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El Ejército de López Obrador no es distinto al de gobiernos anteriores

2022-03-25

Jorge Javier Romero | The Washington Post

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su campaña electoral se comprometió a sacar al Ejército de las calles, el cual desde 2006 hace labores policiales en el país. Sin embargo, ahora el mandatario ve en las Fuerzas Armadas a la única parte confiable y disciplinada del Estado mexicano, y aliada en su lucha contra la corrupción.

Antes de asumir la presidencia, López Obrador fustigaba frecuentemente que las Fuerzas Armadas realizaran estas labores. Sin embargo, ahora afirma que en su administración las cosas ya cambiaron y —con una retórica con ecos de los tiempos de la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934–1940), el general izquierdista que estableció el pacto fundacional del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI)— habla de “pueblo uniformado” para referirse a los soldados, y sus seguidores señalan que no se está “militarizando a la sociedad sino socializando a los militares” y que los militares ya no masacran a sus adversarios —como ocurrió en los gobiernos anteriores— porque solo siguen órdenes y el presidente ya no les ordena masacrar.

El problema es que los datos no se corresponden con la narración oficial. La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad durante los últimos tres años ha dependido de la trayectoria abierta durante las administraciones anteriores: no solo no reduce la violencia sino que la exacerba y ha sido el detonante principal del crecimiento de la tasa de homicidios que ha aumentado, con altibajos, de los ocho por cada 100,000 habitantes que hubo en 2007 a 29 por cada 100,000 habitantes en 2021. El índice de letalidad de las actuaciones del Ejercito y la Marina en enfrentamientos con civiles armados no ha disminuido: según el último dato disponible, de 2020, por cada militar caído mueren 39.5 civiles. Esto es un récord en los últimos 15 años y es el quinto año consecutivo en el que este indicador aumenta. Las violaciones a los derechos humanos están lejos de haber disminuido.

Las Fuerzas Armadas mexicanas, que durante más de 50 años tuvieron una presencia discreta aunque significativa en la vida pública, han recuperado en los últimos 15 años un protagonismo que no tenían desde las primeras décadas del siglo XX, durante la época formativa del régimen del PRI.

En 2007 el entonces presidente, Felipe Calderón (2006–2012), decidió su despliegue para combatir a las organizaciones de narcotraficantes en su sangrienta “guerra contra las drogas” y, desde entonces, el papel del Ejército y la Marina en la vida política y social del país ha aumentado incesantemente. Los sucesivos gobiernos han impulsado cambios institucionales para modificar su estatus legal, para regularizar su presencia en tareas prohibidas por la Constitución y el peso de la política de seguridad pública ha recaído en la milicia.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012–2018) se intentó introducir el concepto de seguridad interior en la legislación para justificar la presencia militar en tareas reservadas constitucionalmente a los cuerpos policiales civiles, pero la ley aprobada entonces fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

López Obrador empezó su gobierno con una iniciativa de reforma constitucional para crear una Guardia Nacional militarizada como principal garante de la seguridad del país. El Congreso modificó su propuesta y creó la Guardia como un cuerpo civil con mandos civiles y entrenamiento policial. Sin embargo, el presidente decidió violar el mandato constitucional, pues formó la Guardia con personal, disciplina y mandos militares, y publicó un acuerdo para disponer de manera prácticamente discrecional de las Fuerzas Armadas en una interpretación inconstitucional del artículo 5º transitorio del decreto de creación de la Guardia, donde se establece un plazo de cinco años —que se cumplirá en marzo de 2024— para el retiro completo del Ejército de tareas distintas a las de la disciplina estrictamente militar.

Además, el gobierno actual ha optado por la militarización de distintas funciones estatales de carácter civil como los puertos, las aduanas, la marina mercante, los aeropuertos o la construcción de grandes obras de infraestructura. Según el Inventario de lo militarizado, elaborado por el Programa de Política de Droga del Centro de Investigación y Docencia Económica y México Unido Contra la Delincuencia, durante los últimos 15 años alrededor de 246 funciones estatales que eran ejercidas por agencia civiles han pasado a manos de los cuerpos militares, la mayoría durante la actual administración.

Un argumento reiterado por AMLO para sustituir por militares a distintas agencias gubernamentales ha sido el combate a la corrupción. Para él, los militares tienen un mayor control de los recursos, lo cual ayuda disminuir la corrupción y al cumplimiento de las fechas de entrega de las obras. No es así: la última revisión a la Cuenta Pública 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, mostró irregularidades millonarias en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y no reportó el uso de 20,000 millones de pesos del fideicomiso con el que paga la obra. Además, del total de 246 tareas asignadas, 140 no detallan información sobre su presupuesto. Con el argumento de que se trata de asuntos de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas manejan los recursos de forma opaca, con información reservada. Esa opacidad propicia la corrupción y las Fuerzas Armadas son menos transparentes que las instancias civiles.

El presidente supone que sus órdenes se cumplen sin chistar en la cadena de mando militar, como si los jefes y oficiales no tomaran decisiones de acuerdo con sus propios intereses o percepciones, y que las inercias institucionales de operación del Ejército y la Marina se pueden cambiar por una decisión personal. Pero incluso si eso fuera así, el hecho es que la estrategia de reducción de la violencia y la inseguridad mediante el despliegue militar ha sido un fracaso reiterado, una política pública fallida durante ya 15 años.

Sin duda, otra ruta es posible si se invierte en la reorganización y profesionalización del los cuerpos policiacos, la autonomía y la profesionalización de las fiscalías y en el fortalecimiento de los poderes judiciales, como muestra la Guía para debatir a favor de la seguridad ciudadana y la vía civil, recientemente presentada por México Unido Contra la Delincuencia. Pero lamentablemente, el presidente López Obrador se ha empecinado en profundizar la militarización, con los mismos malos resultados y con el riesgo de que los militares empoderados se aferren a su nuevo protagonismo político.