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Quintana Roo se deteriora entre la violencia y el abandono

2021-11-18

Ana Paula Ordorica, The Washington Post

El 4 de noviembre un comando armado mató a dos personas e hirió a un turista en la zona hotelera de Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo. La balacera con armas largas entre presuntos narcomenudistas fue a plena luz del día y en medio de una playa llena de personas, quienes se escondieron en hoteles cercanos como el Hyatt Ziva Riviera.

No es un hecho aislado: los homicidios en Quintana Roo pasaron de 145 en 2015, a 628 en 2020. En octubre, una balacera en Tulum dejó como saldo la muerte de una turista alemana y otra india. En el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, el delito de narcomenudeo pasó de 253 registros en 2020 a 312 hasta octubre de 2021.

Resulta incomprensible que el actual gobierno federal diga que busca incentivar el turismo en la zona mediante dos de sus proyectos estrella, el Tren Maya y el aeropuerto internacional de Tulum, mientras permite que avance la descomposición en temas de seguridad y económicos. El deterioro de ese estado no solo afecta la calidad de vida de miles de mexicanos, sino también a las finanzas nacionales y el turismo. Las autoridades no pueden permitirse perder esa zona.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho sobre el Tren maya que será “para que quienes nos visitan de otras latitudes y llegan a Cancún, que son como 15 o 17 millones de turistas extranjeros que se quedan solo en el norte de Quintana Roo, puedan internarse en el sureste con toda esta gran riqueza cultura, artística y arqueológica única en el mundo”.

El turismo aporta a México 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y Quintana Roo es la gran estrella: tres cuartas partes de su economía están relacionadas con él y en las playas de la Riviera Maya, Cancún y Tulum, la noche de hotel llega a costar igual o más que en playas de Grecia, Croacia o Francia. Pero la pandemia de COVID-19 prácticamente paralizó la zona en 2020 y el PIB estatal se desplomó 24.2%, tres veces más que la economía del país. Hoy que la zona finalmente empieza a retomar su ritmo, la inseguridad creciente la sigue golpeando.

Entrevisté al fiscal del estado, Óscar Montes de Oca, una hora después de lo ocurrido en Puerto Morelos y me dijo que ya sabía que se trataba de un pleito entre bandas rivales de narcomenudistas. Ese día, agregó, los delincuentes le habían avisado a la seguridad del hotel que iban vender droga en la playa.

Tras la balacera, López Obrador anunció que se enviarían más elementos de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad en la zona, pero el deterioro es conocido desde hace años. El actor y empresario hotelero Roberto Palazuelos ha denunciado la corrupción y el deterioro de la seguridad en Tulum, pero también en el estado en general. Hasta ahora la apuesta del presidente para combatir el crimen organizado ha sido “abrazos, no balazos”, aunque los homicidios a nivel nacional siguen sin disminuir.

El fiscal Montes de Oca ha aceptado que en Tulum hay al menos 10 grupos de narcotraficantes y en Puerto Morelos otros dos, los cuales pelean entre ellos por el territorio. Incluso la Secretaría de Seguridad estatal creó la aplicación Anti-Extorsiones Quintana Roo. Si las autoridades federales y locales conocen el problema, tienen ubicados a los criminales y la forma en la que operan, ¿por qué insisten en no actuar?

Los hoteleros llevan años promoviendo que los turistas lleguen al aeropuerto y de ahí se trasladen directamente al hotel, donde buscan que no salgan en toda su estancia. El periodista local Rafael Martínez Cristo me dijo en entrevista que algunos hoteles pagan guardias privados, vestidos de civiles, para lidiar con la inseguridad. El problema es que, como lo mostró la balacera en Puerto Morelos, ya ni quedándose en el hotel los turistas están a salvo.

Para lidiar con el problema el actual gobernador, Carlos Joaquín, nombró a Alberto Capella como secretario de Seguridad Pública, quien instaló un mando único policial en el estado que buscaba una mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Pero solo generó confusión sobre las responsabilidades entre el estado y el municipio. Capella salió, pero el nuevo secretario, Lucio Hernández Gutiérrez, decidió simplemente cambiar el nombre del mando único a gerenciamiento coordinado de acciones policiales.

Es claro que la estrategia no está funcionando. La Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo pidió ya que el gobierno federal envíe más elementos de la Marina y el Ejército y, aunque se dijo que se enviaron más elementos de la Guardia Nacional, su presencia en el estado fluctúa dependiendo del envío de fuerzas para detener la migración centroamericana en la frontera sur.

Si el gobierno federal no demuestra que quiere resolver la inseguridad, mediante una mejor coordinación con el estado y los municipios, es claro que el deterioro de la inseguridad continuará. El reto es grande, pero las consecuencias de dejar que siga este menoscabo, más allá de las vidas perdidas, llegarán incluso a las finanzas públicas federales, pues las autoridades están dejando morir a la joya del turismo mexicano.