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La reforma eléctrica: una historia de desencuentros entre México y Estados Unidos

2022-01-27

Por Ricardo Raphael, The Washington Post

Estos malentendidos volvieron a presentarse durante la visita a México de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, el 20 y 21 de enero. Según declaró su homóloga mexicana, Rocío Nahle, durante las conversaciones bilaterales Granholm no habría encontrado preocupación sobre la reforma eléctrica promovida en el Congreso de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un día después la embajada de los Estados Unidos en México tuvo que desmentir esas declaraciones: “En cada reunión (la funcionaria estadounidense) expresó las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México sobre la inversión estadounidense en el país”.

Este episodio no es excepcional en la narrativa de los equívocos mutuos, sobre todo cuando el tema que se aborda es el energético. Cada país toma la cuestión con convicciones tan apartadas que no es difícil suponer una desembocadura enrevesada.

Las memorias de Jesús Silva-Herzog Flores, secretario de Hacienda mexicano durante los años 80 del siglo pasado, ilustran bien la cuestión. Cuando acudió a Washington para negociar con Nicholas Brady, secretario del Tesoro del gobierno de George W. Bush, el apoyo financiero que México necesitaba para sortear una compleja crisis de deuda, el estadounidense propuso que, a cambio del favor, el gobierno mexicano abriese el sector energético a la inversión privada.

El responsable de la hacienda mexicana respondió que podría considerar la oferta siempre y cuando Estados Unidos estuviese dispuesto a cercenar el ala derecha del águila que aparece en su escudo nacional. Con esa metáfora concluyó aquella discusión.

Años más tarde, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuevamente se abrió esa conversación. Pero esta vez el ofrecimiento del gobierno estadounidense fue establecer un libre tránsito migratorio —similar al que existe hoy dentro de la Unión Europea— a cambio de retirar prohibiciones a la inversión privada en ese mismo sector. Tampoco prosperó.

En el sistema de creencias mexicano la energía es asunto medular de la soberanía popular. Las industrias eléctrica y petrolera son percibidas como bienes nacionales sobre los cuales el Estado debe tener control. Por tanto, la intervención privada, nacional o extranjera, merece rechazo.

No es el caso de Estados Unidos, donde el sector privado tiene una participación intensiva y el gobierno interviene únicamente como regulador de los mercados y, eventualmente, como garante último del abasto energético. Este contraste de concepciones ayuda a comprender la reiterada incomprensión entre los gobiernos.

Otro ejemplo ocurrió hace nueve años, cuando la administración del entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto estaba promoviendo la reforma energética que finalmente abrió la puerta a la inversión privada.

El entonces senador de la República, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que aquella iniciativa había sido concebida en la ciudad de Washington por intereses ajenos a la nación mexicana.

Citó como evidencia un documento, supuestamente elaborado por el Departamento de Estado del gobierno estadounidense, el cual habría sido presentado ante el comité de asuntos internacionales de la Casa de Representantes el 11 de abril de 2013.

De acuerdo con Bartlett, actual director mexicano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y líder de la nueva iniciativa que busca sepultar la legislación anterior, el gobierno estadounidense tenía desde entonces previsto apropiarse de la electricidad en toda América Latina. Agregó que el autor del documento habría sido Carlos Pascual, antiguo embajador de Estados Unidos en México, quien en 2013 era responsable de los temas energéticos dentro del Departamento de Estado.

Bartlett afirmó que Pascual promovió en el Capitolio un proyecto denominado Connect America, cuyo propósito era construir un sistema eléctrico hemisférico gestionado por empresas transnacionales estadounidenses que abarcaría desde el Río Bravo hasta la Tierra de Fuego. “Un negocio de 1.4 billones de dólares”.

El documento citado por el actual director de la CFE es un testimonio brindado por Pascual ante el citado comité de asuntos internacionales; pero ahí no se halla ninguno de los argumentos referidos por el exsenador mexicano.

En la realidad Pascual presentó la iniciativa Connecting the Americas —también conocida como Connect 2022— un proyecto de asistencia técnica y financiera, elaborado por la administración del presidente Barack Obama, para favorecer la transición hacia energías limpias y promover la interconexión de los mercados eléctricos desde Canadá hasta Chile.

¿Cómo fue que Connect 2022, una iniciativa de cooperación continental, se convirtió en una conspiración imperialista para arrebatar soberanía energética a los países latinoamericanos?

Esta confusión se convirtió con el tiempo en uno de los principales argumentos en contra de la reforma energética mexicana de 2013 y razón fundamental para sustituirla por otra que regresase al Estado mexicano el control nacional y público de la industria eléctrica.

Sorprendentemente, en el parlamento abierto que actualmente se desarrolla en México, los falsos argumentos de Pascual han sido citados varias veces. Es decir que el malentendido se ha prolongado por más de ocho años.

Tanto los argumentos de Pascual en 2013, como de Granholm en 2022 son otros: para ambos la mejor manera de defender la soberanía de Norteamérica es hacer converger las políticas energéticas de Canadá, Estados Unidos y México hacia una misma dirección.

En palabras de Granholm: “Las relaciones de colaboración y con visión de futuro son lo que América del Norte necesita para mantener su ventaja competitiva en todo el mundo, y la administración Biden-Harris espera trabajar con México para garantizar que ambos tengamos éxito en la creación de un camino de respeto mutuo hacia nuestros objetivos energéticos compartidos”.

La disyuntiva está entre defender la soberanía nacional a partir de un frente regional compuesto por los tres países, o hacerlo en aislamiento, de acuerdo con los intereses de cada nación.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos se inclina por la primera ruta, el mexicano lo hace por la segunda. Esta es la verdadera razón de la incomprensión, la cual rebasa discursos políticos e ideológicos. Dos aguilas con media ala o una sola ave que sea capaz de volar: he ahí el dilema.