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El Estado mexicano pone en juego el futuro del territorio indígena

2022-01-20

Laura Castellanos | The Washington Post

Hay un riesgo latente de que, en 2022, desde los tres poderes del Estado mexicano se socaven los derechos colectivos de los pueblos originarios y los núcleos agrarios en favor de la minería y la construcción de los megaproyectos del gobierno federal.

Tales embates suceden cuando las luchas comunitarias contra los intereses del Estado y del gran capital han sido inmovilizadas por la pandemia de COVID-19, las fallas estructurales y la corrupción del sistema de justicia, las políticas federales de asistencialismo individualizado y la violencia. En 2021, 16 personas defensoras ambientales y del territorio fueron asesinadas —la mitad indígenas— y en estos hubo dos casos de mujeres —una de ellas indígena—, según el registro anual de la organización Comité Cerezo.

Un ejemplo claro de estas luchas desiguales está sucediendo en la pequeña comunidad nahua Tecoltémic, del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, que logró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) examine este 19 de enero la Ley Minera, como parte de un amparo en revisión, y resuelva si tres artículos son violatorios de los derechos territoriales de los pueblos originarios. Estos están garantizados en la Constitución y en tratados internacionales signados por el Estado mexicano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Tecoltémic, con la asesoría legal del Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar, interpuso el juicio de amparo en 2015 para anular dos concesiones mineras otorgadas ilegalmente a una filial de la canadiense Almaden Minerals, y poner a revisión la Ley Minera. Esta, en su artículo 6, determina la minería como actividad de uso preferente en el terreno concesionado; en el 15, asegura la duración de las concesiones por 50 años, con opción a extenderse 50 años más; y en el 19, permite a las empresas obtener la expropiación de los predios, ocuparlos temporalmente o controlar su acceso.

La abogada Itzel Silva, de Fundar, me explicó que la SCJN otorgó un amparo contra las concesiones pero omitió analizar la Ley Minera al considerar que “no tenía relación con los derechos ni con los intereses de los pueblos”. Si en su sentencia ratifica este posicionamiento, engrosará la batería jurídica que está socavando los derechos colectivos de los pueblos originarios y núcleos agrarios.

Este caso no es único: hay 250 conflictos comunitarios contra mineras en México, de los cuales 36 nacieron durante el actual gobierno federal, de acuerdo a la geógrafa Sol Pérez Jiménez, que realiza el Atlas de conflictos mineros en México.

Uno de ellos está en el núcleo agrario El Bajío, de Sonora, cuyos pobladores llevan una década de lucha contra la minera Penmont, del influyente empresario Alberto Baillères. Tienen 67 sentencias a su favor del Tribunal Agrario que aún no se cumplen, tres asesinatos y una activista desaparecida. Por eso viajaron para protestar el 10 de enero frente a Palacio Nacional y pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, será el Poder Ejecutivo quien arrollará con alevosía los derechos territoriales de las comunidades este año. López Obrador emitió un decreto que clasificó como de seguridad nacional la concreción de sus grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esto suprime la obligatoriedad constitucional y de tratados como el Convenio 169, que garantiza los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa, informada y libre para decidir en sus territorios, y de los núcleos agrarios sobre sus propiedades.

El partido oficialista, Morena, avaló con su mayoría parlamentaria el decreto, que entró en vigor el 22 de noviembre y durará un año. El Congreso Nacional Indígena (CNI), el frente de resistencias más combativo del país y al que pertenece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denunció en conferencia de prensa que comunidades de 10 entidades del país interpusieron 17 amparos en su contra y solo obtuvieron una suspensión, por lo que el Poder Judicial les está negando el acceso a la justicia.

Mientras por un lado el Estado ataca sus derechos, por el otro simula apoyar a los pueblos originarios. El 28 de septiembre, dos meses antes de la entrada en vigor de ese decreto, López Obrador encabezó una ceremonia de resarcimiento de territorio al pueblo yaqui, en la que recibió la iniciativa de reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, impulsada desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La iniciativa busca modificar 15 artículos constitucionales para robustecer, precisamente, los derechos colectivos que el presidente violentó con su decreto dos meses después. Según el INPI, participaron 20,000 autoridades municipales, agrarias y comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos. López Obrador no ha emitido opinión alguna sobre la iniciativa. Dudo que la presente al Congreso e impulse su aprobación, porque contraviene su ejercicio de poder.

También Francisco López Bárcenas, jurista mixteco y autor del ensayo El gobierno de la 4T y los pueblos indígenas, piensa que el presidente no la hará suya porque “no cree en los derechos indígenas, sino en las políticas públicas asistenciales para los pueblos indígenas”. En entrevista, me dijo que tampoco ve que la cobijará el Poder Legislativo. Observó que, en la legislatura pasada, 18 iniciativas de ley —de todos los partidos— fueron presentadas en beneficio de derechos comunitarios en materia de agua, restricción de áreas forestales, minería, y no prosperaron por desdén o pugnas de intereses.

En tanto, leyes que fueron aprobadas en gobiernos anteriores y que han beneficiado al gran capital, como la citada Ley Minera, siguen vigentes. Bajo ella se habían otorgado, hasta 2018, 25,267 concesiones mineras, lo que López Obrador ha criticado al asegurar que no dará una más, pues comprometen la décima parte del territorio nacional. Sin embargo, no ha manifestado su disposición para anular las que violentan los derechos comunitarios como la de Penmont, en Sonora.

Además, el Legislativo también busca aprobar una reforma eléctrica, propuesta por el presidente, que podría imponer la edificación de proyectos energéticos como nuevas plantas eléctricas, subestaciones y tendidos, y posibilitar expropiaciones y despojos sin negociación y con el apoyo de las fuerzas armadas, según advierte la retícula de luchas de pueblos, organizaciones sociales y colectivas Luces de las resistencias.

Este año será determinante la actuación de los tres poderes del Estado mexicano para el futuro de los pueblos originarios y núcleos agrarios.

Habrá que ver si la SCJN determina criterios para modificar la Ley Minera, si el Congreso les abre espacio en la discusión de la reforma eléctrica e impulsa otras leyes que protejan sus territorios, y si el presidente deroga su decreto y apoya la aprobación de la ley de los derechos de los pueblos originarios. De otra forma, la violencia institucional exacerbará el despojo y la persecución contra las luchas opositoras, generará rompimientos con los pueblos aliados y multiplicará los conflictos comunitarios en defensa del territorio. Y entonces, parafraseando al presidente, a ver quién amarra al tigre.