga de las cárceles volvió a manos de Fausto Cobo, que dejó el cargo el mismo día del amotinamiento de septiembre que dejó 119 víctimas.