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Las elecciones en Honduras son un polvorín que puede estallarle a la región

2021-11-23

Jennifer Ávila Reyes, The Washington Post

En octubre de 2018, al menos 7,000 hondureños caminaron en caravana hacia la frontera de México con Estados Unidos. Salieron de Honduras después de los primeros meses del segundo mandato del actual presidente, Juan Orlando Hernández (JOH). Iban coreando la canción que sonó por meses en las calles llenas de protestas previas a la elección: “¡JOH es pa’ fuera que vas!”. Pero Hernández no se fue y ellos decidieron irse de un país donde el presidente se había convertido rápidamente en un autócrata.

Hoy, tres años después y con unas elecciones presidenciales en puerta el 28 de noviembre, Honduras es un narco-Estado: hay múltiples señalamientos en contra de JOH y su gente cercana en juicios que se realizan en Nueva York. Tanto el fiscal de distrito como narcotraficantes detenidos señalan al mandatario como coconspirador para introducir cocaína en Estados Unidos. Por eso las elecciones presidenciales son cruciales para el país, pero también para la región.

Las encuestas señalan que el contrincante más importante para el oficialista Partido Nacional es la alianza de oposición que se creó a menos de dos meses de las elecciones generales. Con 16 contendientes para la presidencia, la oposición se presentaba totalmente fraccionada hasta que algunos declinaron por Xiomara Castro, del partido izquierdista Libertad y Refundación (LIBRE) y esposa del expresidente depuesto por un golpe de Estado, Manuel Zelaya Rosales. Lleva ventaja sobre el candidato oficialista, Nasry Asfura, y en la pelea también está el Partido Liberal, cuyo candidato es el exconvicto Yani Rosenthal.

Aunque parece que JOH está cerrando un ciclo, eso no significa que la era del autoritarismo y los vínculos político-criminales acaben en el país. Las elecciones marcarán también la impunidad con la que el mandatario podrá salir del poder y la clase política mafiosa que continuará en él. Por eso hay miedo de que los resultados electorales sean trastocados para beneficiar al Partido Nacional, acusado de ser un partido corrupto y ligado al narcotráfico, y que esto traiga protestas, represión y violencia. Aunque los tres partidos mayoritarios firmaron un acuerdo de paz en las elecciones ante el Consejo Nacional Electoral, igual la gente se prepara para lo peor.

El año pasado a Honduras llegaron dos huracanes que devastaron casi la mitad del país lo cual, sumado a la corrupción, ha provocado la migración de decenas de miles de personas. Por lo menos 75% de la población podría estar en situación de pobreza a fin de este año.

La reconocida líder garífuna Miriam Miranda dijo en un foro realizado por El Faro en Tegucigalpa, el 9 de noviembre, que la gente en Honduras está cansada y que si no se respeta el proceso electoral puede haber violencia: “Esperemos que no haya caravanas de miles de hondureños escapando de este país. Si no se respetan los resultados de las elecciones, de nada servirá el plan de (el presidente estadounidense) Joe Biden para detener la migración”.

En las elecciones de 2017, a pesar de que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) puso en duda la integridad y calidad de los resultados electorales, y miles de personas denunciaron un fraude electoral en las calles, el gobierno de Estados Unidos dio su espaldarazo a un proceso electoral que le garantizó a Hernández cuatro años más para consolidar su autocracia.

Más allá de la continua represión a las protestas contra el gobierno, preocupan las recientes reformas al Código Penal que criminalizan la toma de carreteras o espacios públicos hasta con seis años de cárcel. A esto se suma que, desde marzo de 2020, se suspendieron garantías constitucionales con la excusa de la pandemia, las cuales no han sido restituidas.

Por eso esta vez el balance de fuerzas en el Congreso Nacional —también en juego en las elecciones— será determinante, ya que allí se elegirán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también el fiscal general y el fiscal adjunto. Ante ello el Partido Nacional buscará movilizar a su voto duro, consolidado hace años gracias a los programas gubernamentales asistencialistas. En un país pobre como Honduras, las dádivas a cambio del voto son parte de la cultura electoral.

El problema para la oposición es que las discordancias entre los planes de gobierno y la composición que podría llegar a tener el nuevo Congreso, hacen de la coalición un movimiento más vulnerable y volátil que el de 2017. En el centro de esa alianza se encuentra el empresario Pedro Barquero, anterior presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, quien tiene la tarea de conciliar a los intereses opuestos del proyecto electoral.

Las campañas han estado marcadas por la polarización. El Partido LIBRE propuso despenalizar el aborto —prohibido por completo en el país— por tres causales, lo cual ha usado el Partido Nacional como una bandera para agitar el conservadurismo de la sociedad hondureña. Los lemas de campaña de Asfura son: “¡Patria sí, comunismo no!” y “Votar por Asfura es votar por la vida”. La violencia electoral ya ha cobrado la vida de una veintena de candidatos a cargos de elección popular al interior del país.

Ante todo ello, preocupa el silencio del gobierno de Estados Unidos, que ya apoyó a JOH previamente y que, aunque actualmente ha hablado frontalmente en contra del autoritarismo de los presidentes de países vecinos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, sobre Honduras pareciera reinar la indiferencia o la incertidumbre de no saber qué hacer con nosotros.

En las condiciones actuales, su silencio se convertirá en más gritos de solicitudes de asilo en su frontera con México el próximo año, porque la migración es la única válvula de escape a la autocracia, la corrupción, la represión y la pobreza. En estos momentos una caravana migrante de miles de personas, donde participan hondureños, recorre México para intentar llegar a ese país.

Es previsible que el Partido Nacional movilizará a sus bases para que controlen las urnas el día de las elecciones. Hasta ahora se ha realizado solamente una prueba nacional del sistema de transmisión de resultados, la cual mostró irregularidades que siguen sin aclararse. El país va hacia un proceso electoral que no parece ser democrático y para el cual la observación internacional será crucial para evitar una crisis igual o peor a la del 2017.