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Mi madre lleva 17 meses presa por una venganza del fiscal Gertz Manero

2022-02-01

Alonso Castillo Cuevas | The Washington Post

El 16 de octubre de 2020, dos sujetos sin uniforme descendieron de un vehículo sin logotipos oficiales y, sin presentar una orden de aprehensión, persiguieron y arrestaron a mi madre, Alejandra Cuevas Moran.

Ella tiene casi 70 años y lleva presa 17 meses sin haber cometido un delito, solo porque así lo ha decidido el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero.

Durante 52 años mi abuela, Laura Morán Servín, fue la pareja de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal. Su vida pasó con normalidad hasta 2015, cuando Alejandro emprendió una persecución feroz en contra de nuestra familia.

En ese entonces mi abuela tenía 88 años y Federico 82. Él ya utilizaba un marcapasos y estaba mal de salud, por lo que mi abuela contrató a dos enfermeros para que lo auxiliaran. Al observar que su vigor decaía, el 24 de agosto de 2015 llamó a Alejandro, su cuñado, para expresarle su preocupación.

En ese entonces el hoy fiscal trabajaba para la Universidad de las Américas, aunque previamente ya había sido secretario de Seguridad Pública federal. Le dijo a mi abuela que él se haría cargo de los cuidados y mandó dos médicos.

El 29 de agosto, una semana después de que los médicos contratados por Alejandro tomaran el control de la salud de su hermano, Gertz y su gente irrumpieron en la residencia de mis abuelos y, sin ninguna orden judicial y de forma violenta, sustrajeron documentos y se llevaron a Federico, quien se hallaba en una cama hospitalaria en la sala de la casa.

Federico murió el 27 de septiembre de 2015, casi un mes después de ser internado por su hermano en un hospital. En ese periodo ni mi abuela ni ningún familiar pudieron verlo por las prohibiciones impuestas por el hoy fiscal.

Gertz Manero denunció a mi abuela, a mi madre y a mi tía, Laura Cuevas Morán, por homicidio. Durante cinco años de juicio, la fiscalía de Ciudad de México en dos ocasiones dictaminó el no ejercicio de la acción penal tras analizar las evidencias.

Pero cuando Alejandro Gertz Manero asumió el cargo de fiscal general de la República, en 2018, envió el expediente a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales capitalina. En 2020, la Fiscalía local reactivó el caso y cambió de criterio: inculpó a mi abuela —quien tiene aún una orden de aprehensión—, encarceló a mi madre y a mi tía Laura la apartaron del caso.

Gertz Manero, por medio del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo —y su concuño Fernando Díaz —, nos extorsionó tras el arresto de mi madre. Mi tía Laura es suegra de Del Mazo. Las exigencias del fiscal fueron que le entregáramos objetos de la casa de mi abuela; que ella renunciara a la pensión que le dejó Federico y que el fiscal, como albacea del testamento, tiene la obligación de cumplir; y un cheque certificado por 3.5 millones de pesos (175,000 dólares) a su nombre. Ninguna de sus exigencias le correspondía por ley, pero cumplimos con ellas.

Tras la entrega, le llamamos a Gertz Manero. En esa conversación, que tenemos en nuestro poder, el fiscal nos exigió a mí y a mis hermanos un documento por escrito en donde reconociéramos “nuestra responsabilidad directa o indirecta en el caso”. Su objetivo era encarcelarnos.

Gertz Manero agendó una reunión entre nosotros y el subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Juan Ramos. Cuando mis hermanos acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR), él les exigió el documento. Como no lo entregaron, la reunión concluyó.

Aunque apelamos el auto de formal prisión, después de meses un magistrado de la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia local lo confirmó, pese a violaciones legales y al debido proceso, entre ellas que mi madre contaba con un amparo que prohibía su arresto.

Interpusimos otro juicio de amparo, el cual ganamos. La sentencia detalla las irregularidades que cometió el magistrado en el proceso, entre las más notorias el evitar analizar las pruebas que presentamos. Cuando ganamos los amparos, Gertz Manero los impugnó, pero no solo como particular sino mediante el ministerio público adscrito a la FGR.

El caso escaló al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y, el 8 de noviembre 2021, nos confirmaron que tendríamos una audiencia con los magistrados antes de que deliberaran lo que pensábamos sería la liberación de mi madre. Pero el mismo día que se realizaría, nos informaron que la audiencia y la deliberación quedaban canceladas.

El fiscal sospechaba que le darían la libertad a mi madre y, en cuestión de horas, pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso, para poder alargar el proceso y mantenerla presa.

En los 60 días posteriores a que la SCJN atrajo el caso presentamos siete oficios sin recibir respuesta. Nos enteramos de que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, impartiría una conferencia en la Universidad Iberoamericana. Cuando finalizó, mi hermana y yo le expusimos nuestro caso y ella, ante esta tragedia que nos está aniquilando, se hincó y le suplicó clemencia. Al día siguiente, el ministro Zaldívar dijo que el ministro ponente del caso sería Alberto Pérez Dayán.

Como familia llevamos meses preguntándonos: ¿Cómo puede el Estado mexicano mantener a un fiscal como Gertz Manero, que viola los derechos humanos, extorsiona y exige confesiones de delitos fabricados?

Hoy la SCJN tiene en sus manos la liberación de mi madre y también que mi abuela no sea aprehendida. Este caso, que muestra el abuso desde el poder hacia mujeres inocentes, es una oportunidad de enviar una señal: el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no está por encima de las instituciones y en México aún existe el Estado de derecho.