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Desapariciones en Nuevo León: urge entender que la violencia contra las mujeres evolucionó

2022-04-21

Mariana Limón Rugerio | The Washington Post

Para las mujeres del estado mexicano de Nuevo León, un terror similar al de 2011 —año récord de violencia— volvió este 6 de abril, cuando medios locales alertaron que ocho mujeres habían desaparecido en 10 días. Uno de los casos era María Fernanda Contreras, Marifer, financiera de 27 años. Se realizaron protestas y durante la búsqueda su familia denunció fallas por parte de la fiscalía estatal: “Hemos conseguido ubicar su teléfono celular y le notificamos a las autoridades. Por desgracia, nunca se presentaron al lugar indicado”. El 9 de abril se confirmó su asesinato.

La madrugada de ese mismo día desapareció Debanhi Escobar, de 18 años, en la carretera federal de Monterrey hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobre la cual el gobierno estadounidense ha emitido alertas de seguridad debido a la actividad criminal. Hasta hoy, su búsqueda continúa.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 20 de marzo y 20 de abril se registraron 83 mujeres desaparecidas en el estado. Entre ellas Debahni, Alma Hernández (14 años), Regina Gutiérrez (14), Sofía Sánchez (14) y Jaqueline del Río (15). 13 de ellas siguen sin ser localizadas.

¿Qué sucede en Nuevo León? ¿Cómo entender esta crisis? ¿Por qué desaparecen mujeres? Frente a las preguntas abunda la incertidumbre y el Estado no responde con claridad. Por ejemplo, el gobernador Samuel García escribió en Twitter que “ante una mujer desaparecida, las palabras sobran”. Más indignante aún fue la respuesta del secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, en una conferencia: “Se descarta totalmente el rumor de que haya una banda secuestrando o raptando mujeres (…) La mitad de los casos (…) son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás”. Y si bien se creó un grupo especial de búsqueda, este cumple funciones casi idénticas a las del protocolo Alba, que opera a nivel nacional desde 2018.

El primer paso para frenar el horror es entenderlo y hoy ni las autoridades locales ni el Estado ni el feminismo de Ciudad de México —el que tiene mayor influencia en la agenda política— están entendiendo la evolución de las violencias contra las mujeres en territorios como Nuevo León. Los actores que tienen mayor capacidad para avanzar una agenda política que cuide a las mujeres con mayor vulnerabilidad, no están comprendiendo del todo las agresiones que sufren.

Las desapariciones en Nuevo León demuestran que la violencia de género en México se ha complejizado. En estados con alto control del crimen organizado, tres violencias dejan en vulnerabilidad a niñas y mujeres: la sexista, la del narcotráfico y la militarización. Las políticas públicas deben entender y atender esta intersección.

Hace años, el feminismo nos abrió los ojos al explicar que quien violenta y asesina mujeres con frecuencia vive en su casa, escuela o ambiente cercano. Gracias a estos esfuerzos surgieron herramientas como el violentómetro, los refugios y las leyes para una vida libre de violencia. Se han denunciado a miles de agresores en espacios cercanos a través de redes sociales y tendederos. La violencia en lo íntimo sigue ahí y debe erradicarse. El tema es que ya no se ejerce primordialmente en estos espacios. Los datos nos dicen que desde 2009 asesinan a más mujeres en la calle que en la casa. Además, la brutalidad contra ellas va en aumento.

La evolución de violencias que enfrentan las mujeres inició en 2006 con la llamada “Guerra contra las drogas” y la militarización de la seguridad pública. Tanto estudios académicos como organizaciones advierten que en estados con alto control del narcotráfico —o, como lo explica la académica Melissa Wright, en territorios donde existe la narcopolítica— caminan en paralelo la violencia sexista, del narco y la militar.

Nuevo León ejemplifica estas intersecciones. Fue la quinta entidad con mayor número de feminicidios y la primera en trata de personas en 2021. La militarización se ha agudizado: en 2007 se registraban 872 militares desplegados en el estado, en la crisis de 2011 llegó a 3,576 y en 2021 hubo 1,465. Y las cifras oficiales revelan que cinco cárteles operan en el estado y hay un récord de homicidios.

Estas violencias paralelas están impactando a niñas y mujeres. De enero a marzo de este año se registraron 29 feminicidios en Nuevo León, de los cuales 21 (72%) estaban ligados a la narcoviolencia.

En este contexto de brutalidad están desapareciendo a mujeres jóvenes. Una tras otra. Urge analizarlo desde nuevas perspectivas porque el fenómeno no es exclusivo de Nuevo León. El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada explica que México enfrenta “un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia por COVID-19”. Además, se especifica que las desapariciones de mujeres tienen particularidades: sirven para ocultar la violencia sexual y feminicidio, reclutamiento, trata o explotación sexual. Y remata con una cifra preocupante: en las condiciones actuales, tomará 120 años identificar los cuerpos de nuestros y nuestras desaparecidas, sin contar los que se suman a diario.

Debemos recordarlo: detrás de cada cifra existen mujeres como Debahni y Marifer que están siendo desaparecidas y asesinadas. Urge entender la evolución de la violencia contra las mujeres porque no solo se incrementan las cifras, también la brutalidad.

María Salguero, creadora del mapa de feminicidios en México, registró que durante el confinamiento 55% de las mujeres en el país fueron asesinadas con armas de fuego y 7% con armas de uso exclusivo del Ejército. El estado de sus cuerpos debería aterrorizarnos: “Descuartizadas, embolsadas, encobijadas, calcinadas, quemadas vivas, entambadas, torturadas o inhumadas clandestinamente”.

Las respuestas actuales frente a la crisis de desapariciones de mujeres no están siendo suficientes. Esto debe cambiar. El movimiento feminista con mayor influencia debe posicionarse contra la militarización y crear agendas comunes con activistas locales. El Estado, por su parte, debe repensar su estrategia de seguridad pública, generar datos transparentes sobre las violencias que impactan a las mujeres, educar a las fiscalías para que trabajen con perspectiva de género y coordinar esfuerzos a nivel municipal, estatal y nacional. Urge actuar ahora porque de no hacerlo el problema seguirá evolucionando. Seguimos buscando a Debahni y a todas las que nos faltan. Pero nos negamos a esperar 120 años para resolver este problema.