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A 16 años de Pasta de Conchos, aún no hay justicia para las víctimas y la región carbonífera

2022-02-18

Cristina Auerbach forma parte de la Organización Familia Pasta de Conchos. Pablo Montaño, de la organización Conexiones Climáticas. Y Rafael Fonseca de la Iniciativa Climática de México.

Cuando este sábado 19 se cumplan 16 años del mayor siniestro minero de este siglo en México, 63 de los 65 cuerpos de los trabajadores muertos seguirán sepultados bajo la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila. Entre silencios y promesas incumplidas de las autoridades y la empresa Grupo México, los heridos y las familias de las víctimas de la explosión de gas de febrero de 2006 siguen sin obtener justicia. Los mineros de la región continúan jugándose la vida —solo en 2021 murieron 11 personas— y, en algunos casos, en minas en peores condiciones que la que se derrumbó.

En este memorial número 16, más allá de recordar el siniestro como símbolo de la tragedia, las autoridades deberían reparar el dolor del pasado al tiempo que construyen un futuro sostenible para un lugar con una historia y un presente de explotación del territorio y de sus habitantes.

Pasta de Conchos no fue un evento aislado, sino la representación de la cultura de sacrificio de nueve municipios donde se extrae 99% del carbón en México. Esta realidad, aunada a la crisis climática que exige la eliminación del uso del carbón como fuente de energía, perfila un escenario en el que es inaplazable la transición energética desde una perspectiva de justicia climática, donde se atiendan los impactos y desigualdades que sufren las comunidades mineras y donde las personas se coloquen en el centro. Existe la oportunidad de planear e implementar desde lo local una estrategia para generar empleos dignos, alejados de una de las industrias más contaminantes y con mayores riesgos laborales del mundo.

La justicia climática y la transición energética no son demandas improvisadas ni oportunistas, son derechos y procesos cuya atención es inaplazable. Estudios recientes han demostrado que es necesario y factible sustituir progresivamente el carbón con fuentes de energía sustentable para obtener beneficios diversos como la garantía del respeto a la salud y al medio ambiente. Sin embargo, la negativa de justicia a las familias afectadas y las actuales políticas energéticas muestran que hasta el momento ni la tragedia social ni la emergencia climática han logrado cambiar las políticas públicas. Por el contrario, los gobiernos han ignorado que miles de personas han entregado su salud y sus vidas en una actividad social y ambientalmente insostenible: la extracción de carbón mineral para producir electricidad.

Durante los últimos 16 años, el silencio y la opacidad son constantes desde el Estado mexicano ante las víctimas de Pasta de Conchos. Incluso después de que en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiera la petición de casi 1,100 personas para que las partes llegaran a una solución amistosa y así acortar los tiempos para que las familias obtuvieran una reparación del daño. En octubre de 2020, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a iniciar el rescate de los 63 mineros e incluso firmó un documento expresando su voluntad de llegar a una solución acordada entre las partes.

A tres años de esa promesa, el gobierno aplazó dos veces el inicio del rescate y finalmente los trámites comenzaron el pasado 11 de febrero, pero solo se informó a las familias de los afectados hasta unos días después. El proceso de diálogo sigue siendo insuficiente, ya que no se acepta la participación en la toma de decisiones, no se toman medidas de no repetición y no se establece un mecanismo para el derecho a la verdad y justicia.

Ese abismo entre el dicho y el hecho en el caso de Pasta de Conchos se puede extrapolar a la situación de la región carbonífera en general. La minería ilegal sigue vigente ante la inacción de las autoridades. Por ejemplo, en diciembre de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en el municipio de Sabinas, Coahuila, por la extracción de carbón. La actual administración federal aceptó dicha recomendación. Aun así, la vida en los pueblos mineros continúa igual: empresarios y políticos que se enriquecen burlando la ley y mineros que trabajan con altos riesgos, en lugares donde se sigue impactando al territorio y al medio ambiente.

López Obrador y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han mencionado en varias ocasiones que apuestan por reducir el uso del carbón para generar energía, pero también han dicho que la CFE mantiene su compromiso de comprar más carbón de la región carbonífera a pequeñas minas, aun cuando las dos carboeléctricas de Coahuila se acercan al final de su vida útil.

El 10 de febrero se anunció la negociación de 60 contratos para la compra de 1.5 millones de toneladas de carbón para alimentar las centrales José López Portillo y Carbón II. El gobierno federal no ha iniciado aún acciones concretas para diseñar una ruta de transición energética justa que sustituya el carbón y, sobre todo, que mejore sustancialmente las condiciones de vida de los mineros y de sus familias.

Para que las autoridades hagan justicia por los 16 años de lucha de las familias de Pasta de Conchos, urge que reconozcan a los familiares como víctimas y peticionarias, y que se establezca un verdadero diálogo. Pero no solo eso: deberían garantizar las condiciones para que nunca más un lugar de trabajo se convierta en una tumba.

Desde ese 19 de febrero de 2006, no ha habido otro siniestro tan masivo en las minas de México, pero las muertes de mineros continúan. Pasta de Conchos es el símbolo del sacrificio diario de toda una región. Es urgente emprender una transición energética justa donde la supervivencia de las personas no se base en uno de los oficios más peligrosos del mundo, que alimenta una de las industrias con mayor responsabilidad en la crisis climática.