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Biden retoma las políticas migratorias más crueles de Trump

2021-12-08

Por Alberto Pradilla | The Washington Post

Para retomar este plan, el mandatario estadounidense contó con el visto bueno de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, convertido en el agente más eficaz de la Patrulla Fronteriza. Por primera vez, ambos gobiernos reconocieron haber negociado la aplicación del programa, aunque lo que se hizo público posteriormente fue un memorando de la Casa Blanca y no un acuerdo entre países. En él se incluyen puntos que buscarían aliviar los riesgos de los expulsados, como el límite máximo de 180 días para permanecer en México. Sin embargo, es imposible humanizar una política que tendrá un grave impacto en la seguridad de los solicitantes de asilo y su derecho al debido proceso. Desde el lunes, la frontera es un lugar más hostil y peligroso para las familias vulnerables que huyen de la violencia y la miseria de sus países.

Menos de un año después de suspender “Quédate en México” (también llamado “Protocolo de Protección de Migrantes” o MPP, por su sigla en inglés), Biden se vio obligado a retomar el programa por mandato de la Corte Suprema. Esto es una ventaja para él: puede escudarse en esa resolución ante las quejas de los activistas ante las violaciones a derechos humanos, y puede beneficiarse de las nuevas restricciones para frenar la llegada de migrantes. Los nuevos expulsados por el MPP se sumarán a quienes sean devueltos mediante el Título 42, el decreto con el que Trump legalizó la expulsión exprés con la excusa del COVID-19.

El paso atrás muestra que, a pesar de las promesas de Biden, Trump y los antiinmigrantes en Estados Unidos siguen contando con poderosos aliados en los distintos poderes para perpetuar sus políticas xenófobas. Por desgracia, México continúa siendo un cómplice en todo esto. El mandato judicial que obligó a retomar el programa dejaba claro que era imprescindible un acuerdo. AMLO pudo negarse, pero decidió dar la espalda nuevamente a las familias vulnerables que buscan protección.

Actualmente, la mayor parte de migrantes centroamericanos ya estaban siendo entregados a México bajo el formato de devoluciones en caliente. Biden incluso perfeccionó este sistema y comenzó a enviarlos en avión directamente a estados como Tabasco o Chiapas, donde el Instituto Nacional de Migración (INM) los recoge y expulsa a Guatemala u Honduras. De este modo, los principales damnificados del nuevo “Quédate en México” serán los solicitantes de asilo venezolanos, cubanos y haitianos, quienes también huyen de la pobreza, la represión y la violencia.

La administración de Biden ha reconocido que el MPP tuvo “costos humanos injustificados” y presentó un nuevo memorándum para poner fin a este programa. Pero el proceso para concluir definitivamente con esta política de expulsión podría demorarse varios meses. Mientras, el gobierno demócrata dispondrá de todos los mecanismos legales para cerrar la frontera diseñados por Trump, el republicano que usó la xenofobia para llegar al poder.

En el caso de México, la reactivación del MPP llega en un contexto de caos en las fronteras y de nuevas estrategias para impedir el tránsito de familias pobres hacia Estados Unidos. Por desgracia, la administración mexicana no abandona su política del cinismo: al hacer público que recibirá a solicitantes de asilo expulsados, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, intentó vender la idea de que se trata de una decisión motivada por “razones humanitarias”.

Este nuevo foco en el norte se añade a la crisis humanitaria que sufre la frontera sur. Hasta ahora la estrategia del INM era concentrar a los migrantes en Tapachula, Chiapas, un municipio junto a la frontera con Guatemala convertido en ciudad-cárcel. Durante meses, organizaciones de derechos humanos alertaron que era una olla a presión. En agosto, los migrantes que trataron de romper el cerco de la Guardia Nacional fueron frenados a palos. El propio AMLO dijo que fue “para cuidarlos”. Fue hasta la partida de varias caravanas migrantes desde ese punto que el gobierno mexicano cambió de estrategia.

Desde octubre, con la situación completamente desbordada, los uniformados abandonaron los golpes y ahora recurren al agotamiento como arma de disuasión. Hay dos estrategias. La primera intenta repartirlos por diferentes estados del país y entregarles una documentación que supuestamente los regulariza por un año, pero les impide avanzar hacia el norte. Algunos denunciaron haber sido abandonados por agentes migratorios en ciudades peligrosas como Acapulco, con fuerte presencia del crimen organizado.

La otra es que, al paso de la caravana, la Guardia Nacional corta la carretera e impide el tránsito de camiones, lo que obliga a los migrantes a caminar durante horas bajo el sol. Además, el INM difundió diversos comunicados en los que los acusaba de portar enfermedades como dengue y COVID-19, en un ejercicio de estigmatización desde las instituciones.

Que no les golpeen es ciertamente una ventaja, aunque tratar de doblegar a familias a base de agotarlas y señalarlas públicamente no dice mucho del “humanismo” del que habla el gobierno de AMLO.

El caos en las fronteras es símbolo del fracaso de las políticas de contención. Recuperar estrategias del pasado solo servirá para añadir más sufrimiento. Ambos gobiernos presentaron planes de inversión en Centroamérica para frenar la migración, ignorando que quien teme por su vida no resuelve su situación con una ayuda económica. Se trata de una responsabilidad compartida. Biden debe garantizar el derecho al asilo y desmantelar, de una vez por todas, la herencia antiinmigrante que le dejó Trump. AMLO podría haberse convertido en aliado de los más vulnerables pero optó por seguir las órdenes del poderoso. Si los solicitantes de asilo vuelven a sufrir el horror que han padecido los últimos años, habrá que recordarle que él pudo evitarlo.