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México investigó a famosas defensoras como criminales: ONG

2021-11-24

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La antigua Procuraduría General de la República ordenó investigar en 2015 y 2016 a tres prestigiosas mujeres — una abogada que representa a cientos de víctimas en México y Centroamérica, la cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y a una destacada periodista mexicana— como si fueran sospechosas de ser miembros de la delincuencia organizada, denunciaron colectivos nacionales e internacionales el miércoles.

Las pesquisas oficiales incluyeron el rastreo telefónico de mensajes, de geolocalización y el seguimiento de todas las actividades de las tres mujeres durante más de un año y se incluyeron en la investigación abierta por las autoridades mexicanas por el hallazgo en 2011 de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de presuntos migrantes en la localidad de San Fernando, en la frontera noreste de México.

Las afectadas son Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, una ONG que lleva una década representando, entre otras, a las familias de migrantes desaparecidos y masacrados; la cofundadora del EAAF, Mercedes Doretti, quien también tuvo un papel muy destacado en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en 2014 y la premiada periodista mexicana Marcela Turati, que se ha especializado en investigaciones periodísticas sobre desaparecidos.

Las tres fueron arropadas el miércoles por familias de víctimas mexicanas y centroamericanas, colectivos de migrantes, de derechos humanos, el Comité para la Protección de Periodistas, una ONG con sede en Nueva York, y hasta representantes de la oficina de la ONU en México.

Según explicó Delgadillo, después de un año de pedir la información sobre las pesquisas de las fosas a las que tenían derecho como abogados de las víctimas, encontraron que un tomo estaba dedicado a investigarla a ella, a Doretti y a Turati “citando como marco de referencia la delincuencia organizada y secuestro” y sin sustento válido.

“El ataque no es solo a nosotros, es un ataque a la democracia”, sentenció la abogada, porque según explicó, lo que se intentó es criminalizar a todo el sistema mexicano de derechos humanos, el derecho de las víctimas a ser representadas, a los servicios forenses independientes y a la libertad de expresión.

Delgadillo dijo que ya se puso la denuncia ante las autoridades pertinentes, pidió que les informen de toda la información recabada porque es personal y sensible, que se investigue quién ordenó tal seguimiento y que se garantice que nada de esto se va a repetir.

“Nosotros buscábamos que hubiera justicia, que no hubiera impunidad”, agregó. Sin embargo, sobre las fosas clandestinas no hay una sola sentencia y es uno de los muchos casos donde se denunciaron irregularidades. “Ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el crimen organizado lo investigaran con esa celeridad”.

La investigación contra las defensoras tuvo lugar durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando, paradójicamente, tanto la fundación de Delgadillo como el EAAF participaron con la Procuraduría General de la República en los casos más sonados de masacres ocurridas recientemente en México.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), recordó que las personas que estaban al mando de la agencia de investigaciones de la fiscalía federal en 2015 y 2016 son quienes están siendo investigadas por tortura y obstrucción a la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa.