Formato de impresión

El colapso de la industria petrolera venezolana

2021-11-19

RAFAEL RAMÍREZ | Política Exterior

El origen del colapso de la producción de petróleo en Venezuela es político. Solo volviendo al Estado de Derecho se podrá gobernar de nuevo con éxito la actividad petrolera y los recursos nacionales, aliviando la crisis humanitaria y social que vive el país.

La industria de los hidrocarburos de Venezuela se ha derrumbado por completo. Siete años de mala gestión y purgas políticas, el desmantelamiento de las estructuras directivas de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y el dejar de lado tradicionales políticas de empresa, todo lo llevado a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014 ha socavado el sector y desestabilizado la economía nacional.

El último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) muestra que Venezuela produjo solo 527,000 barriles de petróleo al día en septiembre de 2021. Esto equivale a una caída de 2,49 millones de barriles diarios, es decir, una disminución del 82,9% de la capacidad de producción de petróleo en comparación con los niveles de 2013.

Este descenso no tiene precedentes en la historia de ningún país productor de petróleo que no haya sufrido un agotamiento de los yacimientos, una guerra o un conflicto armado interno. Si bien el sector petrolero también sufrió el colapso mundial de los precios del petróleo a partir de 2014, las políticas implementadas por el gobierno de Maduro han acelerado aún más el declive. Con la economía en ruinas y el nivel de vida colapsado, las condiciones actuales se hacen aún más sorprendentes dado que está certificado que Venezuela tuvo las mayores reservas probadas de petróleo del mundo entre 2007-2011, situándose en 316,000 millones de barriles.

Un desastre político

Hasta 2013, PDVSA tenía una sólida reputación como una de las empresas petroleras nacionales más fuertes del mundo. Según el informe financiero auditado de PDVSA de finales de 2013, Venezuela producía 3,02 millones de barriles diarios de crudo y se procesaban 1,2 millones de barriles diarios de combustible en el sistema nacional de refinación.

Al mismo tiempo, PDVSA mantenía 231,000 millones de dólares estadounidenses en activos, plantas y equipos, 84,000 millones en patrimonio neto y arrojaba 12,000 millones en ganancias. Fue clasificada por el Petroleum Weekly Report como la quinta empresa petrolera más influyente del mundo en 2013.

Entre 2004 y 2013, los ingresos del petróleo alcanzaron los 700,000 millones de dólares, lo que equivale al 96% de los ingresos por exportación del país. Esto incluía 480,000 millones procedentes del Régimen Fiscal (impuestos, regalías y contribuciones especiales) y 233.990 millones empleados en programas sociales denominados “Misiones”. De estos últimos, 141.290 millones de dólares se destinaron a diferentes fondos gubernamentales como el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), el Fondo Chino y el Fondo de Infraestructura, entre otros.

«Desde 2016, el gobierno no emite el Informe de Auditoría Financiera de PDVSA ni presenta los resultados de la gestión al público o a la Asamblea Nacional»

A principios de 2014, el nuevo gobierno de Maduro, buscando afianzarse en el poder, impulsó una violenta campaña de persecución política interna contra el ministerio de Petróleo y PDVSA, el núcleo del poder económico de Venezuela. El objetivo era destituir a la cúpula directiva heredada del gobierno del presidente Hugo Chávez y obtener el control total de la empresa y sus ingresos.

La persecución llevó a cientos de directores, gerentes y trabajadores –incluido este autor– al exilio y la cárcel. En su lugar, el gobierno nombró a operadores políticos, sin conocimientos ni experiencia en el sector petrolero, que brindaron apoyo incondicional a las políticas de Maduro pero perjudicaron la capacidad operativa de la empresa, eludiendo todo mecanismo de control o rendición de cuentas. De hecho, a partir de 2016, el gobierno deja de emitir el Informe de Auditoría Financiera de PDVSA, ni presenta los resultados de la gestión al público o a la Asamblea Nacional.

La necesidad de dinero del gobierno era insaciable, ya que requería fondos para sostener su política de divisas y el aumento vertiginoso de la deuda externa debido a los nuevos préstamos aprobados entre 2015-17, sobre todo de China. Según declaraciones de Maduro, el gobierno pagó más de 70,000 millones de dólares en servicio de la deuda, sacrificando recursos esenciales, tanto para las operaciones de PDVSA como para las importaciones y suministros necesarios para la economía y el pueblo venezolano.

El gobierno de Maduro, ya en control de la junta directiva de PDVSA desde mediados de 2014, desvió los recursos presupuestarios necesarios para mantener las operaciones, ignorando el futuro de la empresa y del país en general. Fue un terrible error. La consecuencia de una increíble mezcla de mala gestión, desconocimiento y desinterés por proteger y cultivar el papel clave de PDVSA en la economía venezolana.

