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La reforma electoral de López Obrador es un cambio para ir hacia atrás


2022-05-12

Paula Sofía Vasquez | The Washington Post

En la política mexicana casi todos los presidentes tienen la tentación de modificar algo de las condiciones electorales. Andrés Manuel López Obrador no resistió la tentación de proponer las suyas.

En este caso, la iniciativa parece querer cumplir con otros fines: saldar las cuentas que Morena, el partido en el poder, tiene con las autoridades electorales y construir un modelo que, según la propia iniciativa, se adecue “a las transformaciones políticas que han ocurrido en los últimos años”.

Pero no toma en cuenta que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad civil que goza de mejor reputación entre la ciudadanía y, aunque en sus objetivos aduce querer “dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad”, la propuesta no parece estar cerca de esa intención.

La iniciativa plantea 10 puntos que van desde un guiño al voto electrónico (porque no se acompaña ni siquiera con una ruta de implementación) hasta la sorpresiva propuesta de recortar 200 diputados a nivel federal y terminar con el modelo actual de conformación de los Congresos federal y estatales.

También pasa por la eliminación del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, permitir a funcionarios realizar actos de propaganda y la disparatada propuesta de eliminar a todos los órganos electorales locales. Esto derivaría en nacionalizar por completo las elecciones y concentrarlas en dos órganos nacionales colegiados. Sus integrantes serán electos cada seis años por el voto popular.

Este sistema aumentaría la injerencia de la política y el dinero privado en la integración de autoridades electorales que deben ser éticas e imparciales. La búsqueda de apoyos de todo tipo para realizar las campañas haría que, en mucho mayor medida que hoy, quienes lleguen a ser magistrados le “deban” sus puestos a grupos de interés legales e ilegales.

Además, la celebración de un único proceso sexenal de elección eliminaría de un plumazo la experiencia y decanato que hoy permiten los modelos de sustitución escalonada. Es decir, que cada seis años volveríamos a empezar a conformar y capacitar autoridades electorales.

Vistas por separado, algunas de las propuestas resultan interesantes y no están exentas de beneficios. Transitar a un sistema de proporcionalidad pura resolvería en buena medida los temas de sub y sobrerrepresentación que se presentan con el modelo vigente, y considerar el voto electrónico tendría el potencial de ampliar la garantía de los derechos político electorales.

Aunque vale la pena abordar en debates y discusiones estos puntos de interés, habría que hacer notar un pequeñísimo detalle: al tratarse de una propuesta de reforma constitucional los contenidos de la misma son escuetos y remiten en muchos aspectos a la ley secundaria en la materia, misma que debería emitirse, a más tardar, 90 días después de aprobada la reforma constitucional.

Es decir, en esta discusión es donde se definirían, entre otras cosas, los mecanismos de financiamiento privado a los que pueden acceder los partidos políticos, los procedimientos de selección de integrantes de las listas para el Congreso o los detalles del mecanismo de selección de autoridades electorales por voto popular. Son detalles importantes que pueden ser aprobados por mayoría simple en las Cámaras, la cual detenta Morena.

De aprobarse el texto constitucional, iríamos a las elecciones presidenciales de 2024 con una nueva legislación implementada por nuevas autoridades electorales nacionales, electas mediante el siguiente sistema: el Ejecutivo federal —de Morena— nombra a 20 candidatos; el Legislativo federal —con mayoría de Morena— nombra a otros 20 candidatos y el poder Judicial —con cercanías y afinidades claras con Morena— propone a los últimos 20 candidatos, quienes harán campaña (sí, campaña) ante la ciudadanía. No sabemos quién organizaría dicho proceso electoral. ¿Será el actual INE?

Por si fuera poco, los partidos políticos llegarían a 2024 en condiciones de grave inequidad: sin financiamiento ordinario y sosteniéndose únicamente con las cuotas y aportaciones de sus militantes muchos partidos como el Del Trabajo, el Verde Ecologista y casi la mayoría de los partidos de representación estatal no tendrían la infraestructura necesaria para realizar el trabajo que se necesita para competir en una campaña presidencial, federal y todas las elecciones concurrentes a nivel local. Como la democracia no se construye en un día, ni en un proceso electoral, esta medida abriría la puerta a un escenario funesto: la inyección de (más) dinero ilícito en la vida electoral o una (mayor) desviación de recursos desde los gobiernos federal y locales para la realización de actividades partidistas.

En los hechos, estos factores implican regresar a una de las prácticas más criticadas: la comunión total entre el partido en el poder, el gobierno y el control de las autoridades electorales.

Con estas reformas los partidos estarían facultados para utilizar el erario para hacer campañas y el gobierno tendría muchísima mayor vinculación con las autoridades electorales, algo que puede ser muy lesivo para la independencia e imparcialidad de las mismas.

Ante un contexto como el antes descrito vale preguntarse si esta reforma es la que México necesita para mejorar su democracia. Creo que no. Primero, porque deja de lado la atención de muchos de los problemas que sí padece, como la profunda crisis de representatividad que tienen los partidos —76.3% de la población les tiene poco o nada de confianza— así como la nula regulación de su vida interna.

En los rubros problemáticos que la reforma sí toca, la propuesta de solución es deficiente. Por ejemplo, si bien es cierto que hoy en día las designaciones de autoridades electorales no ha podido escaparse del cuotismo y de los vaivenes de la política, transformar estos procesos de designación en otras campañas electorales a nivel nacional provocará una mayor dependencia de los eventuales consejeros y magistrados a los partidos políticos, al dinero privado y a los acuerdos oscuros. No mejoraría en nada la llegada de perfiles idóneos para ocupar cargos que requieren ciertas capacidades técnicas y éticas.

El sistema electoral mexicano es un elemento en constante movimiento. A lo largo de más de cuatro décadas, y a partir de la participación y el consenso, hemos construido un entramado sólido que ha permitido el cambio de poder entre diversas fuerzas políticas. A pesar de los diversos cambios que se han vivido, la columna vertebral son los principios de legalidad, equidad, transparencia y certeza. Si una propuesta de reforma trastoca uno de estos pilares, la intentada transformación será una regresión.



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