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¿Dónde se torció la revocación de mandato en México?

2022-03-23

Ricardo Raphael | The Washington Post

La consulta popular sobre la revocación del mandato presidencial ha sido uno de los temas más polémicos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en México. Sobresale entre muchos otros que también han tensado el ambiente porque les ha superado en capacidad para generar conflictividad política.

Este ejercicio, el primero en su género —históricamente hablando— y que debía imantar la participación democrática, ha provocado el efecto contrario: aparta a la ciudadanía porque confronta y polariza.

Mientras los ataques y descalificaciones del presidente en contra de las autoridades electorales, los medios de comunicación y la oposición han marcado el tono de la campaña a favor de la ratificación, los reclamos por violar la ley, el cambio repentino de reglas, la sospecha sobre los mecanismos para la recolección de firmas y el financiamiento de la propaganda para pedir el voto llenan las quejas de quienes disienten del presidente.

López Obrador subraya que su gobierno está siendo víctima de un golpe de Estado donde no hay bayonetas ni tanques sino una batería de medios apuntando contra la presidencia. “¿A qué están apostando? —preguntó el mandatario en una conferencia—. Al golpismo mediático, no es que haya un golpe de Estado militar (…) quieren tener al gobernante que se les arrodille, en salmuera, a fuego lento. Buscan socavar la autoridad, por eso hablo de golpismo”.

Con este argumento, el gobierno justifica la amenaza de encarcelar a las personas consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) y la acusación de que están escondiendo casillas, la reducción del presupuesto para realizar y otorgar certidumbre a la consulta, la propaganda ilegal y el decreto aprobado recientemente para permitirle al presidente y cualquier otro funcionario hacer promoción de la misma.

Lo que comenzó mal puede terminar peor. Un ejercicio democrático que debía potenciar los derechos ciudadanos podría naufragar con estrépito porque, desde su nacimiento, está plagado de irregularidades.

¿Dónde se torció la revocación? Una respuesta simple llevaría a decir que desde el momento en que las personas que la promovieron no querían una revocación de mandato presidencial, sino su ratificación.

Luego se añadió como problema que la recolección de las firmas para respaldar esa solicitud no fue un esfuerzo emprendido por ciudadanas y ciudadanos apartados de la política partidaria, sino por líderes afiliados a Morena, el partido del presidente. Concretamente, por exlegisladores y personas funcionarias que trabajaron para diversas bancadas legislativas de ese partido.

También ha sido un problema la opacidad sobre el financiamiento que se ha empleado, tanto para la organización de asambleas y reuniones dedicadas a recabar firmas, como para hacer propaganda a favor de la ratificación.

Esto último se ha vuelto un problema serio para las autoridades electorales, que han ordenado retirar espectaculares y otra propaganda masiva que no cumple con los criterios de ley.

En este contexto tan polémico, no se le ha prestado la atención suficiente a la organización política que se encuentra detrás de la consulta y también de la campaña a favor de la ratificación: “Que siga la democracia” es una asociación civil registrada en el estado de Coahuila en octubre de 2021 por personajes de la vida pública que, por la relevancia de sus actos, merecen mejor escrutinio.

Es responsable de 80% de las firmas presentadas ante el INE para solicitar la consulta de revocación. Es también responsable, por tanto, de la organización que hizo posible ese logro. Además, ha sido la principal plataforma de la campaña “Que siga #AMLO”. En ella se diseñaron los anuncios exhibidos masivamente en el país, así como del resto del material promocional. No hay evidencia todavía de que “Que siga la democracia” haya contratado y pagado los espacios publicitarios referidos, y al final será el INE quien determine si esa hipótesis es cierta.

Sin embargo, no hay duda de que detrás de esta organización se encuentran líderes de Morena. Son cuadros destacados exlegisladores federales como Sergio Pérez Hernández, Katia Castillo Lozano, Juan Enrique Ferrera Esponda y Marco Antonio Andrade Zavala. A estas cuatro personas les une haber sido derrotados en las pasadas elecciones intermedias de 2021 y también haber sido convocados para promover la consulta. Se suma a esta lista Lizette Vázquez Sánchez, quien fue candidata suplente a diputada federal.

La organización la encabeza una panista conversa de nombre Gabriela Jiménez Godoy. Entre 2012 y 2021 ella fue funcionaria de la Cámara de Diputados y trabajó para las bancadas de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que hoy son la oposición. En 2018 compitió por una diputación bajo las siglas de ambos partidos, la cual perdió. No obstante, ese mismo año fue nombrada directora general de servicio a diputados, cargo que obtuvo gracias a la anuencia de la fracción morenista en la Cámara Baja.

En 2021 Jiménez Godoy volvió a contender por una diputación federal, esta vez por Morena, pero fracasó de nuevo. Sin embargo, tres meses después creó “Que siga la democracia” y, desde esta asociación, se ubicó en el ojo del huracán de la polémica revocación de mandato.

Aunque la ley prohíbe que los partidos políticos sean promotores de dicha revocación, el vínculo de estos personajes con Morena es imposible de ocultar. Se añade como irregularidad que la autoridad electoral desconoce el origen del financiamiento que permitió a “Que siga la democracia” organizar la recolección de 8.9 millones de firmas, entre octubre y diciembre de 2021, así como la eventual contratación de cientos —quizá miles— de espectaculares.

El INE estaría obligado a investigar esta situación, pues existe la posibilidad de que este recurso tuviese como origen dinero público. Si se llegase a comprobar que Morena estuvo detrás de la recolección de firmas y la promoción de la ratificación de mandato, así como del financiamiento de la campaña de propaganda, el resultado de la consulta habría de anularse. En tal caso, la polémica de la revocación no habría visto aún sus peores días.