Implicaciones sociales, políticas y económicas

Después de una grave mala gestión de la empresa, el gobierno cedió el control de PDVSA a los militares, nombrando al general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, como presidente de la corporación y ministro de Petróleo en 2017. La persecución interna aumentó a partir de entonces, con la salida de más de 30,000 empleados de la empresa, muchos de ellos ingenieros y técnicos altamente especializados.

Entre 2015 y 2018, la producción de petróleo se redujo a 1,7 millones de barriles diarios, una caída del 43,6% respecto a los niveles de 2013. La capacidad de refinado, por su parte, se redujo en un 90%, y lo que quedaba de los ingresos del petróleo se desvió para pagar los préstamos de China, con implicaciones de gran alcance para la economía.

Sin ingresos petroleros y sin políticas económicas de futuro, el gobierno proclamó “el fin de la era del petróleo” como nueva política estrella. Mientras tanto, Venezuela sufrió una aguda inestabilidad económica con la segunda mayor hiperinflación de la historia, que alcanzó el 180,9% en 2015 y el 9.598% en 2019. La moneda nacional –el bolívar– experimentó una depreciación masiva frente al dólar estadounidense, perdiendo el 100% de su valor en 2019, mientras que el PIB se contrajo un 74% entre 2015 y 2019.

«Sin ingresos petroleros y sin políticas económicas de futuro, el gobierno de Maduro proclamó ‘el fin de la era del petróleo’ como nueva política estrella»

La crisis económica resultante tuvo consecuencias sociales devastadoras. Los niveles de pobreza aumentaron de manera exponencial, mientras que el salario mínimo cayó de 480 dólares al mes en 2012 a 2,4 en 2021. En la actualidad, el 96% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y 5,4 millones de venezolanos han huido del país desde 2016, según datos de la ONU.

Estos problemas económicos y sociales se tradujeron con rapidez en una grave crisis política. En 2015, después de que los partidos de la oposición ganaran las elecciones parlamentarias y obtuvieran el control de la Asamblea Nacional, el gobierno –utilizando el Tribunal Supremo– se negó a reconocer el nuevo órgano. El país vivió entonces un periodo de manifestaciones masivas y represión política –más de 130 personas murieron en las calles y muchas más fueron encarceladas–, todo lo cual deslegitimó aún más al gobierno y sus instituciones.

En agosto de 2018, el gobierno impuso un “plan de choque” mediante la desregulación de la economía, el aumento de la devaluación de la moneda y la eliminación de los beneficios laborales, al tiempo que iniciaba la privatización de los activos públicos, incluida la industria petrolera. Esto viola claramente la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, cambiando de paso la política petrolera de Venezuela.

Lo anterior se hizo entregando las operaciones de PDVSA a empresas privadas a través de órdenes ejecutivas y sentencias judiciales, anulando las disposiciones legales vigentes. Como resultado, se redujo la participación de PDVSA en las áreas productivas más importantes ubicadas en la Faja Petrolífera del Orinoco a favor de Rusia, China y otros, cediendo a empresas privadas el control de recursos petroleros claves que deberían estar reservados al Estado –a través de PDVSA– por ley. Como resultado, el Gobierno de Maduro violó la “Política Petrolera de Plena Soberanía” del presidente Chávez, vigente entre 2004 y 2014, incluyendo la supervisión del fin de la distribución social de la renta petrolera en el país.

«Se ha reducido la participación de PDVSA en las áreas productivas más importantes de la Faja Petrolífera del Orinoco a favor de Rusia y China, entre otros, cediendo a empresas privadas el control de recursos petroleros claves reservados al Estado por ley»

En diciembre de 2018, Maduro fue reelegido presidente. Los resultados no fueron reconocidos por la oposición ni por la comunidad internacional. En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó unilateralmente presidente interino, recibiendo el reconocimiento de Estados Unidos, entre otros 50 países.

En enero de 2019, la producción de PDVSA se situaba en 1 millón de barriles diarios de petróleo, mientras que el circuito nacional de refinación seguía en niveles mínimos de operación. EU impuso sanciones financieras a PDVSA y posteriormente prohibió las operaciones y el suministro de equipos a empresas estadounidenses en Venezuela, restringiendo las actividades comerciales con PDVSA.

A partir del 9 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por Maduro, aprobó la llamada “Ley Antibloqueo”, una medida muy cuestionada por su carácter inconstitucional. A través de ella, el proceso de privatización se lleva a cabo de forma secreta y sin la supervisión de los organismos de control correspondientes. Esto dio rienda suelta al gobierno para ignorar por completo décadas de políticas petroleras cuidadosamente elaboradas por Chávez.

