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¿Vale la pena mantener política ‘Permanecer en México’?
Editorial de Opinión de Bloomberg Menos de un año después de cancelar el programa “Permanecer en México”, que fue la política del expresidente Donald Trump hacia los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos, la Administración Biden ha comenzado a aplicarlo nuevamente, pero a regañadientes. Volver a imponer la política es una medida necesaria para lograr el control de la crisis en la frontera sur del país. La Administración debería trabajar con México para hacer que el proceso sea más eficiente y humano. En virtud de la política de Trump, oficialmente denominada Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), los migrantes que eran detenidos en la frontera debían permanecer en México a la espera de la audiencia de sus casos. Entre 2019 y 2021, cerca de 70,000 personas fueron regresadas al lado mexicano de la frontera. A aquellos cuyos casos lograban llegar al frente de la fila, se les permitía ingresar a EU para audiencias judiciales, pero debían regresar a México hasta que se tomara una determinación final sobre su estado. Existe evidencia de que esta política arrojó buenos resultados. Las detenciones en la frontera suroeste disminuyeron un 30% en su primer año. Además, al parecer, EU aceleró el procesamiento de las solicitudes para aquellos en el programa. Debido a que se ha acumulado un total de 1,3 millones de casos de inmigración, podrían pasar años antes de que los migrantes en EU logren conseguir su primera cita en la corte. En comparación, más de la mitad de todos los casos en virtud de los MPP se habían completado para febrero de 2021. No obstante, el programa no estuvo exento de fallas. Detractores culparon a la Administración por no proporcionar el transporte adecuado para que los migrantes asistieran a las audiencias judiciales; como resultado, miles perdieron sus casos de asilo debido a su ausencia y fueron deportados. Aquellos que esperaban en México soportaron duras condiciones de vida, con escasa protección frente a las duras condiciones atmosféricas, pandillas y traficantes de personas. Según Human Rights First, hubo al menos 1.550 casos documentados de violencia contra personas inscritas en el MPP, incluidos asesinatos, violaciones y secuestros. El presidente Joe Biden ordenó a las agencias federales de inmigración que dejaran de inscribir a migrantes en el MPP y permitieran que aquellos que se encontraban en México esperaran en EU mientras se procesaban sus casos. En agosto, un juez federal determinó que la Administración había rescindido indebidamente la política y ordenó su reinstauración, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema. Mientras tanto, en 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU reportó la mayor cantidad de choques con migrantes. Tras la reunión de noviembre entre Biden y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la Administración de EU anunció planes para volver a implementar el MPP. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que no lo está haciendo “con entusiasmo”. La semana pasada, la Administración le pidió a la Corte Suprema que revisara su fallo anterior y le permitiera rescindir la política. Eso sería un error. En lugar de enviar mensajes contradictorios sobre su compromiso con el MPP, la Administración debería centrarse en hacerlo más eficaz. Debería ampliar la coordinación con el Gobierno mexicano para proporcionar alojamiento temporal y reforzar la seguridad para quienes son enviados de regreso al otro lado de la frontera. Debería ofrecer incentivos adicionales para que México permita que los migrantes trabajen, abran cuentas bancarias y accedan a atención médica mientras esperan sus audiencias. Limitar la distancia que los solicitantes de asilo tienen que viajar para comparecer ante el tribunal aumentaría sus posibilidades de recibir una audiencia justa. La Administración también debería incrementar el número de jueces de inmigración asignados a la frontera y proporcionar a los tribunales los recursos necesarios para cumplir con el objetivo del Gobierno de resolver las solicitudes del MPP en un plazo de 180 días. La prisa de Biden por revertir las políticas de inmigración asociadas con su predecesor ha contribuido a conflictos en la frontera y ha alentado a más personas a arriesgar sus vidas tratando de llegar a EU En el proceso, ha reducido el apoyo público a las reformas migratorias integrales que el país necesita. Fortalecer el MPP, en lugar de descartarlo, es la mejor manera de devolver la confianza en la capacidad del Gobierno para administrar un sistema más justo y ordenado. aranza |
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