Hoy día, el gobierno trata de vender lo que queda de los activos de PDVSA a empresarios locales y pequeñas empresas. Mientras tanto, debido a las sanciones de EU y a los años de mala gestión del sector por parte del gobierno, grandes empresas petroleras como Chevron, Rosneft, Total o Equinor han abandonado el país.

Implicaciones regionales e impacto en la OPEP

El colapso de la economía y del sector petrolero venezolano tiene importantes implicaciones regionales e internacionales, que van desde flujos migratorios sin precedentes hasta el colapso de los intercambios comerciales.

Para la región del Caribe, la crisis venezolana ha provocado la suspensión del Acuerdo de Cooperación de Petrocaribe, que permitía a PDVSA abastecer el 43% de la demanda energética de 17 países gracias a acuerdos financieros flexibles.

El colapso petrolero de Venezuela también tiene implicaciones políticas para la OPEP, sobre todo en lo que respecta al equilibrio interno entre sus miembros. Venezuela desempeñaba un papel destacado dentro de la organización, no solo como miembro fundador, sino también como impulsor clave del desarrollo doctrinal de la política petrolera internacional. Como líder en la producción internacional de petróleo –en 2008 Venezuela era el tercer productor– su trayectoria histórica y sus posiciones políticas fueron, hasta 2014, fundamentales para lograr el consenso entre los miembros de la OPEP. Esto ayudó a lograr un equilibrio entre los intereses de las monarquías del Golfo Pérsico y el resto de los miembros de la organización.

Sin el papel relevante de Venezuela –hoy el país ocupa el décimo lugar en términos de producción mundial de petróleo– y con los actuales problemas en Irán, Argelia y Libia, la OPEP está perdiendo su carácter internacional, convirtiéndose esencialmente en una organización regional dominada por las monarquías de la península Arábiga.

«Sin el papel relevante de Venezuela y con los problemas en Irán, Argelia y Libia, la OPEP está perdiendo su carácter internacional, convirtiéndose en esencia en una organización regional dominada por las monarquías del Golfo»

En cuanto al mercado internacional del petróleo, la crisis venezolana afecta al desarrollo de las mayores reservas de petróleo y a las octavas reservas de gas del planeta. Esta situación compromete las posibilidades de satisfacer las demandas de petróleo y gas necesarias para la recuperación económica mundial, al tiempo que hace que Europa y Asia sean más vulnerables a las interrupciones de suministro debido a tensiones o conflictos geopolíticos.

La actual crisis energética en Europa demuestra que la economía mundial seguirá dependiendo de los hidrocarburos durante muchos años. En el contexto más amplio de la transición energética hacia una economía verde, la producción de petróleo seguirá siendo esencial para el mix energético de múltiples Estados. Por tanto, seguirá siendo necesario un suministro esencial de hidrocarburos a partir de los yacimientos tradicionales, adoptando todas las medidas para la captura de carbono, en particular cuando estos producen petróleo de bajo coste y bajo riesgo, en comparación con la fracturación del petróleo de esquisto, la producción en aguas profundas, las arenas bituminosas y la nueva producción en el Ártico u otras zonas salvajes protegidas.

El origen del colapso de la producción de petróleo en Venezuela es político. No hay ninguna razón técnica que justifique la situación actual. Venezuela tiene suficientes reservas para producir petróleo y gas con un bajo coste y un mínimo daño medioambiental durante mucho tiempo.

«Los yacimientos tradicionales seguirán siendo necesarios, en particular cuando estos producen petróleo de bajo coste y bajo riesgo en comparación con la fracturación del petróleo de esquisto, la producción en aguas profundas, las arenas bituminosas y la nueva producción en el Ártico u otras zonas salvajes protegidas»

El actual marco legal de los hidrocarburos (petróleo y gas) en Venezuela fue probado con éxito entre 2004 y 2014. Ha demostrado ser capaz de equilibrar los diversos intereses de la población venezolana, los legítimos propietarios de los recursos naturales del país, así como ser capaz de atraer la inversión internacional necesaria para apoyar el desarrollo del sector.

Solo volviendo al Estado de Derecho, ganando gobernabilidad y legitimidad, el país podrá volver a gobernar con éxito su actividad petrolera y sus recursos nacionales, trabajando para iniciar un plan de recuperación nacional de la economía. Esto ayudaría a aliviar la crisis humanitaria y social sin precedentes que vive el país.

Además de ser una fuente de sustento y estabilidad para la propia Venezuela, dicha restauración también tendría implicaciones regionales e internacionales positivas, incluso en el ámbito del suministro energético y en el equilibrio de la diplomacia petrolera dentro y fuera de la OPEP.